Generadores privados de energía piden voluntad política al Gobierno para que les permitan salir a vender su energía a Centroamérica y evitar el cierre de al menos siete plantas.
Se trata de instalaciones valoradas en $47 millones, las cuales quedarían sin uso por la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de no comprarles más su electricidad.
Autoridades del sector se avientan entre sí la responsabilidad de hallar una salida diciendo que supuestamente carecen de competencia para resolver.
De todos modos, dicen analizar posibles soluciones a la clausura de plantas de energía limpia que niegan estar confiscando en el marco de una administración que ha prometido descarbonizar la economía.
La ley que autoriza a privados producir energía es restrictiva al determinar que el ICE es el único comprador. De esta forma, el Instituto maneja los contratos de compra y deja a los privados sin opción de venderle a un tercero dentro o fuera del país.
Los empresarios, sin embargo, insisten en que hay una vía legal para comercializar su energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER), lo cual les permitiría preservar empleos, encadenamientos productivos y pago de impuestos en suelo tico.
Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía (Acope), afirma que esto es posible al amparo de dos reglamentos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Uno es el Reglamento de armonización regulatoria entre el Mercado Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico de América Central y el segundo, el Reglamento de detalle de desarrollo de los procesos comerciales, operativos y de planificación de la armonización regulatoria entre el Mercado Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Regional.
A criterio de Acope, solo se requeriría firmar un contrato marco apoyados en el primer reglamento, en el cual se fijen obligaciones al productor privado y se aclare que la responsabilidad de exportar energía el MER es de cada empresa.El ICE actuaría como un intermediario en ese mercado, al ser la única entidad nacional autorizada para comprar y vender energía.
Además, fundamentados en el segundo reglamento, se requeriría una definición por parte de la Aresep de una tarifa de intermediación a favor del ICE por colocar energía de plantas privadas nacionales en el MER.
“El riesgo de exportar sería del generador privado, y el ICE recibiría una remuneración por el servicio brindado. No se requeriría una modificación legal, excepto en el caso de las plantas hídricas en donde habría que reformar el alcance de las concesiones de fuerza hidráulica para permitirles exportar”, indicó Alvarado.
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De hecho, el Tratado Marco del MER suscrito por Costa Rica, postula en sus primeros artículos que uno de sus fines es incentivar “una mayor y competitiva participación privada en el sector eléctrico” bajo “reglas objetivas, transparentes y no discriminatorias”.
Declara que el mercado debe evolucionar con “la incorporación de nuevos participantes” y quienes participen “podrán ser empresas dedicadas a la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad”, sin distinción si en sus países son públicas o privadas.
La empresa ENEL Green Power Costa Rica, filial de la italiana Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), es dueña de dos plantas condenadas al cierre: las hidroeléctricas Don Pedro, en San Miguel de Sarapiquí, y Volcán, en Poás; ambas en Alajuela.
A falta de un contrato con el ICE, ENEL ha mantenido conversaciones con el mismo Instituto, la Aresep y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en el intento de que le permitan vender en el MER al concluir ya sus contratos en noviembre anterior.
ENEL asegura que existen la normativa y acuerdos internacionales suficientes para esta solución, pero aclara que siguen sin respuesta. “Confiamos en que vamos a conseguir un acuerdo”, señalaron.
“Pagamos una cuantiosa suma de impuestos para beneficio nacional. A nivel local, estamos en constante necesidad de abastecernos de servicios y materiales. Somos de las pocas hidroeléctricas que fomenta la economía en las comunidades donde se encuentra. Cerrar una planta hidroeléctrica va en contra del principio de una matriz verde”, añadió.
Sin decisión
Frente a los argumentos de los empresarios, las autoridades sectoriales parecieran renunciar a una solución, como en el caso del ICE, que se declara sin competencia legal para mediar en nombre de los privados ante el MER.
”Para que empresas privadas puedan vender en el MER necesitan estar habilitados como agentes por el marco jurídico nacional”, respondió el Instituto a consultas de La Nación.
Según la entidad, la decisión de no renovar los contratos a ENEL y otras empresas similares, pretende beneficiar a los clientes finales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y se orienta “hacia un mayor beneficio social”.
Entretanto, Rolando Castro, viceministro de Energía, dijo conocer la propuesta de Acope, la cual figura como una posible solución en el marco de una comisión conformada por representantes de Minae, Aresep y el ICE, que busca opciones.
Castro negó que el Gobierno pretenda confiscar estas plantas privadas y rechaza que la situación represente una mancha a la atracción de inversores por la inseguridad jurídica derivada de la decisión del ICE.
“Se requieren soluciones novedosas y todos esperamos que, muy pronto, la economía se reactive y ojalá que necesitemos más electricidad porque a lo mejor luego esas serán requeridas”, explicó Castro.
Para el viceministro, el país atraviesa circunstancias extraordinarias por la caída en la demanda eléctrica y aclara que este asunto depende de una flexibilización de tarifas y regulación nueva de parte de Aresep.
Mario Mora, intendente de Energía de la Aresep, en cambio, considera que se trata de un tema regulatorio.
Para él se requerirá de un proceso de coordinación interinstitucional que implique al Minae como rector de Energía, al ICE para clarificar y conciliar los criterios técnicos y jurídicos manifestados por todas las partes, incluida Acope y otros generadores privados.
De hecho, Mora negó conocer formalmente la propuesta de Acope, pero promete velar por la armonización de necesidades e intereses de todas las partes que integran el Sistema Eléctrico Nacional, entre ellas las plantas privadas.
“Reconocemos que el Sistema Eléctrico Nacional debe optimizar su capacidad instalada, lo cual implica crear condiciones para el mejor uso de plantas disponibles, sean públicas o privadas, siempre y cuando las decisiones que se adopten defiendan los intereses colectivos y la socialización del valor público”, recalcó.