El grupo convocado para revisar la norma técnica que permite la interrupción del embarazo cuando peligra la vida o la salud de la madre tomó una decisión unánime desde el 20 de junio anterior, cuando se reunieron convocados por segunda vez por el Ministerio de Salud para revisar el tema. El consenso fue que la norma no amerita revisión, por el momento.
La información la confirmó Carla Gríos Dávila, representante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en ese grupo, ante consulta de este medio: “Todos votamos. La votación unánime fue que la norma no ameritaba revisión por el momento. No sé qué es lo que va a decidir el Ministerio, si emitieron un informe o no”, respondió la médica, quien aclaró que desconoce si la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, recibió la notificación de este acuerdo.
“Ellos dijeron que iban a hacer un informe a la ministra, que fue la que convocó. No puedo informarle nada más al respecto”, agregó la médica, quien era parte de los 11 integrantes del grupo.
Además de Gríos como representante de la CCSS, ese foro lo integran enviados del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Colegio de Médicos, Colegio de Enfermeras, Cámara Costarricense de la Salud, representante de las demandantes contra en Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Frente Nacional por la Vida.
“A nosotros nos convocaron a dos reuniones (13 y 20 de junio). Hubo un primer acercamiento; quedamos cada uno de revisar la norma técnica. Hubo un proceso de discusión de puntos de vista, que no me parecieron tampoco fuera del alcance. Nosotros no nos podemos salir del marco legal del artículo 121 (del Código Penal, que regula el aborto terapéutico o aborto impune), y a eso tenemos que apegarnos. Si alguien quiere hacer algo tiene que ser en otras instancias del Ejecutivo o el Legislativo”, aclaró Gríos.
| Institución | Representante |
|---|---|
| Ministerio de Salud | Dr. Allan Varela y Dr. César Gamboa |
| Caja Costarricense de Seguro Social | Dra. Carla Verónica Gríos |
| Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | Dr. Alejandro Madrigal |
| Colegio de Enfermeras | Dra. María Griselda Ugalde |
| INAMU | Cindy Quesada Hernández y Adilia Caravaca |
| Cámara Costarricense de la Salud | Dr. Massimo Manzi y Dr. Rodolfo Garbanzo |
| Representante de las demandantes contra en Estado ante la Comisión de Derechos Humanos | Licda. Larissa Arroyo |
| Frente Nacional por la Vida | Máster Yolanda Meléndez |
La revisión de la norma fue ofrecida por el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles a la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), en un encuentro solicitado por los obispos, el 19 de mayo anterior.
Luego de esa reunión con los obispos la ministra Joselyn Chacón Madrigal prometió abrir una mesa de diálogo en junio para iniciar los análisis. “No vamos a ser un Gobierno en pro del aborto, pero siempre salvaguardando la vida de la madre”, declaró la ministra en mayo.
Aunque La Nación consultó al Ministerio de Salud sobre el avance de este tema, en agosto, César Gamboa Peñaranda omitió informar sobre el acuerdo. Gamboa es director de Servicios de Salud, en el Ministerio de Salud, y fue designado como coordinador del grupo responsable de evaluar la norma técnica.
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Anteriormente, el Ministerio de Salud había negado el inicio de las conversaciones sobre la norma terapéutica, información que La Nación logró confirmar por otra vía.
En entrevista con este medio, Gamboa informó de que estaban en proceso de preparar un informe para presentar a la ministra Joselyn Chacón a finales de setiembre. El hackeo que sufrió el Ministerio de Salud, a finales de ese mes, interrumpió el proceso, informó el funcionario en respuesta escrita enviada por medio de la oficina de prensa de Salud, el 20 de octubre.
“Debido a diferentes situaciones, entre ellas el evento de ciberseguridad ocurrido en setiembre en los sistemas de información del Ministerio y previamente en la CCSS, aún se encuentra en proceso la elaboración (del informe). Se espera que en los próximos días se esté terminando para ser presentado a la ministra. Una vez finalizado el proceso, se estaría informando de manera oportuna”, respondió prensa. La semana pasada todavía el documento no estaba listo.
Hace seis días, se enviaron las siguientes preguntas tanto a Gamboa como al despacho de la ministra Chacón, solicitando, entre otras cosas, copia del acuerdo del 20 de junio y ampliar a partir de la nueva información aportada por Gríos, pero el Ministerio de Salud no las había contestado al cierre de esta nota:
- ¿Por qué en agosto, cuando se le consultó sobre el proceso de revisión de la norma, no mencionó este acuerdo unánime?
- ¿Se le notificó a la ministra de Salud y a su despacho el acuerdo unánime del 20 de junio?
- ¿Qué decisión se tomó a partir de esta información desde el despacho de la ministra de Salud?
- ¿Cuál es la evaluación de la aplicación de la norma en los hospitales que pretende hacer Salud y con cuáles objetivos?
- ¿Se modificará la norma técnica para la interrupción del embarazo a partir de los resultados de esa evaluación?
Evaluación, otro proceso
La figura del aborto terapéutico o aborto impune está establecida en el artículo 121 del Código Penal costarricense desde 1970. Antes de la publicación de la norma técnica, era la única herramienta en manos del personal de salud. En más de una ocasión, los médicos, principalmente, expresaron dudas sobre su aplicación ante la falta de un protocolo para aclarar las condiciones en las cuales debían o no interrumpir el embarazo cuando mediaban razones de salud de la madre.
La Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el Artículo 121 del Código Penal salió publicada como decreto ejecutivo el 17 de diciembre del 2019.
La precedieron cuatro años de trabajo técnico y dos demandas contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentadas en el 2015 por dos mujeres, identificadas como ‘Ana’ y ‘Aurora’, a quienes se les negó el procedimiento. Ellas denunciaron las dificultades que vivieron en hospitales públicos al pedir la interrupción de su embarazo.
Después de la publicación de la norma técnica, el Ministerio de Salud aprobó en diciembre del 2020 el protocolo para atender las solicitudes del procedimiento en los hospitales de la CCSS. En marzo pasado, solo un hospital privado había presentado su protocolo para ser sometido a aprobación. El Ministerio tiene la responsabilidad de vigilar la aplicación de la norma.
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Solo se han realizado dos interrupciones terapéuticas del embarazo aplicando la norma técnica. El año pasado, los hospitales públicos atendieron seis solicitudes: cuatro se presentaron en el Hospital San Juan de Dios, de las cuales solo dos procedimientos fueron aprobados y realizados después de cumplir los pasos establecidos en la norma.
Las otras dos peticiones las hicieron pacientes del Hospital Nacional de las Mujeres (antigua Maternidad Carit) y fueron rechazadas.
Según Carla Gríos, el Ministerio de Salud solicitó apoyo a la CCSS para empezar a evaluar la aplicación de la norma en esos hospitales.
“Me consultaron a mí si los podía acompañar a un proceso de evaluación, que no se ha convocado. Creo que iba a haber un proceso de oportunidades de mejora, pero es diferente a lo de la convocatoria de la revisión. Es otra cosa. (...) Todavía no ha iniciado”, aclaró.