La huelga de pescadores que obligó al cierres de vías en Puntarenas, Quepos y Golfito, el martes, llegó a su fin luego de que el Gobierno y los representantes del sector alcanzaran un acuerdo durante la madrugada del miércoles.
Las dos partes llegaron a un convenio en materias como el desarrollo de estudios de autonomía para flotas de 40 millas, el financiamiento de implementos tecnológicos (como balizas con rastreo satelital) y permisos para la pesca de camarón.
Christian Campos, vocero del sector pesquero, aseguró que pactado esto, no realizarían más bloqueos.
“En ninguna calle de Puntarenas, ni en Golfito, ni en Quepos, en Dominical, Cahuita o Limón. Es decir, en los puntos donde el sector pesquero se manifestó el martes, no van a tener complicaciones. Les pedimos disculpas a tantas personas que lamentablemente se vieron perjudicadas por estar muchas horas en las presas”, indicó Campos.
El vocero añadió que en la mañana del miércoles conocerían la respuesta del sector de pesca de camarón sobre las propuestas del Poder Ejecutivo.
Ana Yancy Brenes, representante de los camaroneros, detalló que la reunión se tenía prevista para las 11 a.m., ahí determinarían si les era factible aceptar las propuestas del Gobierno.
“Nos vamos a reunir hoy, vamos a analizar lo que el Gobierno propuso, que son ocho licencias que no van a solventar nada. No es capricho, es una necesidad para Puntarenas. Los barcos camaroneros trabajando son los que mueven la economía de esta provincia, tanto que si la pesca se activa, toda la cadena de producción se activa y el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), no tiene que estar dando limosna a la gente, que ni siquiera le alcanza para comer”, advirtió Brenes.
En Puntarenas hay 44 barcos dedicados a la pesca de camarón y cada uno genera ₡14 millones al mes, a la industria formal de la provincia, explicó Campos.
La vocera de los camaroneros, por su parte, explicó que piden como mínimo la activación de 25 licencias para seguir trabajando, mientras se realizan los estudios técnicos-científicos que solicitó la Sala Constitucional en 2013, cuando prohibió la pesca de arrastre.
Campos, por su parte, detalló que entre los acuerdo alcanzados está que el Poder Ejecutivo realice la consulta a la Procuraduría General de la República (PGR), sobre la posibilidad de activar más licencias.
La representante de los camaroneros, aseguró que esto activaría el comercio en la provincia.
“En este momento sabemos que poniendo las licencias a trabajar nos da chance de dos cosas, que el problema social se detenga, y, que salgan los estudios bien hechos donde se diga que se puede o no se puede pescar camarón; pero que sea una estudio que lo diga y no los ambientalistas, nosotros estamos dispuestos a cumplir con las regulaciones”, aseguró Brenes.
Brenes advirtió que “en cualquier momento puede pasar cualquier cosa”, refiriéndose así, a que el sector camaronero específicamente, no descarta convocar a más movimientos.
“Nosotros seguimos, no hemos logrado nuestros objetivos y los camaroneros vamos a seguir; el resto de los sectores si quieren que sigan la lucha con nosotros, muchos están dispuestos”, aseguró.
Otro de los acuerdos a los que llegaron los manifestantes y las autoridades el martes, fue que la mesa de trabajo que instauraron hace unas semanas, se reunirá una vez al mes.
Sobre la petición de poner a operar algunos muelles ubicados en Portete de Limón para garantizar la inocuidad del producto que descargan y su comercialización, el Gobierno dijo que ya se inició un proceso de trabajo con la Municipalidad de Limón, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), con este fin.
El Poder Ejecutivo también se comprometió a gestionar para que en un plazo de tres meses, se logre desarrollar un seguro diferenciado para los pescadores.
Negociaciones extensas
La negociación se extendió desde las 10 p. m. de este martes hasta las 2:15 a. m. de esta mañana y estuvo liderada por el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien condicionó a los pescadores a que se levantaran los bloqueos en las carreteras.
Los líderes del movimiento alegaron haber perdido el control de los manifestantes que se mantenían en las vías. Una vez que el paso se pudo restablecer, en la mayoría de lugares, las conversaciones tuvieron lugar.
Grupos de pescadores realizaron una serie de protestas este martes que, desde horas de la mañana, obligó a cierres de vías en Puntarenas, Quepos y Golfito y los cuales dejaron atrapado’ a una gran cantidad de viajeros a bordo de vehículos y autobuses.
Cerca de 500 pescadores que se unieron al movimiento y advirtieron que tenían recursos para mantener la protesta hasta por dos o tres días.
En junio anterior un grupo de pescadores realizaron una huelga de hambre frente a Casa Presidencial. Ellos insistieron entonces, en que la pesca es la única fuente de trabajo en Puntarenas y que el Gobierno le está prestando atención a las demandas de grupos ecologistas que buscan restringir esa forma de ganarse la vida.
Con base en estudios científicos, la Sala Constitucional tuvo por demostrado en 2013, que la técnica de extracción conocida como pesca de arrastre, provoca serios daños al ambiente marino debido a la cantidad de pulpos, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás fauna marina que queda atrapada accidentalmente en las redes, pero que no es utilizada para el consumo humano.
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Sin embargo, el gobierno de Luis Guillermo Solís intentó revivir la práctica mediante un acuerdo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), que la Sala Constitucional se trajo abajo en marzo de 2018.
Ese mismo mes, fue aprobado un proyecto de ley para el ejercicio sustentable de la pesca semindustrial camaronera en Costa Rica, que también fue declarado inconstitucional en mayo.
El Gobierno anterior había argumentado que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) había logrado garantizar que los pescadores que utilizan la práctica utilizaran dispositivos para reducir la captura incidental de otras especies marinas, y que demostraran con estudios científico-técnicos la reducción de ese tipo de capturas, condiciones que la Sala puso en el 2013 para permitir la reactivación de la pesca.
A pesar de esos criterios, desde la campaña política el presidente Carlos Alvarado se opuso a la técnica pesquera por considerarla como nociva para el medio ambiente y prometió que durante su gobierno no se fomentaría.