La Iglesia católica denunció un uso “excesivo de la fuerza” por parte de fiscales y policías judiciales que realizaron los allanamientos de este jueves.
Mediante la lectura de un comunicado, Mauricio Granados Chacón, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, reclamó que los funcionarios judiciales “al mando de varios oficiales armados y mostrando una orden de allanamiento, encerraron en un salón a todos los colaboradores de las diferentes instancias de la curia metropolitana”.
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“Pese a que los funcionarios se mostraron en la mayor disposición de colaborar y suministrar los materiales que fueran requeridos, amenazaron de palabra, les dieron el trato de personas peligrosas y los mantuvieron incomunicados”, se quejó Granados.
El sacerdote añadió que una vez que los funcionarios fueron apartados en un aposento del edificio, estos decidieron rezar el rosario, lo cual les fue impedido por los agentes.
“Mostrando un total irrespeto a su libertad religiosa, los agentes pusieron música a alto volumen para impedir la oración de los funcionarios, misma que no dejaron finalizar porque los trasladaron a otro salón”, dijo el secretario adjunto.
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El religioso hizo estas manifestaciones en las afueras de la curia a las 5:30 p. m. sin aceptar preguntas de los diferentes medios de comunicación.
“Censuramos y rechazamos, vehementemente, el comportamiento de las autoridades judiciales en la ejecución de la orden de allanamiento, el cual calificamos de excesivo en cuanto a la exhibición de fuerza e intimidación a los colaboradores del Cecor (Conferencia Episcopal), mismos que en todo momento se mostraron dispuestos a colaborar con las autoridades”.
El representantes de la Iglesia también externó su “preocupación” por la filtración a los medios de comunicación de información contenida en los documentos secuestrados, los cuales, según dijo, están siendo sacados de contexto. Tal situación, agregó, da pie a especulaciones y pone en peligro el honor de las personas cuyos nombres aparecen en los documentos, especialmente el de los denunciantes.
De esos hechos, aseveró, “responsabilizan a los funcionarios judiciales”.
“Aclaramos ante la opinión pública que ni la Conferencia Episcopal, ni la curia metropolitana, han pagado por el silencio de los denunciantes en ninguno de los casos investigados, cuyos expedientes han sido secuestrados”, finalizó.
