Con los cánticos de la misa de 8 a. m. en la catedral metropolitana, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron por el bulevar de la avenida cuatro para allanar el edificio de la curia metropolitana.
Al mismo tiempo, unos dos kilómetros hacia al oeste, también ingresaban a la Conferencia Episcopal, sede del Tribunal Eclesiástico que recibe las denuncias para procesos canónicos.
La diligencia la ordenó la Fiscalía en busca de pruebas dentro de su investigación contra el sacerdote prófugo y expulsado del estado clerical, Mauricio Víquez Lizano, y el párroco separado de Santo Domingo de Heredia, Manuel Antonio Guevara. Sobre los dos pesan denuncias por agresiones sexuales contra menores de edad.
Mientras los agentes cerraban el acceso de la catedral para poder iniciar la diligencia en la curia, que está al lado, allá en la Conferencia Episcopal, los empleados de la Iglesia rezaban un padre nuestro y un ave María a la entrada de los policías.
En la calle, los transeúntes, muchos de ellos feligreses, observaban confundidos e incluso enojados. “Salgan corruptos, den la cara”, gritó alguien que pasaba frente a la curia, sin tener claro de qué se trataban las acciones.
También hubo quien se aproximó a los periodistas para recriminarles por supuestas falsedades, mientras otro habló de falta de transparencia de la Iglesia.
“Yo no vengo a la Iglesia por los sacerdotes, vengo por Jesucristo. Ellos son seres humanos y cometen errores, pero que paguen ante la ley humana por lo que hicieron”, exclamaba una señora ante las cámaras de televisión. Dijo llamarse Magdalena.
Cerca del mediodía, un hombre se aproximó a uno de los agentes que tenía acordonada la zona para informarle que debía ingresar porque estaba convocado por el Tribunal Eclesiástico para interponer una denuncia contra el sacerdote Manuel Antonio Guevara, precisamente, uno de los denunciados.
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Era Manfred Barrantes, un ingeniero informático de 39 años y vecino de Desamparados. Aseguró ‘sentir algo de culpa’, pues dijo que quizás de haber denunciado en su momento, el cura no habría violado al otro joven que interpuso la demanda penal.
Él ya no puede acudir a la vía judicial, pues su caso prescribió hace 11 años. Sin embargo, espera que con esta nueva queja canónica contra Guevara, quede claro que la denuncia de ese joven ‘no es algo fortuito’, sino algo que ocurría desde hace varios años.
El sonido que produce la cinta para envolver no se silenció en toda la mañana. Ocurrió hasta cerca de las 2:30 p. m. cuando, finalmente, los agentes salieron con cajas, bolsas y maletas llenas de documentos, que colocaron en tres carros rumbo a las oficinas de la Fiscalía.
Ahí iban los expedientes que el Tribunal Eclesiástico mantenía en confidencialidad, pues esa es la instancia de la Iglesia católica costarricense que estudia los presuntos abusos sexuales de curas contra menores en el país, así como violaciones de miembros de la organización religiosa al Código del Derecho Canónico, conjunto de normas que regulan el accionar de sus miembros.
La arquidiócesis de San José asegura que en los últimos 10 años solo recibió 19 denuncias de personas contra curas, por presuntos abusos sexuales en esa subregión religiosa. Los documentos confidenciales del Tribunal Eclesiástico, a los que tuvo acceso la Fiscalía mediante el allanamiento, podrían ratificarlo, o no.