En dos meses estará listo el estudio que decidirá si es viable o no la pesca de camarón con redes de arrastre.
Moisés Mug, presidente ejecutivo de Incopesca, informó de que están en el proceso de alistar las embarcaciones pues ya poseen los permisos de investigación. Una saldría esta misma semana y la otra en la siguiente.
El 31 de agosto, la Sala Constitucional dio seis meses al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), para realizar este estudio que sirva de base para un eventual proyecto de ley que regule la pesca de arrastre.
La tarea, sin embargo, está pendiente desde el 2013.
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Hace cinco años, el tribunal constitucional ordenó al Instituto no otorgar ningún permiso o licencia nueva para esa actividad. También le prohibió renovar los permisos vencidos o reactivar los inactivos.
Dicha prohibición se hizo al considerar que la técnica genera daños al ambiente marino debido a la cantidad de pulpos, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás fauna marina, que incidentalmente es capturada pero no es utilizada.
No obstante, el fallo dejó abierta la posibilidad de restablecer esta labor, pero para hacerlo, la Asamblea Legislativa debe aprobar una ley basada en estudios científico-técnicos que sustenten medidas eficaces para evitar los daños al ambiente marino.
En aquel entonces había 44 barcos con autorización para la pesca de arrastre. En este momento solo quedan tres licencias vigentes, una vence en febrero y las otras dos en agosto del 2019.
La investigación que está próxima a iniciar, tuvo que pasar por tres fases. La primera, consistió en realizar el diseño de los estudios con las especificaciones técnicas y solicitar los permisos respectivos, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva de Incopesca.
La segunda fase consistió en buscar los ₡70.000.000 que cuesta el estudio. La suma se tomó de recursos destinados a investigación que tenía el Instituto. La tercera fase fue sacar a licitación y asignar los permisos a dos oferentes.
Las embarcaciones que participarán en la investigación saldrán con los tripulantes y dos biólogos, uno del Incopesca y otro del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
La intención es realizar experimentos de reducción de captura incidental, como se le llama técnicamente a la fauna de acompañamiento, que son todas las especies que se capturan junto al camarón.
“El primer objetivo de un estudio de esos es reducir la fauna de acompañamiento. Y lo segundo, es ver las potenciales interacciones que pueda haber con otras pesquerías. También, se pretende mirar el mínimo recurso de camarón, qué distribución espacial tiene, en qué profundidades se encuentran, cuáles son las edades reproductivas, otro tipo de información que es necesaria contar para la administración de la pesquería”, explicó Mug.
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Experimento
Los barcos contarán con una red convencional y otra modificada para capturar las especies de camarón pinky y fidel.
“Ellos van a pescar siempre con dos redes, una al lado derecho y la otra al lado izquierdo. Una va sin nada, como ellos pescan normalmente, y la otra va con el experimento para ver si las modificaciones en la red reducen la captura incidental”, explicó Mug.
Generalmente, los viajes de los barcos camaroneros rondan en promedio unos 26 días, según Mug. La investigación podría extenderse por alrededor de dos meses. El jerarca de Incopesca espera que en diciembre estén listos los reportes con los resultados, los cuales enviarán a la Asamblea Legislativa y a la Sala Constitucional.
Roy Carranza, de la Cámara Puntarenense de Pescadores (Camapun), aseguró que el sector sabe de manera empírica que sí es posible desarrollar este tipo de pesca de forma sostenible, pero ahora con los estudios tendrán el respaldo que requieren para retomarla.
“Las ONG (organismos no gubernamentales) han dado otra visión que no es real, pero ahora nosotros sí lo vamos a poder demostrar y que sea el Incopesca el garante de que la investigación esté bien hecha y tenga la sostenibilidad del recurso", comentó Carranza.
En el pasado no fue posible completar este trabajo porque, según Mug, la administración anterior había tomado una ruta distinta. Carranza coincidió en que las visiones de las dos administraciones pasadas (de Laura Chinchilla y la de Luis Guillermo Solís), fueron distintas. La actual ha aplicado metodologías distintas, las cuales hicieron posible concretarlo.
A largo plazo
Incopesca también prepara otros estudios sobre la pesca de camarón, los cuales realizaría el próximo año. Para estos requerirán seis licencias de investigación.
“Estamos trabajando con el INA para ver la forma de asociarnos y financiar las investigaciones de más largo plazo”, comentó Mug. Dichos estudios son necesarios dada la importancia que tiene este tipo de pesca para el país y para la ciudad de Puntarenas, especialmente.
“Es necesario hacer estudios de biomasa, hay que saber cuánto camarón existe en el agua, en qué zonas están, si están distribuidos por especies y a diferentes profundidades, eso no está descrito. Entonces, cuando se emitan las licencias y las regulaciones, tienen que estar especificadas en función de dónde se encuentra el recurso por especie, en qué profundidades, qué regulaciones se requieren para no afectar comunidades pesqueras costeras, entre otros aspectos”, explicó Mug.
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De acuerdo con estimaciones de Camapun, unas 5.500 personas se beneficiaban de la pesca de camarón, antes de la prohibición del 2013.
Una encuesta realizada el año anterior por el Incopesca, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a 60 de los 180 tripulantes activos, a 15 rederos y 17 peladoras de camarón, determinó que ellos y sus familias viven en comunidades consideradas en riesgo social. Además constató que enfrentan una situación crítica ante la falta de fuentes de empleo.
La prohibición de la actividad y la falta de oportunidades laborales mantiene al cantón central de Puntarenas en una situación crítica que afecta a toda la economía local. Los pobladores y el propio alcalde, Randall Chavarría, insisten que ante la falta de opciones, les urge contar con los permisos de pesca, con lo cual podría reactivarse las actividades que generan ingresos.