Gobierno deja tirado reglamento para atraer nómadas digitales
ICT reclama a ministerios de Seguridad y Presidencia por pérdida de tiempo injustificada y afán de atiborrar con requisitos sin base documento sin publicar
El "nomadismo digital" es una tendencia mediante la cual, profesionales puedan trabajar desde cualquier sitio mientras se desplazan por diferentes países o en el interior de estos, gracias a una buena calidad de Internet. Para el país, este mercado es atractivo por su aporte a la economía (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: Cortesía
El reglamento para la atracción de nómadas digitales a Costa Rica sigue sin publicarse pasados ocho meses desde que el presidente Carlos Alvarado firmó la llamada Ley para Atraer Trabajadores y Prestadores Remotos de Servicios de Carácter Internacional. Ante la parálisis, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) pidió cuentas a otros dos ministerios por este “retraso injustificado”.
Desde diciembre, los empresarios del sector turismo instaron al Gobierno a emitir con prontitud el reglamento a la ley para incentivar el arribo de nómadas digitales hasta por un año prorrogable por otro. Se suponía que la publicación estaba prevista en ese mismo mes.
Sin reglamento, se traba la puesta en vigor de esa legislación que facilita al país un mercado emergente de visitantes compuesto por profesionales que usan las nuevas tecnologías de telecomunicaciones para trabajar desde donde sea. Se calcula que cada trabajador de este tipo que instala su “oficina” en Costa Rica puede inyectar a la economía unos ¢15 millones por semestre, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
El ministro de Turismo, Gustavo Alvarado Chaves, y el resto de la Junta Directiva del ICT enviaron la semana pasada un oficio al ministro de Seguridad, Michael Soto, y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero, donde se quejaron del entumecimiento oficial.
Requisitos ‘injustificados’
Copiado!
El reclamo también apunta a un pedido de requisitos migratorios a los solicitantes que considera injustificados y desproporcionados, los cuales se incluyeron en el borrador del documento sin publicar.
“Se desconoce por parte de quienes tienen el deber de emitir la reglamentación necesaria, que el reglamento no puede contraponerse a la ley, de manera que resulta incomprensible que se pretenda vía reglamentaria echar por la borda la flexibilidad que ley pretendía dar a la figura de los trabajadores o prestadores de servicios remotos”, expresa el mensaje emitido el 1.º de marzo en el oficio SJD-058-2022.
El ICT reconoce el grado de complejidad que conlleva la materia migratoria pero le recuerda a Soto y Dinarte que el objetivo de la ley era montar un marco jurídico flexible de excepción para potenciar la posición geográfica de Costa Rica en el exterior como destino atractivo para esos profesionales remotos y, eventualmente, sus familias.
Por ello, se lee en el documento, “no es de recibo” que en el reglamento previsto imponga de forma indiscriminada para cualquier solicitante, independientemente de su país de origen, “requisitos excesivos e injustificados, solicitando documentación que deba cumplir procesos engorrosos de legalización o de apostilla”.
En el escrito, le hace ver a los ministros que el proceder, hasta ahora, se aparta de instrumentos internacionales reconocidos por Costa Rica como la Convención para la Eliminación del Requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros, aprobada mediante Ley No. 8923 del 22 de febrero de 2011.
Incluso se recuerda a los jerarcas de Seguridad y Presidencia, el olvido de la Ley No. 10072 del 18 de noviembre de 2021, mediante la cual se reforma la Ley No. 8220 (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos).
El ICT, reproduce incluso el artículo 15 de esa normativa el cual dispone: “En los trámites que realicen los administrados, la Administración Pública podrá hacer uso de la declaración jurada o de cualquier otro mecanismo de simplificación, así como de instrumentos de verificación posterior para asegurar el cumplimiento de lo declarado bajo juramento, a fin de agilizar y reducir trámites, por encima de instrumentos de control documental previo, salvo en aquellos casos donde se justifique con razones de eficiencia, riesgo o de legalidad la imposibilidad de su uso. (...)”
Formalmente, la emisión del reglamento quedó a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) conforme con lo establecido en la ley aprobada en segundo debate el 13 de julio del 2021 y firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado el 11 de agosto de ese año. A la DGME también corresponde emitir las visas para los nómadas digitales y sus familias lo cual implicaría algún tipo de ajuste administrativo en sus sistemas. La prórroga por un año adicional también se tramita en esa entidad según la ley.
“En términos generales, es criterio de esta Junta Directiva que resulta absolutamente contraproducente la exigencia de requisitos que entorpezcan un trámite que busca incentivar y atraer a Costa Rica personas teletrabajadoras del extranjero. Exigir documentos con un formalismo desproporcionado e injustificado, definitivamente hace nugatoria la aplicación de la ley y por ende no tendrá otro efecto que desestimular cualquier pretensión de escoger a nuestro país como un destino idóneo para desplazarse”, concluye el documento.
Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), había presentado la iniciativa de esta ley cuyo objetivo, dijo este lunes, es promover la llegada de visitantes de larga estadía. Hoy cualquier extranjero entra con visa de turista puede quedarse una máximo de 90 días con ese documento. Si requiere extender la estancia, debe salir un par de días a algún país fronterizo y vuelve a ingresar por otros 90 días y todo sin requisitos pero con absoluta incerteza jurídica.
“Lo que quisimos con la ley es darle seguridad jurídica a las personas que desean convivir entre nosotros por un tiempo prolongado, como turistas pero al mismo tiempo que pueden conectarse por internet y prestar servicios a sus empresas empleadoras en otras partes del mundo, para seguir generando ingresos allá, en su país de origen. Allá se recibe el producto y allá les pagan. Esos son recursos que se generan afuera y que terminan gastando aquí. Pero el gobierno parece ir en la dirección contraria a la de la ley, quiere imponer requisitos para que no venga nadie”, declaró Benavides.
