La propuesta de decreto del Minae que reduce el pago por hectárea a los afiliados del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) deberá ser sometida a cambios y aclaraciones, según la solicitud que hizo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Como parte del proceso de consulta pública, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) envió al MEIC, el 29 de abril, el borrador de decreto ejecutivo que disminuye de $55 a $40 el monto base que se paga por hectárea al año para la mitigación de gases de efecto invernadero.
Este programa ha sido clave en la recuperación de la cobertura boscosa de Costa Rica en los últimos 20 años.

Tras concluir la consulta, la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC emitió el informe DMR-DAR-INF-112-2024, indicando que la propuesta debe regresar a la etapa de control previo en el Sistema de Control Previo (Sicopre) del MEIC.
En sus observaciones, la dependencia del MEIC recordó que según Minae la propuesta no creaba nuevos requisitos u obligaciones, ni hacía más estrictos los existentes; tampoco regularía actividades previamente no reguladas, ni complicaba el cumplimiento de trámites o requisitos actuales.
Igualmente, Ambiente señaló que no modificaba definiciones, clasificaciones, fórmulas, criterios o términos técnicos que afectaran los derechos, obligaciones o trámites de los administrados.
No obstante, para la Dirección de Mejora Regulatoria la situación es distinta. El informe DMR-DAR-INF-112-2024 del 17 de mayo indicó que la propuesta de reforma de Minae sí tendría los efectos que inicialmente descartó, impactando a los afiliados al modelo de PSA por reformas a los artículos 38, 39. 40, 47 y 63 y adición del capítulo décimo noveno del Reglamento a la Ley Forestal emitido (Decreto Ejecutivo N° 25721-Minae y sus reformas).
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Desmejora y desestímulo
Incluso entre las observaciones ciudadanas destaca una que expresa la preocupación de que la reforma reduciría de 10 a cinco años la vigencia de los contratos de pago por servicios ambientales.
El informe del MEIC señala explícitamente que este cambio implica “una desmejora para el trámite”, ya que se requerirá un nuevo procedimiento burocrático de prórroga cada cinco años, lo que duplica la carga administrativa.
Además, el plan indica que no se realizarán pagos adicionales por cuidar de bosques u otros servicios ambientales en territorios indígenas, a menos que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), adscrito al Minae, lleve a cabo los estudios correspondientes.
Según el MEIC, esto desestimula la participación de los territorios indígenas en el trámite de pago por servicios ambientales, lo que implica modificaciones que afectan los derechos y prestaciones de los administrados, en este caso, aquellos beneficiarios del PPSA.
El documento también apunta que, debido a las observaciones ciudadanas surgidas durante la consulta pública, se solicitó al Minae determinar la evidencia empírica utilizada para identificar los aspectos del modelo actual de PSA que deberían ser modificados para un mejor cumplimiento de la política pública. Además, se pidió determinar cuantitativamente las metas a alcanzar con la reforma.
La Nación consultó al Minae este martes su punto de vista sobre los pedidos de enmienda recibidos del MEIC y si tenía una previsión de cuándo le remitiría de nuevo a esa cartera un nuevo borrador de reforma.
“Ya lo recibimos y lo estamos analizando”, declaró ante la consulta Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) a cargo del PPSA.
El texto planteó al Minae la necesidad de “analizar, valorar y, en lo posible, dar respuesta a cada una de las observaciones señaladas por la ciudadanía”.
Finalmente, el informe técnico solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía subir a la plataforma Sicopre una matriz con cada una de las observaciones y la valoración de cada una de ellas por parte del órgano proponente de la regulación.