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Millonario fondo para desarrollo de Limón se va en consultorías y obras menores

Japdeva aprobó ¢12.000 millones provenientes de megapuerto para diseño de planes urbanos, “embellecimiento” de parques, estación de ferrocarril y 40 kilómetros de vías en un solo cantón

El millonario fondo pensado para crear nuevos empleos, mejores servicios públicos, renovar vías de comunicación, brindar capacitación y generar encadenamiento productivo para los limonenses permanece muy lejos de esos objetivos.

Hasta mayo de 2021, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) acumulaba, producto del canon pagado por APM Terminals, concesionario del megapuerto de Moín, $34 millones (¢21.200 millones) para esas metas.

No obstante, los recursos permanecen ociosos y las 13 inversiones aprobadas hasta ahora son para cuatro diagnósticos y nueve modestas obras que carecen de estudios técnicos que las respalden o midan su impacto real.

Además, todas fueron avaladas sin contar con el 100% de la información requerida, ni verificar los datos aportados por las instituciones solicitantes de financiamiento.

Las conclusiones surgen de una investigación periodística del programa Punto y Aparte y La Nación que incluyó revisión de múltiples expedientes públicos foliados, informes de la Contraloría General de la República, consultas a municipalidades de Limón, el Ministerio de Planificación y visitas a comunidades caribeñas.

Los documentos analizados revelan que la Junta aceptó, en diciembre de 2020, financiar 13 proyectos por un total de ¢12.000 millones sin contar con los datos necesarios.

Por ejemplo, la Municipalidad de Talamanca impulsa un mercado en Sixaola. Asegura que creará 78 puestos de trabajo, pero no hay análisis o fórmulas que indiquen cómo llegaron a esa cifra.

En el 92% de los proyectos planteados, las entidades interesadas presentaron datos incompletos; algunas omitieron la cantidad de empleos directos, indirectos o la población impactada.

Incluso, Japdeva admitió ideas que en el proceso de evaluación obtuvieron notas de 36 o 59 puntos en una escala de 0 a 100.

Entre las propuestas están el embellecimiento de parques en cuatro cantones, obras de paisajismo, la construcción de una estación de ferrocarril en Siquirres, la rehabilitación de 40 kilómetros de vías en Matina y la contratación de consultorías para diseñar programas de “renovación urbana” y dos planes reguladores.

Sobre la mesa también hay pretensiones para mejorar el aeropuerto de Limón y levantar el mercado en Sixaola, Talamanca.

La intención es realizar esas obras a través de las municipalidades limonenses, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Dirección General de Aviación Civil.

En la actualidad, las iniciativas existen solo en el papel.

Una muestra del poco avance e inmadurez de las propuestas es que solo una está inscrita en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación, trámite clave para avanzar.

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, aseguró que verificaron la información aportada por las municipalidades, el INVU y Aviación Civil antes de aprobar los recursos. Sin embargo, no existe prueba de ello en los expedientes.

“Sin desmeritar, hay que mejorar cosas. Por ejemplo, lo de los expedientes y demás que, desde hace rato, he dicho que sí, que ya entendí, porque no reflejan (la verificación de datos), pero que eso no significa que la revisión no se haya hecho”, declaró Centeno.

Enfatizó que el equipo conformado por Junta para revisar los proyectos y conformar los expedientes trabaja hasta 14 horas diarias.

“Hemos tratado de ser lo más rigurosos posibles y no es que estoy molesta, es que no puedo dar por recibido una frase en la que se dice: ‘es fácilmente probable que ustedes no han sido rigurosos’, yo veo al equipo trabajando 14 horas, se la han dedicado horas a la revisión”, subrayó.

Édgar Villarreal Ruiz, gerente de Desarrollo de Japdeva, aceptó que los expedientes no contienen documentos que permitan comprobar la rigurosidad de la evaluación, pero calificó esa situación como un “área de mejora” y no como una omisión en sus funciones.

Viejos problemas

En 2019, una auditoría de Contraloría advirtió deficiencias de Japdeva en el manejo del canon.

“Se determinaron debilidades en la identificación de actividades y zonas prioritarias en las que se direccionan los recursos para desarrollo que ejecuta Japdeva, dada la inexistencia de criterios de priorización, así como a la ausencia de metas e indicadores que permitan asegurar el impacto que genera cada programa”, indicó el informe.

A finales del 2020, la Contraloría le negó a Japdeva la posibilidad de utilizar los dineros del canon para gastos operativos. La intención de la Junta era emplear el 30% del fondo para ese fin.

Sin rumbo

Andrea Centeno reconoció, en una entrevista realizada el 25 de abril, que por 60 años la entidad se dedicó a dar dinero casi para cualquier cosa en Limón sin corroborar su impacto o el rumbo.

“A Japdeva llegaba cualquier solicitud de donación. Todos los uniformes de equipos deportivos eran donados por Japdeva, la buseta para llevar el grupo de bailes típicos era de Japdeva, si pedían una donación… no sé… de ¢2 millones para un puente hamaca, Japdeva la daba, pero no entraba en una lógica de planificación”, manifestó Centeno.

