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La Defensoría de los Habitantes está en busca de historias de adultos mayores cuyas pensiones se ven afectadas por cobros directos de créditos, reduciendo los montos hasta niveles que les impiden cumplir con pagos de servicios básicos, compra de comida o alquiler.
El objetivo de la Defensoría es promover una iniciativa para establecer una pensión mínima intocable o inembargable, como sucede con los salarios mínimos.
Geovanny Barboza, director del Área de Estudios Económicos y Desarrollo de la Defensoría de los Habitantes, confirmó que ha recibido varios casos de pensionados de los regímenes del Magisterio Nacional y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se han visto afectados por esos cobros.
“Nos manifestaban que les estaban haciendo rebajos al punto que les llegaban montos risibles de pensión. Ante consultas que la Defensoría efectuó al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Hacienda. Trabajo se manifestó al principio a favor de que exista una pensión mínima inembargable.
“Sin embargo, ante una respuesta negativa de Hacienda, el Ministerio de Trabajo cambió su posición. Ante este cambio, la Defensoría decide iniciar una investigación temática para analizar el impacto de esta decisión en la calidad de vida de las personas adultas mayores”, explicó Barboza.
Como parte de la investigación, la Defensoría está buscando historias de personas adultas mayores en esa situación.
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Las principales afectaciones están relacionadas con rebajas por créditos bancarios y de cooperativas, lo cual provoca que muchos adultos mayores no cuenten con el nivel mínimo de ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas.
“Ante la ausencia de normativa, debe haber una posición clara y contundente de que esta situación debe generar una modificación para que las personas adultas mayores estén en la misma condición que los asalariados, tomando en cuenta que están en mayor vulnerabilidad que las personas trabajadoras”, enfatizó Barboza.
Si usted es afectado o conoce a una persona en esta situación, envíe a la Defensoría un vídeo o audio al WhatsApp 8592-6670 explicando la situación.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), un 26,6% de las personas adultas mayores en Costa Rica no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. Para poner esto en contexto, la tasa de pobreza total en Costa Rica para el año 2022 fue del 23%.
Esta cifra del 26,6% surge del primer estudio sobre personas mayores en el país, elaborado por el Observatorio del Envejecimiento y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC.
El informe evaluó el proceso de envejecimiento de la población y las condiciones en las que se encuentran las personas mayores en su vida cotidiana. Determinó que 189.373 de las 710.417 personas de 65 años o más están en condiciones de pobreza.
