La presentación de recursos de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por las interminables listas de espera para cirugías, diagnósticos médicos y consultas con especialistas genera una creciente presión sobre la Sala Constitucional.
Los magistrados de la Sala IV son testigos de una curva ascendente y preocupante de expedientes, que solo frenó su ímpetu durante el 2020, primer año de la pandemia, cuando la población del país se replegó en sus hogares por temor al coronavirus.
“Sabemos que las listas de espera no se pueden eliminar, pero sí es posible racionalizarlas. Uno esperaría que esto llegara a un buen término. Sin embargo, nosotros este año podríamos llegar casi a 10.000 asuntos de salud relacionados con listas de espera.
“Prácticamente un tercio de los asuntos que conoce la Sala están relacionados con este tema”, detalló Fernando Castillo, presidente de la Sala IV.
Castillo indicó que en el 2022 recibieron 8.310 asuntos de salud y que de ellos 7.564 (91,03%) estaban relacionados con listas de espera. De enero a julio de este año, ingresaron 6.313 casos de salud y 5.673 de ellos (89,9%) eran sobre demoras en la atención médica.
“Vemos que la tendencia del 2022 se mantiene (este año). Prácticamente un 90% de los temas que llegan a la Sala sobre salud son sobre listas de espera”, detalló el alto juez evitando adentrarse en las posibles causas detrás de esta situación.
Detalló que el tribunal constitucional entiende por listas de espera las que tienen que ver con atención médica, citas, cirugías, exámenes o cualquier procedimiento que requiera un usuario de los servicios de salud.
Según datos proporcionados por dicho órgano en el año 2012 la cifra de expedientes relacionados con asuntos de salud se ubicó en 1.745, lo cual implica un crecimiento de casi seis veces en los últimos doce años.
“Si la institución (CCSS) fuera exitosa en resolver o racionalizar este asunto sería un alivio muy importante para la Sala IV en uno de sus temas más agudos, como lo es una sobrecarga de trabajo”, reconoció el magistrado.
Solución integral
El aumento de reclamos de pacientes afectados por las listas de espera impulsó a la Sala IV a emitir una sentencia de carácter estructural en marzo del 2019. Castillo recordó que se otorgó seis meses a la CCSS para establecer un sistema eficiente de gestión en esta materia.
La intención de esta sentencia estructural, según explicó, era resolver el problema de manera integral y no en situaciones individuales, al mismo tiempo que permitiera aliviar la situación de los pacientes con criterios técnicos justificados y objetivos.
Pasados los seis meses, en medio de una pandemia que alteró las prioridades y provocó notables retrasos en el cumplimiento de la orden constitucional, se llevó a cabo una audiencia el 4 de agosto de 2022.
Durante esta sesión, las autoridades de la Caja, encabezadas por el entonces presidente ejecutivo Álvaro Ramos Chaves, presentaron opciones que estaban siendo analizadas para un sistema de gestión de listas de espera en la etapa pospandémica.
En dicha presentación resaltaron medidas orientadas al fortalecimiento del primer nivel de atención, compuesto por más de 1.100 Equipos Básicos de Atención en Salud (Ebáis) distribuidos por todo el país.
Remezón en CCSS
En ese intervalo entre la sentencia estructural de la Sala IV y la actualidad, se enfrentó una pandemia que obligó a dar prioridad a la atención de la covid-19, y se produjeron cambios en la alta dirección de la CCSS, comenzando con la destitución del anterior presidente ejecutivo, el 17 de setiembre de 2022.
Casi en simultáneo, cinco de las siete gerencias de la institución fueron renovadas, incluyendo la Gerencia Médica, que supervisa tanto la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) como el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss).
Las estrategias institucionales en dos áreas fundamentales, a saber, la administración de recursos para gestionar los tiempos de espera en la atención médica y la formación del personal, son dirigidas por UTLE y Cendeisss, respectivamente.
Ambas oficinas se encuentran intervenidas por una orden emitida, a mediados de mayo, por la Junta Directiva de la CCSS. Esto ocurre, además, luego de que en el último año se intensificara el éxodo masivo de médicos especialistas de los servicios públicos a los privados.
En medio de estos cambios en la Junta Directiva, el pasado 24 de mayo las nuevas autoridades de la CCSS decretaron una emergencia institucional por las listas de espera y se comprometieron a presentar un nuevo plan en tres meses, plazo que expira el 12 de octubre.
Situación actual
Los datos más recientes sobre plazos y pacientes en listas de espera en la CCSS son de abril anterior. Fueron publicados por La Nación el 21 mayo, tres días antes de que la CCSS declarara emergencia institucional.
Según esas cifras, 175.630 personas aguardaban una cirugía, al 1.° de abril. En promedio, las esperas llegaban a 533 días (un año y cuatro meses), según el Área de Estadística en Salud de la Gerencia Médica. En el 2019, la espera promedio era de 329 días.
Por otra parte, la presa de citas de primera vez con el especialista ascendía a 245.220 en marzo, con un tiempo promedio de espera de 378 días (poco más de un año), aunque hay máximos de 2.238 días en consulta externa (seis años).
Las citas en espera para procedimientos diagnósticos de primera vez llegaron a 552.802 en marzo, con un plazo promedio de 146 días de espera (casi cinco meses), ligeramente superior a al registrado en el 2019, de 144 días. Los procedimientos radiológicos son los más críticos.
Sin embargo, una proyección de la Auditoría Interna de la CCSS advierte de que el número de pacientes en espera de una operación en la Caja podría dispararse de 130.480 pacientes a 300.172 en el 2027.
El análisis revela que el número de atendidos y depurados es inferior a la cantidad de pacientes que se suma a la fila cada año.
Asunto prioritario
Durante el Foro de Salud 2023, organizado por La Nación el 31 de julio, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, reveló que aún existen casos pendientes de atención desde el año 2016, de pacientes que aguardan cirugías, consultas o procedimientos.
La ausencia de información precisa, admitió Esquivel, dificulta la obtención de una visión clara de la situación, la cual es considerada una de las prioridades por las actuales autoridades de la institución.
Para la Defensoría de los Habitantes, este asunto también es una prioridad. De enero al 3 de agosto, han recibido 377 denuncias por problemas de lista de espera, confirmó Nathalie Araya Jácome, del Área de Calidad de Vida de la Defensoría. Ese número es bastante similar al de años anteriores, para estas fechas, confirmó.
“Se debe tener claro que el problema de listas de espera es multicausal. Hay tanto factores externos como internos. Externos como los cambios en el perfil epidemiológico (más enfermedades crónicas y degenerativas), demográfico (envejecimiento) y emergentes, como la pandemia.
“Entre los internos podemos citar las limitaciones en infraestructura, equipamiento y personal, la dificultad en la formación de recursos humanos y la renuncia de especialistas. Las listas per se no significan que el sistema esté mal, porque todavía hay cosas que funcionan. El problema acá es cuando los plazos de atención no son razonables”, advirtió Araya.
Para la Defensoría, agregó, los diferentes estilos de gestión de la Caja con cada nueva administración ponen en la palestra la necesidad de tener una propuesta institucional sostenible a mediano y largo plazo.
“Se han buscado respuestas al corto plazo pero tenemos que implementar un proyecto como país que responda en forma sostenida a través del tiempo a las complejas y crecientes necesidades de la población”, recomendó Araya.