Los dos operadores que resulten adjudicados para brindar el servicio de revisión técnica en el país, a partir de noviembre del otro año; deberán construir seis nuevas estaciones fijas.
Cuando concluya el permiso en precario de Dekra y de acuerdo con el cartel para seleccionar a los próximos adjudicatarios del servicio, las nuevas sedes se ubicarían en Santa Ana o Mora y Tarrazú, en San José; San Ramón y Guatuso en Alajuela, así como Corredores y Parrita en Puntarenas. Además las empresas deberán disponer de tres sedes móviles en el Pacífico sur, zona norte y Turrialba.
El resto de estaciones que operan actualmente y que son propiedad del Estado serán puestas a disposición de los operadores, pero una vez finalizado el contrato, aquellas sedes, así como la infraestructura nueva, quedarán en manos de la Administración.
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El documento elaborado por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) indica que las instalaciones existentes se repartirán de forma equitativa entre los oferentes que resulten seleccionados.
Actualmente, Dekra brinda el servicio en 13 estaciones fijas y tres móviles.
Según el cartel publicado este 31 de marzo en la página del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), las empresas que resulten seleccionadas brindarán el servicio por un plazo de 10 años.
Los requisitos
Entre las condiciones para participar en esta fase, que según dijo días atrás la directora del Cosevi Cindy Coto, corresponde a una fase de preselección, se encuentran el haber realizado al menos 50 millones de inspecciones en los últimos 10 años.
El rubro de la experiencia será precisamente el que tenga mayor peso a la hora de asignar los puntajes para la selección; además se considerarán el rango de años de experiencia ininterrumpida, el rendimiento total efectivo de inspecciones periódicas completas en tiempo ponderado de vehículos por hora y la cantidad de años de contar con acreditación en las normas ISO 17020.
El plazo para la recepción de ofertas finaliza el próximo 23 de mayo.
Días atrás la directora del Cosevi indicó a La Nación, que de esta primera fase de selección esperan sacar cinco empresas precalificadas, para luego hacer la adjudicación a las dos que resulten con el mayor puntaje.
Coto añadió que la Junta Directiva acordó que el servicio sea ofrecido en todo el país por dos operadores, en vez de una sola como ocurrió desde el 2002.
Esto con el fin de subsanar futuros reclamos o cuestionamientos relacionados con figuras monopólicas. Además, los cálculos realizados determinaron que esto no impactaría significativamente las tarifas.
La intención del Cosevi es que el nuevo operador pueda comenzar a brindar el servicio después del 28 de octubre del próximo año, fecha en que se vence el permiso de uso en precario que le fue otorgado a la alemana Dekra, el cual era de dos años.
Días atrás, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, aseguró que el actual operador podría participar en est nueva licitación, al igual que cualquier otra empresa nacional o internacional.
Antes de determinar el modelo bajo el cual operarán los futuros prestatarios, el Cosevi deberá esperar la resolución por parte de la Sala Constitucional de una acción presentada en contra de los artículos de la Ley de Tránsito, en los que se establecen los modelos de contratación para la revisión técnica.
Por esta razón, no se ha determinado si la nueva operación se haría mediante la figura de concesión o permisionarios.
El Cosevi también debe esperar la definición del modelo tarifario por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para esa nueva modalidad.
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Hasta julio del año pasado, el servicio había sido prestado por un solo operador, la española Riteve, que tuvo a su cargo esta tarea durante dos décadas.
Tras el vencimiento del contrato, el MOPT designó a Dekra tras realizar un concurso para brindar el servicio mediante la figura de uso en precario por dos años, mientras se llevaba adelante un nuevo proceso de licitación a largo plazo.
Aunque Dekra no resultó ser el oferente con mayor puntaje, pues no era la que brindaba la tarifa más baja; el MOPT alegó que la figura del Permiso de Uso en Precario que se aplicó para otorgar el contrato “es una decisión institucional y su otorgamiento es discrecional”.
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Inicialmente la firma alemana había ofrecido no cobrar las reinspecciones cuando se tratara de un solo defecto, pero eso no se cumplió y más bien el Gobierno modificó el reglamento de inspección mediante el cual se determina cuándo un vehículo debe someterse a reinspección y cuándo debe realizar una inspección completa.
Por esta razón, los vehículos que presentan más de un defecto, deben someterse a una inspección completa y, por lo tanto, a pagar nuevamente el monto total de la revisión que se fijó en ¢8.086 (con impuesto al valor agregado), en el caso de los autos livianos.