El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) permitió a diputados y dirigentes del PLN politizar un programa estatal dedicado a entregar materiales de construcción a comunidades.
La oficina de Ayudas Comunales del MOPT, la cual manejó un presupuesto de ¢2.000 millones en los últimos tres años, tramitó solicitudes de legisladores oficialistas para beneficiara ciertas asociaciones de desarrollo o juntas de educación en sus cantones.
Grupos comunales consultados por La Nación confirmaron que el despacho de ayudas del MOPT para sus obras dependía en gran parte del apoyo del diputado elegido en su región.
Hasta el martes pasado, el programa de Ayudas Comunales fue coordinado por Araceli Segura Retana, reconocida dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN) en San Carlos y actual aspirante a diputada.
Segura fue nombrada en ese puesto solo tres semanas después del cambio de gobierno, en junio del 2006, luego de participar activamente en la campaña política muy cerca del actual diputado sancarleño Salvador Quirós.
Segura entró al MOPT con una plaza de confianza como secretaria de la ministra Karla González, pero se instaló en una oficina de Ayudas Comunales.
Esa posición fue cuestionada por la Auditoría del ministerio, por lo que la ministra oficializó la función de Segura como “enlace entre el Ministerio y la Asamblea Legislativa” para el manejo de aportes a comunidades.
Así lo estampó González en una resolución del 22 de diciembre del 2006, en la cual incluyó a la liberacionista en el comité que decidía la entrega de ayudas.
La ministra admitió que la función de “enlace” de Segura consistía en preguntar a los diputados cuáles asociaciones de desarrollo se habían presentado ante ellos para pedir ayudas.
Según González, la idea era que Araceli Segura ayudara a dichas comunidades a presentar sus solicitudes con requisitos completos y, luego, pasaran por los filtros de control del MOPT.
Consultada sobre el riesgo que ese enlace representa para la independencia del Ministerio, la ministra afirmó que más bien fue un acto de transparencia. “Para nadie es un secreto que los diputados hacen solicitudes y nosotros tenemos que verificar que sea legalmente”, dijo
Al indicársele que los diputados de oposición dijeron desconocer a Segura, la jerarca respondió: “Yo no puedo saber qué es exactamente lo que ella hacía con cada diputado en la Asamblea Legislativa”.
Jefes de fracción del PAC, PUSC y Movimiento Libertario dijeron desconocer a Segura, mientras que Óscar Núñez, jefe de fracción del PLN, más bien se quejó del poco apoyo recibido de parte de Segura para el cantón de Desamparados.
En tanto, Salvador Quirós dijo que cuando alguien le pedía ayuda lo remitía al MOPT.
Este diario solicitó a Rónald Grant, director de Edificaciones Nacionales (a la cual está adscrita Ayudas Comunales) la lista de todas las ayudas otorgadas por el programa, pero al cierre de edición no se recibió la información.
Visita de asesores. Segura dijo que solo ayudaba a las comunidades a completar requisitos y negó haber recibido a diputados en su oficina.
Al consultársele si recibía a asesores de ellos, dijo: “Es que aquí llega todo mundo, juntas de educación, asociaciones de desarrollo. Diay, es que los asesores son los que andan en todo lado, pero aquí llega todo mundo, no llegan solo los de diputados, aquí viene todo mundo”.
Varias comunidades identificaron a asesores de diputados como las personas que les ayudaron.
Tal es el caso de la junta de educación de la escuela de El Achiote, en Grecia, que recibió tres ayudas seguidas. Según Sandra Soto, presidenta de la junta, el apoyo de la diputada Gladys González y de su asesor, Marco Tulio Soto, fue vital.
Este fin de semana, no fue posible localizar a Gladys González.
En cambio, otras mostraron indignación por no recibir ayudas. Un caso es el de Patricia Dávila, presidenta de la Asociación de Desarrollo de San Antonio de Grecia, quien denunció que en el MOPT le preguntaron si tenía recomendación de la diputada de la zona.
Un informe de Auditoría del MOPT, del 2006, relata que la llegada de Segura “generó cierta disconformidad” en el departamento. “Dentro de ese conflicto, la funcionaria ha dispuesto de la programación de giras y la programación de entrega de recursos a varias asociaciones del cantón de San Carlos”, dice el documento.