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Toda la energía eléctrica que se produzca en Costa Rica sería en el futuro absoluta propiedad del Estado. Así sería de aprobarse un proyecto de ley que el presidente Rodrigo Chaves puso en discusión de la Asamblea Legislativa en octubre para mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico nacional.
La iniciativa Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional ingresó al Congreso en octubre y se tramita mediante el Expediente 23.414.
Para Mario Alvarado, presidente de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), esa propuesta específica incluida en el texto sería inconveniente para el país. Así lo manifestó este jueves durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional.
El artículo 15 del texto actual señala que “la energía eléctrica producida en el territorio nacional por cualquier fuente, incluyendo aquella generada con bienes demaniales del Estado, una vez que ingresa al Sistema Eléctrico Nacional, es propiedad del Estado”.
Alvarado recordó que hoy la energía es de quien la produce hasta el momento en que la vende.
“Eso debe arreglarse porque la propiedad de la energía tiene que ser de quien la produce, para que el Estado o cualquiera sea propietario de algo, pues debe pagarlo”, enfatizó.
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Consultado por La Nación, el empresario añadió que tal disposición puede interpretarse como una manera de asegurar que la energía sea para la prestación de un servicio público y esté sujeta a restricciones en su uso y destino.
Sin embargo, calificó la disposición de “innecesaria e inconveniente” dentro de una ley que también plantea crear un mercado mayorista y atraer la participación de inversión privada.
Conforme su análisis, si los generadores, sean públicos o privados, no detentan la propiedad de la energía que producen entonces no tendría sustento jurídico que esa electricidad fuera objeto de venta mediante contratos entre agentes del mercado.
Para él, esto contradice aspectos del plan como habilitar la participación de electricidad por generación distribuida de consumidores que la inyectan a la red de distribución o la prestación de servicios auxiliares al sistema eléctrico, como lo fija la Ley de Recursos Distribuidos Renovables aprobada en enero del 2022.
Más señalamientos
Durante su exposición, Alvarado alertó a los legisladores de otro aspecto que merece revisión.
El plan crearía el Ente Operador del Sistema (EOS), a cargo de operar el despacho de energía en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Esa función hoy la asume el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) adscrito al Instituto Costarricense de Electricidad.
Tal y como está el texto enviado a los diputados, la administración del sistema eléctrico quedaría integrado políticamente a la autoridad del Gobierno.
“Eso nos parece una involución, pues más bien se debería avanzar hacia esquemas de mayor independencia o máxima independencia tal y como se estila en mercados eléctricos exitosos”, declaró a los congresistas.
Para el vocero de Acope, hay “serios riesgos de que esta dependencia termine convirtiéndose en un retroceso significativo respecto de la gobernanza actual de la operación del sistema”.
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Para la Asociación, la independencia y neutralidad del EOS debería partir de la eliminación de cualquier “riesgo de captura” por parte del ámbito político, lo que necesariamente conlleva una independencia administrativa y financiera total de las acciones ministeriales.
Alvarado cree saludable situar al EOS en un ámbito de independencia y neutralidad ante potenciales conflictos de interés con los agentes del mercado (ser parte del ICE, por ejemplo), pero enfatizó en que el esquema propuesto “incrementa los riesgos y amenazas con ser una involución respecto de la situación actual”.
El plan también busca modernizar y reordenar la gobernanza, pero el empresario advierte que crea múltiples entidades respecto a las cuales hace falta “bastante más claridad en la gobernanza”.
“Los esquemas de relación son raros y complicados y esto debería clarificarse más pues, por ahora, el resultado es poco claro en la asignación de roles y en la creación y designación de nuevas entidades que no parecen justificadas”, expresó.
El problema principal, explicó, radica en la gobernanza de la operación del sistema y el mercado mayorista que se crearía, para el que se plantea crear nuevos organismos: el citado Ente Operador del Sistema (EOS) y un Ente Administrador del Mercado (EAM), el cual también es designado como Ente Operador del Mercado (EOM) en distintas partes del proyecto de ley.
Otro desafío identificado en la gobernanza propuesta es la mención de un Ente Planificador del Sistema Eléctrico Nacional (artículo 18,) el cual es solo mencionado pues sus funciones o cómo participaría del proceso de planificación no está claro.
Tampoco se especifica cuál sería su relación con las funciones asignadas al Minae o cómo sería la interacción con otros actores en el sector como son la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el propio ICE.
