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Costa Rica está entre los países donde la judicialización de la salud ha cobrado matices casi de epidemia como en Colombia, Argentina y Brasil.
Aquí es cada vez más frecuente escuchar sobre la presentación de recursos de amparo de personas que reclaman atención oportuna o medicamentos sumamente especializados. Los magistrados de la Sala Constitucional, normalmente, le dan la razón al recurrente y obligan a los servicios de salud a responder la petición negada.
El médico colombiano Conrado Gómez Vélez, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), considera que el aumento en las causas judiciales es solo un mecanismo al que recurren los pacientes ante las dificultades que les generan, por ejemplo, las listas de espera.
"En América Latina ha aumentado el uso de la vía judicial para solucionar esas diferencias, generadas por problemas en la cobertura y la calidad de los servicios", mencionó Gómez durante el foro donde se discutió la sostenibilidad del seguro de salud.
La actividad, organizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre el 19 y 20 de marzo, reunió a varios especialistas nacionales y extranjeros para reflexionar sobre las presiones que sufre ese seguro, y posibles vías para garantizar su administración y mejorar su funcionamiento.
Gómez tocó uno de los puntos más sensibles: la judicialización de la salud, donde los abundantes recursos de amparo contra hospitales de la Caja son noticia casi de todos los días.
El siguiente es un extracto de la entrevista con La Nación:
- ¿De qué manera podemos evitar que las situaciones que incomodan a los asegurados en los servicios lleguen hasta estrados judiciales?
- Es muy importante atender adecuadamente las necesidades de las personas. A veces, es difícil conocer o establecer claramente los medicamentos y servicios que más se requieren. A veces, no se priorizan porque no hay tiempo para estudiarlos o porque son muy costosos, pero en la medida en que podamos hay que hacer esa tarea bien hecha, incluso con participación de la gente.
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"Es muy difícil que desaparezca totalmente, pero sí hay muchos casos que se pueden resolver con solo atender adecuadamente las necesidades de las personas. En algunos casos será necesario apropiar más recursos para atender a la gente, porque si queremos darle el derecho a la salud y a la seguridad social tenemos que priorizar también los recursos".
- En Costa Rica, tenemos ejemplos en los que la CCSS invierte millones de dólares al año en pocas personas. ¿Cómo priorizar, como usted propone, si con estos casos la presión económica es tan fuerte hacia el sistema?
- Hay estrategias que permiten manejar mejor los costos. Por ejemplo, muchas veces en enfermedades huérfanas encontramos pacientes mal diagnosticados. Muchas veces hay presión para que muchas personas estén incluidas sin necesitar los tratamientos. También el país debe estar muy pendiente de todos los mecanismos para controlar el ingreso de medicamentos y servicios muy costosos que no ofrecen mejores resultados que otros que ya están disponibles y son fáciles de proporcionar a las personas. Por eso, la parte de evaluación de tecnología es supremamente importante porque le permite al país tomar decisiones en ese sentido.
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"Y lograr, trabajando con los médicos, que ellos aconsejen ese tipo de tratamientos y no otros. También evitar y controlar que no existan incentivos inapropiados en las conductas terapéuticas".
- ¿Cómo hacerlo? Usted sabe que las farmacéuticas hacen un lobby para promocionar sus productos por medio de los médicos.
- Existen experiencias en países para que, cuando existen incentivos y se le dan a médicos viajes o algún tipo de incentivo económico, esto se declare y las compañías farmacéuticas tengan que revelarlo. Existe software y mecanismos que se usan en muchos países de Europa, incluso de América Latina, para declarar esos intereses.
- ¿Y desde dónde se debe impulsar esto?
- Estas son decisiones que debe liderar el gobierno: de exigir y generar unos mecanismos en donde se declaren esos intereses. Y que los médicos se guíen por unos derroteros, haciendo uso de su autonomía y de su ética, trabajen de la mejor manera y no siguiendo incentivos que no corresponden.
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- Pero usted bien sabe que los médicos forman parte de un grupo de poder; incluso de poder político.
- Eso es verdad, pero también tienen una formación ética de muy altas calidades. Y estoy seguro de que estarían dispuestos a discutir el tema. Esto ha sucedido en otros países: hacer su práctica de cara a la sociedad. Pero hay veces en que este tipo de cosas no se discute, no se hace público. Yo creo que a cualquier paciente, si sabe que su médico es líder de un determinado producto, le puede preocupar. Yo creo que hay que discutirlo y generar los mecanismos reglamentarios que garanticen que se hace la práctica de la mejor manera.
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- Cada vez, hay más organizaciones de pacientes que promueven la interposición de recursos de amparo. ¿Cómo ve este tipo de organización civil?
- La participación comunitaria, la participación de la sociedad es supremamente importante, pero existe el peligro de que, en algunas ocasiones, existan también incentivos a algunas asociaciones para que promuevan determinado tipo de prácticas o de productos.
"Creo que esos son temas que hay que discutirlos. Debe haber una regla muy clara para evitar ese tipo de comportamientos. En varios países, se han identificado grupos que impulsan o patrocinan cierto tipo de organizaciones que no están en pro de un mejor tratamiento sino en defensa de intereses. Son temas que hay que trabajar, discutir y estar pendiente permanentemente de solucionarlos".
- Conceptos como equidad, sostenibilidad, calidad y cobertura, derecho a la salud y a la vida... ¿cómo chocan con la judicialización?
- De lo que nosotros hemos revisado, los jueces en una gran cantidad de oportunidades toman las decisiones correctas. Lo que hacen es hacer justicia y exigir que se le dé a la persona el derecho que se le está negando. Porque ese es el objeto de la protección constitucional de los derechos. Existen casos, de pronto algunos muy vistosos, en que no se toman las mejores decisiones. Pero lo que realmente debe hacer el derecho es proteger a la gente y uno espera que sea así.
- ¿Por qué muchas veces se está violando el derecho o la persona no está logrando la satisfacción de su derecho y esto llega a la arena de lo judicial?
- En la medida en que sea un proceso de diálogo, entendido y discutido no va a ser necesario que lo dirima un juez. Pero este es un trabajo que incluye a los profesionales de la salud, las instituciones y los usuarios. Sin este diálogo y sin este conocimiento, a lo que siempre va a recurrirse es a la vía judicial porque las partes no logran llegar a un acuerdo.
- ¿Qué opinión le merece lo que está haciendo la CCSS en este tema? Lejos de disminuir, la cantidad de amparos aumenta en cantidad y complejidad.
- Yo sé que Costa Rica tiene un problema de judicialización entre los más grandes de América Latina; un problema que viene creciendo y que se tiene que revisar. Pero no solo desde la perspectiva de que el juez es el equivocado. Porque realmente desde el lado de la justicia lo ven al revés. Para los jueces y magistrados el sector es el que tiene que acoger y dar cumplimiento a situaciones a las que no está dando cumplimiento.
"Por supuesto, es una situación que afecta el presupuesto y la sostenibilidad, en donde el que se avispa y corre ante el juez obtiene los recursos y el otro se queda rezagado; esto genera condiciones de inequidad. Todo esto tenemos que observarlo para buscarle soluciones. Me parecería un error descalificar lo que hacen los jueces. Lo que está mostrando la experiencia en todas partes es que esto no es así. Lo que tiene que hacer la Caja es mirar y comprender bien el problema y tomar medidas y trabajar con la gente y con los médicos".
