El Gobierno presentará la otra semana a la Asamblea Legislativa un plan de ley para permitir la exportación a Centroamérica de excedentes de energía eléctrica de generadores privados a quienes el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no les renueve contratos de compra.
Según el mandatario, Carlos Alvarado, el proyecto ya lo preparó el Poder Ejecutivo y será presentado por la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza.
La decisión llega a pocas semanas del cierre de la planta privada P.H. Río Segundo, en Bajos del Toro, Alajuela, que apagó sus instalaciones obligada por el ICE. El cierre es por un tiempo indefinido, confirmaron sus propietarios Eduardo y Roberto Kopper.
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Según explicó Eduardo Kopper, el ICE decidió no renovar el convenio para adquirir la energía de esta planta, valorada en $4 millones y de 1,1 Megavatios (MW) de capacidad instalada.
Esta es la tercera instalación de los hermanos Kopper que apaga turbinas. En setiembre pasado, ocurrió lo mismo con las hídricas Poás I y II, en San Pedro de Poás, valoradas en $7 millones.
Sin embargo, ya suman seis las plantas privadas de energía limpia sin contrato con el ICE, que importa energía térmica de Centroamérica cinco veces más cara.
Aparte de esas instalaciones, han parado operaciones la eólica PESA (Planta Eólica Sociedad Anónima), en Tilarán, Guanacaste; y las hidroeléctricas Don Pedro (San Miguel de Sarapiquí) y Volcán (Poás); ambas en Alajuela.
Los empresarios están forzados a apagar debido a que la ley que los autoriza a producir energía (Ley 7200) es restrictiva, al establecer que solo le pueden vender al Instituto, el cual maneja los contratos a discreción. Los particulares tienen prohibido vender a terceros dentro o fuera de Costa Rica.
Para modificar esa situación se requiere de una reforma por parte de la Asamblea Legislativa, como confirmó un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.
Cambio previsto
La iniciativa de ley a enviarse en próximos días plantea habilitar los mecanismos para que estos generadores afectados, y que han sido parte de contratos establecidos bajo los términos de la Ley No. 7200, puedan exportar y mantener sus operaciones.
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Dos más se sumarían, una este año y la otra en el 2022, informó la Asociación de Productores de Energía (Acope).
Para este propósito, confirmó el Gobierno, se plantea declarar agentes regionales a las empresas privadas de generación de electricidad de la Ley 7200, para que puedan participar en la venta de excedentes de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) en forma independiente.
Esto, de conformidad con el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, sus Protocolos, sus reglamentos y resoluciones regionales.
“Con este proyecto se cumple el compromiso asumido a inicios de febrero por el presidente de la República, Carlos Alvarado, en respuesta a las preocupaciones de generadores privados cuyos contratos con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ya han vencido y a los cuales el marco legal vigente por muchos años no les permitía exportar energía”, declaró el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
En el contexto actual, el MER puede proporcionar una opción para la colocación de los excedentes que registra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
