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El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) planteó un borrador de decreto para disminuir la suma que se paga por hectárea a los participantes del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), una iniciativa por la cual Costa Rica recuperó su cobertura boscosa en los últimos 20 años.
De acuerdo con la propuesta, el monto base para la mitigación de gases de efecto invernadero y biodiversidad general pasaría de un monto equivalente a $55 a $40 por hectárea (ha) al año.
Eso sí, se reconocería un monto de $30 por ha al año a propietarios de bosques en áreas consideradas de interés por protección del recurso hídrico. Hoy se pagan $15.
Además, y por primera vez, se pagarían $30 por hectárea al año al dueño de terrenos en zonas de alta diversidad o áreas de amortiguamiento.
Los cambios son parte de una reforma que se encuentra en etapa de consulta pública en el Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
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El PSA está a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), adscrito al Minae.
Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, director de Fonafifo, afirmó que la propuesta pretende refrescar el programa y unificar fuentes de financiamiento.
Según su explicación, Fonafifo recibe fondos del impuesto único a los hidrocarburos y el canon de aguas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Sin embargo, la reforma unificaría las fuentes y, además, permitiría usar recursos externos de la estrategia REDD+, un mecanismo creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recompensar económicamente a países que resguardan sus bosques y facilitan la captura de emisiones de dióxido de carbono.
Consultado sobre el riesgo de perder área boscosa protegida por el recorte de $15 en el monto base, Rodríguez Zúñiga rechazó esa posibilidad. Para él, más bien aumentará la cobertura.
“Nosotros en promedio sumamos 40.000 hectáreas nuevas en contratos. Si unificamos fuentes de financiamiento, creceríamos a 182.000 hectáreas al año. Podrían ser renovaciones, pero también podrían ser participantes que recibirían por primera vez”, indicó.
Fonafifo reportó que en 2024 su presupuesto quedó en ¢16.755 millones de los cuales ¢13.496 millones (80,5%) corresponden a pagos de contratos vigentes (convenios pueden ser de 5 a 10 años de duración) y nuevos por suscribir.
Según sus estimaciones, del monto de ¢13.496 millones hay disponibles un aproximado de ¢3.500 millones, previstos para nuevas contrataciones este año.
Cambio en regencias forestales
Otro cambio previsto en la propuesta es que los contratos ya suscritos con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas al resguardo forestal, mantendrán el esquema de regencias forestales en proyectos de reforestación, regeneración natural, manejo de bosque y sistemas agroforestales.
Sin embargo, a partir del 2024, se elimina la figura de la regencia forestal en iniciativas de protección de bosques (pago por dejar cobertura tal y como está) gestionadas por propietarios con apoyo de alguna ONG. En su lugar, el seguimiento técnico estará a cargo de ingenieros forestales.
El regente forestal es un profesional responsable de ejecutar un plan de manejo o de otras actividades forestales, mediante la supervisión, control y seguimiento de las operaciones que realiza la persona regentada.
Según Rodríguez Zúñiga, el objetivo es eliminar el contrato de regencia para reducir costos dentro del PSA porque, añadió, esos contratos los paga el dueño del bosque o área protegida. La idea es que, en adelante, un ingeniero forestal sea quien confirme que una área que recibirá el incentivo por protección de bosque cumple con los requisitos.
“Si eso significa eliminar un costo adicional y un trámite extra, que así sea. Si esto genera molestia, será entre algunos quienes se quedarán sin ingreso, pero haremos más ágil el procedimiento para minimizar requisitos y ahorrarle gasto al beneficiario”, insistió.
Aumenta tope máximo
Mario Piedra Marín, director ejecutivo de Fundecor, grupo que impulsa proyectos rurales de manejo de recursos naturales, puso en duda si la reforma en efecto busca el beneficio de la persona propietaria y guardiana del bosque.
Para él, podría tratarse de un “esfuerzo mal entendido para aumentar la cobertura, estirar más la cobija o una presión por generar algo nuevo pero que se debe analizar más en detalle”, según manifestaciones expresadas en un artículo divulgado en la última edición del boletín Germinar del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.
Para aumentar la escala de cobertura, explicó Piedra Marín, el artículo 115 propuesto eleva de 300 a 500 ha la participación máxima en el PSA para personas físicas o jurídicas.
El director de Fundecor cuestionó la cifra porque son escasas las personas en Costa Rica con 500 ha de bosque.
“Los datos de Fonafifo 2012-2020 indican que 70% de los contratos de las fincas en el programa de protección de bosque tenían 40 ha o menos, y aquellas fincas de 280-300 ha eran apenas el 2% de los contratos”, citó en su artículo.
Piedra Marín más bien invitó al Gobierno a que, si desea proteger y fomentar la sostenibilidad rentable de los activos naturales, busque nuevas formas para financiar esa protección.
“No es mediante más impuestos o más fondos multilaterales de ayuda o estirando la cobija para que quedemos con más frío. Hay que ir al mercado global. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos todo para ganar”, aseveró.
