El gerente de Infraestructura y Tecnología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jorge Granados Soto, confirmó a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos que no existe ninguna objeción, ni técnica ni científica, para no construir el nuevo Hospital Max Peralta, de Cartago, en el terreno de El Tejar.
Según explicó el ingeniero civil, durante el proceso de selección de terrenos se hicieron contrataciones de estudios de mecánica de suelos y se pidieron certificaciones de uso de suelo, entre otros. Ninguno de esos estudios indicó que hubiera algún problema en el lote que adquirió la CCSS, aseguró.
En el momento de la adquisición, que se dio en el 2011, Granados Soto estaba al mando de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI), de la CCSS, donde laboró por 12 años desde su ingreso ahí, en el 2008. Granados labora para la Caja desde el 2003. Fue nombrado gerente de Infraestructura en enero del 2020.
“Por eso se hizo el proceso de compra. Posteriormente, surgieron algunos cuestionamientos de la Asociación Pro-hospital de Cartago. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) dio un dictamen técnico en el cual indicó que no había fallas que pasaran por el terreno. Las fallas de Aguacaliente pasaban a una distancia fuera (del terreno)”, agregó Jorge Granados.
Según el ingeniero, se hicieron estudios geotécnicos y hasta paleosísmicos (estudio de terremotos prehistóricos). Las conclusiones indicaron que el terreno cuenta con una geoaptitud válida para el nuevo hospital, confirmó el gerente.
Granados respondió así a varias preguntas del diputado liberacionista Francisco Nicolás, quien fue el primero en consultarle si podía mencionar la objeción específica para mantener frenada la obra.
“Lo que le puedo indicar es que es una decisión que deberá tomar la Junta Directiva. Hay una recomendación técnica y una propuesta de adjudicación elevada a la Junta Directiva, que está por conocerse en las próximas sesiones”, confirmó el gerente de Infraestructura.
La discusión para decidir el futuro del nuevo hospital de Cartago está pendiente desde diciembre del año pasado, cuando se canceló por vacaciones de la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.
Recientemente, fue pospuesta por la Junta de la CCSS este martes 16 de abril, a pesar de que el tema estaba entre los asuntos convocados para la sesión ordinaria de ese día. Marta Esquivel propuso dedicar a este tema una sesión completa, presencial, pero no se acordó el día.
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En mayo del 2023 y ante consultas de la diputada Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN), la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS también negó que existiera algún impedimento para construir el nuevo hospital de Cartago en el terreno adquirido en El Tejar.
Granados, quien ha apoyado en varias ocasiones la construcción del nuevo hospital de Cartago en los terrenos adquiridos por la CCSS, fue enviado a vacaciones el 25 de mayo del 2023.
Una vez finalizado el periodo de vacaciones de 35 días, fue suspendido temporalmente mientras avanzaba una investigación en su contra por la supuesta compra irregular del edificio Océano, ubicado en Sabana Norte.
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Para Francisco Nicolás, estas suspensiones, a las que se agregó una investigación contra Granados por el alquiler del edificio Océano, son “una sacada de clavo” por la posición manifestada por el ingeniero sobre el hospital de Cartago.
Portafolio de inversiones
Los diputados de la Comisión consultaron a Granados su opinión y eventual participación en la suspensión del portafolio de inversiones de la CCSS, acordada en marzo del 2023.
El gerente le confirmó a la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén que él desconocía el segundo documento que le sirvió de base a la Junta Directiva para suspender el portafolio. Lo conoció cuando se hizo público por los medios y las redes sociales.
Granados le explicó a Guillén que, desde el 2008, la Caja estableció una metodología de priorización de obras, la cual consta en el documento Una Caja renovada hacia 2025.
“Ahí se indica que la Junta Directiva toma un acuerdo y establece una metodología de priorización con criterios de impacto y urgencia, con indicadores que tenían un peso con base en el estado de la infraestructura, y otros criterios como peligrosidad. Con base en eso, se establece la metodología de priorización de proyectos, que se fue mejorando con los años, incluyéndole, por ejemplo, gastos operativos”, explicó el gerente.
A la diputada oficialista, Ada Acuña Castro, que insistía en argumentar que la Caja no tenía criterios de priorización de obras, el ingeniero le aclaró que la metodología que existe desde el 2008 asigna un puntaje a todas esas variables, y al final da un puntaje total. Los proyectos con mayor puntaje son los que se colocan en el primer lugar en la lista.
“Usted es la segunda persona que dice en esta comisión que sí existían criterios de priorización. Marta Esquivel, que tiene la costumbre de no decir las cosas completas, dijo que cuando ella llegó, no encontró metodología de priorización. No había nada en la Caja. Era el fin del mundo hasta que ella llegó. Eso creo que debe quedar constando en actas para efectos del informe y la investigación ante la Fiscalía”, apuntó Sofía Guillén.
La frenteamplista también solicitó dejar en actas varias conclusiones para la investigación legislativa, a la que le restan pocas sesiones para concluir con las comparecencias. Una, dijo Guillén, es que ese segundo informe se hizo de manera irregular por una Dirección Actuarial que, en una semana, cambió 10 años el punto crítico de la CCSS.
Para el diputado Nicolás, es evidente que el portafolio de inversiones se detuvo por una decisión política de Marta Esquivel y del equipo de directivos que la apoyaban, según el diputado, “fundamentados en un informe espúreo de la situación actuarial de la Caja”.
La presidenta de la Comisión, Dinorah Barquero, confirmó que están próximos a concluir la investigación que forma parte del expediente 23.644, que indaga el estado del régimen financiero y actuarial de la Caja.
En total, esta investigación consta de 26 sesiones. Entre las pendientes en agenda están la del director de Cobros de la CCSS, Luis Diego Calderón, y una de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No trascendieron las fechas.