¿Cómo evitar que pase lo mismo con los recursos del canon?

En el papel, Japdeva definió seis ejes de trabajo: pobreza, exclusión y seguridad, productividad y competitividad, aguas y suelos, salud y educación, accesibilidad y conectividad y fortalecimiento institucional.

Adicionalmente, cualquier propuesta a financiar debe superar una evaluación que obedece a 10 criterios. Entre ellos, nivel de empleo, de desarrollo social, mejora medioambiental y mitigación del cambio climático, innovación e impacto en cadena de valor y emprendimiento.

En la realidad, los 13 expedientes revisados para este reportaje demuestran que solo uno de los proyectos completó la información para verificar si cumplía o no con los criterios de calificación.

Se trata de las mejoras en el aeropuerto de Limón. El resto, ni siquiera, cuentan con estudios de prefactibilidad o factibilidad.

“En la zona no hay proyectos a niveles de prefactibilidad, ni Japdeva misma los tiene, en el país cuesta mucho tenerlos (...) Una de las preocupaciones es que pase lo mismo que pasó con Limón-Ciudad Puerto, que la plata se gastó en estudios, no en proyectos”, señaló la presidenta ejecutiva ese mismo día.

“Ahí cualquiera llega con proyectos”

A Édgar Robles Cordero, economista y catedrático de la Universidad de Costa Rica., le preocupa la situación.

“A mí me parece incorrecto el método de evaluación, porque no se trata de si un proyecto es de alto impacto, medio o bajo. Lo que tiene que verse es una verdadera medición de costo versus beneficio social”.

En 2016, Robles lideró un estudio de la Academia de Centroamérica que concluyó que Japdeva podría financiar, con los recursos generados por el canon en los primeros diez años de la concesión, 27 obras por $186 millones.

Entre las previstas estaban la construcción de una zona franca, una planta de tratamiento de residuos sólidos, un muelle para cruceros, centros deportivos e instalaciones educativas para universidades.

También estaban contemplados programas de enseñanza del inglés, inversión en seguridad, promoción del arte y la nueva carretera entre Siquirres y Turrialba.

Todas esas obras responden al Plan Regional de Competitividad 2012-2022.

“Yo no conozco de un estudio de Japdeva que me diga: ‘vamos a desarrollar ABC’. Entonces, vamos a solicitar que nos presenten proyectos asociados a ABC. No sé, parece que ahí cualquiera llega con proyectos, se lo aprueban y vámonos; eso no es lo ideal desde el punto de vista del uso del canon”, recalcó el economista.

Para Robles, un rubro tan importante como la creación de trabajo, debe estar basado en evidencia estadística y fundamentado en un estudio de impacto costo-beneficio.

Sin fecha de inicio

Los primeros 13 proyectos aprobados serían ejecutados por las municipalidades de Limón, Guácimo, Matina, Talamanca, Siquirres, el INVU y la Dirección General de Aviación Civil.

Algunas de las propuestas tienen años engavetadas en esas instituciones, pero no han visto la luz por diferentes razones.

El caso más claro es la implementación del plan regulador costero de Limón, el cual permanece estancado desde años atrás. Ahora la promesa es ponerlo en marcha en un periodo de tres años, aproximadamente.

Para ese objetivo, la Junta reservó ¢429 millones y el ayuntamiento limonense aportaría ¢178 millones. Obtuvo una calificación de 59 puntos de 100 posibles en la valoración de Japdeva.

Otro ejemplo son las mejoras en el aeropuerto de Limón, las cuales tienen poco avance desde 2018.

El presupuesto es de ¢3.000 millones para regenerar salas de espera, oficinas, sistemas pluviales y otros; el proyecto consiguió 56 puntos.

También hay planes con nombres rimbombantes como el Urbanístico Táctico Global, el cual destinaría ¢95 millones para diagnosticar y definir “pequeñas intervenciones” urbanas en Siquirres, Guácimo, Limón y Matina.

Erick Calderón Acuña, director de Vivienda y Urbanismo del INVU, aseveró que trabajan en inscribir los proyectos a su cargo en el Mideplán.

“Hay que poner descripción detallada, riesgo financiero, riesgo social, impacto, beneficios, población impactada y categorizar a la población; es bastante amplio, no es sencillo, en esta parte hay que trabajar bastante para poder dejarlos listos”.

Al buscar la fecha de inicio de esas y las otras 10 propuestas no hay respuesta.

La Junta tiene previsto incluir los ¢12.000 millones para los 13 proyectos en un presupuesto extraordinario para luego transferirlos a las municipalidades y el INVU, pero tampoco hay certeza sobre cuándo ocurrirá eso.

Japdeva asegura que, en su hoja de ruta, está desarrollar un programa de talento humano, construcción de un parque industrial, una terminal portuaria para cruceros y programa de rehabilitación de caminos en conjunto con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pero aún no hay detalles de esos planteamientos.

También hay propuestas para realizar ferias agroalimentarias, titulación de tierras, centros de acopio, construcción de ciclovías, compra de quebradores y promoción del turismo, entre otros.

Diego Bosque

Diego Bosque

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.