Setiembre del 2020 fue un mes desesperante para el empresario Eduardo Kopper Orlich. Tuvo que apagar las plantas hidroeléctricas Poás I y Poás II, en San Pedro de Poás (Alajuela) porque el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le suspendió la compra de electricidad a este generador privado.
Pasó meses preguntándose cómo mantener en uso las instalaciones por las cuales su familia contrajo una deuda de $1,2 millones en el 2011 a 20 años plazo para el mantenimiento y buena operación de estas fuentes de energía limpia en labores desde hace 27 años.
En enero, apareció la respuesta: los bitcoines.
Resulta que las supercomputadoras ligadas al negocio de las criptomonedas demandan un uso tan intensivo de energía que el consumo mundial de estos equipos por año se equipara al de países como Argentina, Suiza o Finlandia. Esto centra una de las mayores críticas a esa actividad dado su impacto ambiental.
Unos inversores conocidos de Kopper le contaron en enero del repunte económico que experimenta el bitcóin pero el empresario de entrada le dijo que para él eso era pura paja, algo sin futuro y básicamente una quimera.
Luego empezó a leer del tema y cambió de opinión.
“Pasé leyendo todo enero. Me empapé del asunto y ahí vi que la mayor crítica al bitcóin es el uso energético no limpio. ¡Diay! yo tengo energía limpia, nadie me la compra, tampoco me dejan venderla y Bitcoin la necesita”, explicó Kopper.
Para febrero, él y su hermano Roberto (dueños de las plantas) estaban decididos. Eduardo incluso valoró en febrero la posibilidad de adquirir algunas de estas computadoras especializadas pero no tenía cómo financiarlas.
Fue entonces cuando Eduardo detectó en foros en línea la presencia en Costa Rica de decenas de “mineros” de criptomonedas con gigantescos procesadores dedicados día y noche a esta actividad en sus propias casas y oficinas.
“Ahí se me ocurrió ofrecerles todo lo que uno no tiene en la casa para minar mejor, que es Internet de alta velocidad, energía limpia y barata, un ambiente controlado de temperatura y humedad y seguridad”, agregó.
Kopper suscribió su primer contrato de alquiler por un año a inicios de marzo con 30 máquinas. Hoy ya va por 240 y más contratos por firmarse.
Este giro de actividad supuso un alivio que permitió restaurar la jornada a 12 empleados de las hidroeléctricas que venían con 25% de jornada nada más y volver a encender una planta.
El nuevo ingreso, dice, equivale a lo que habría pagado el ICE si hubiera aceptado cancelarle a $0,02 cada kilovatio de sus plantas. A ese precio le ofreció al Instituto la luz meses antes cuando aún procuraban que una renovación de contrato.
Kopper está más tranquilo ahora dado el riesgo para la millonaria inversión.
El empresario afirma que, si el ICE tuviera que construirlas nuevas ahora, le costaría $4,5 millones por Megavatio (MW) instalado. Las tres hídricas de los Kopper suman 3 MW lo cual equivale a gastar $13,5 millones.
De hecho, Kopper asegura estar apurándose para replicar la experiencia con la tercera planta de su propiedad, la hidroeléctrica Río Segundo II que tiene cierre previsto el otro mes por decisión del ICE.
“Nuestro norte sigue siendo colocar nuestra energía. Costa Rica, teniendo excedentes de energía limpia, demuestra que sí se puede hacer y competir en estos mercados mundiales sin pasar por lentos cambios regulatorios, el ICE u otra autoridad”, declaró.
El negocio de los bitcoines, de hecho, aumenta conforme el valor de esa criptomoneda sube. En enero, cada bitcóin se cotizaba a $31.000 y este martes 13 de abril andaba en $63.500 la moneda (114% de repunte).
Así, cuanto más se valora, más personas en el mundo encienden computadoras que verifican las transacciones realizadas en esta plataforma por individuos que envían o reciben la divisa.
La “minería”
La “minería” que hoy rescata la operación de una de las plantas forzadas al cierre es la extracción de bitcóins.
Este proceso consiste en la creación de nuevos bloques para la Red Bitcoin (BTC) que, en esencia, consisten en información encriptada.
Dichos bloques tejen entre sí una red o estructura que actúa como un libro de registro público donde se almacena información encriptada o se transfiere dinero. No existe una entidad financiera convencional ejerciendo control. Esto lo ejercen los usuarios que pueden ver y verificar todo.
Se hace “minería” para crear tales bloques pero, en vez de remover toneladas de tierra por sacar un metal precioso, la maquinaria de bitcóin son equipos informáticos especializados que resuelven complejos cálculos matemáticos.
La primera computadora en resolver la operación, se gana una nueva bitcóin o le pagan por su trabajo de “excavación”.
El proceso es siempre igual: las máquinas reciben un nuevo algoritmo aleatorio cada diez minutos procedente de BTC y, quien más rápido lo solucione, se gana nuevas bitcoines que en ese momento salen a circulación.
En esta frenética competencia sin fin se dispara el gasto en luz.
La crítica más fuerte a BTC es su impacto ambiental dado que buena parte de la energía se genera a base de carbón o hidrocarburos.
Esto ya pone a la economía de bitcóin en el rango de emisiones de dióxido de carbono de una pequeña nación en desarrollo como Sri Lanka o Jordania, revela el Índice de Consumo Eléctrico de Bitcoin que elabora la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge en Reino Unido.
En el último año, según ese análisis, toda la industria dedicada a esta actividad consumió alrededor de 141,5 teravatios-hora (TWh). Un TWh equivale a 1.000 gigavatio-hora (GWh).
En el 2019, toda la demanda de electricidad de Costa Rica llegó a 11 TWh.