Diego Bosque. 26 noviembre, 2020
Hazel Cordero Bogantes (izquierda) y su hija, Rebeca Fernández Cordero se presentaron este jueves ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Sin embargo, se acogieron a su derecho de abstenerse a dar declaraciones. Fotografía: Diego Bosque
Hazel Cordero Bogantes (izquierda) y su hija, Rebeca Fernández Cordero se presentaron este jueves ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Sin embargo, se acogieron a su derecho de abstenerse a dar declaraciones. Fotografía: Diego Bosque

Hazel Cordero Bogantes y Rebeca Fernández Cordero, madre e hija cuestionadas por ventas millonaria de mascarillas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se acogieron a su derecho de abstenerse a responder preguntas en la Comisión Legislativa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de emergencia realizadas durante la pandemia.

Las mujeres argumentaron que existe una investigación abierta en el Ministerio Público por la adjudicación, el 27 de mayo, de 12 millones de mascarillas por $4 millones a MR Comunicaciones Políticas y David Landergren Castro y por eso su decisión de no declarar en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Ese foro investiga la asignación de esa compra a dos proveedores inexpertos que incumplieron con los plazos de entrega de manera parcial y total.

Las mujeres fueron convocadas por los legisladores debido a que sus nombres aparecen en la oferta presentada por Landergren, pues se presentaron en un documento como consorcio, aunque la adjudicación fue otorgada a Landergren como persona física.

Cordero Bogantes, profesional en Derecho con experiencia en contratación administrativa y representante en el país de varias firmas chinas, entre ellas Sinohydro, dijo ante los legisladores que por recomendación de su abogado no atendería consultas.

Minutos después, Fernández Cordero, psiquiatra que laboró en la CCSS entre 2009 y 2017, repitió el argumento.

FUENTE: Expediente administrativo 2020CD-000093    || DISEÑO / LA NACIÓN.

Cordero, Fernández y Landergren, quienes admiten conocerse y haber firmado un acuerdo de “consorcio privado”, recibieron tres contratos por $2,5 millones para el suministro de 8.130.000 cubrebocas sin tener experiencia en la venta o distribución de ese producto. Dichos contratos se otorgaron entre mayo y julio.

La información se desprende de una revisión realizada por La Nación de los expedientes de contratación pública 2020CD-000093, 2020CD-000174 y 2020CD-000181, los archivos de ejecución de órdenes de compra, consultas a la oficina de prensa de la CCSS y a los contratistas involucrados.

La primera compra de emergencia fue adjudicada a ese “consorcio” el 27 de mayo. Ese día la Gerencia de Logística de la Caja le encargó 7 millones de mascarillas a Landergren por $2,1 millones.

La segunda se adjudicó el 9 de julio por $85.000 correspondientes a 200.000 tapabocas a favor de Fernández Cordero bajo el expediente 2020CD-000174.

La tercera, el 22 de julio, por $395.000, para 930.000 unidades también a nombre de la psiquiatra relacionadas al expediente 2020CD-000181.

24 horas

En la transacción por $85.000 con la psiquiatra Rebeca Fernández Cordero, la CCSS adjudicó en un proceso que tardó menos de 24 horas, sin hacer estudio de razonabilidad de precios, sin invitar otros oferentes y en el mismo día que la médica se inscribió como proveedora.

Además, consta en la documentación pública, que la Comisión Técnica ad hoc avaló los tapabocas sin tener las muestras a la vista, pues la aprobación fue firmada el 12 de junio y las muestras ingresaron casi un mes después, el 9 de julio a las 10:19 a. m.

La entidad pasó por alto esos requisitos, según Miguel Salas, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, porque enfrentaban “un momento excepcionalísimo” debido a la emergencia provocada por la pandemia y la escasez de mascarillas.

La razonabilidad de precios es una de las condiciones de la Contraloría General de la República (CGR) al autorizar compras de urgencia.

¿Por qué se saltó la CCSS ese requisito solicitado por el ente contralor? “Estamos ante una situación donde el interés público sobrepasa el interés de la Administración como claramente lo establece la Ley de Contratación Administrativa. Como lo digo en mi resolución, el interés por la vida sobrepasa las situaciones y en una compra de excepción la administración puede omitir alguno de los pasos”, respondió Salas en una entrevista el 7 de setiembre.

Agregó que, durante la pandemia, este es el único caso en el que omitieron hacer estudio de razonabilidad de precios.