Los pacientes en busca de un trasplante renal se cansaron de esperar la respuesta prometida por la CCSS desde hace más de un año, y acudieron este miércoles a los magistrados de la Sala IV para obligar a esa institución a acabar con el desperdicio de riñones en sus hospitales.
Representados por la Fundación de Nefrología para Pacientes del Hospital San Juan de Dios, estos enfermos solicitan a la Sala Constitucional ordenar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regresar al modelo de pago que existía en el 2015, que permitía a cada hospital aprovechar la aparición de un donante cadavérico de riñón porque se le pagaba disponibilidad al cirujano.
Desde el 2017, la CCSS aplica un modelo de pago para el personal que participa en trasplantes el cual funciona bajo la modalidad de alerta voluntaria. Esto quiere decir que, al activarse una alerta de trasplante, el personal está en libertad de decidir si participa o no.
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Con un solo miembro del equipo que se niegue, el procedimiento no se puede realizar.
Esto, según la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud, podría estar entre las principales razones de una merma sustancial en la cantidad de procedimientos, pues coincide con la entrada en vigencia de esa modalidad de pago.
Según datos de esa Secretaría, los trasplantes de riñón con donante cadavérico pasaron de 60 en el 2015 a 35 el año anterior. Esa dependencia es la responsable de regular por ley la donación y trasplante,
Los dos hospitales con la mayor reducción son el México, que pasó de hacer 18 en el 2015 a solo 5 en el 2018. El San Juan de Dios registró una reducción de 30, en el 2015, a tan solo tres el año pasado.
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“Solicitamos que se ordene eliminar la norma de pago, y se vuelva a la del 2015, cuando éramos productivos sin tanto procurador de órganos y había una excelente coordinación sin pagos extra.
"La norma, a nuestro concepto, no es legal”, dijo Sandra Chanto, una de las fundadoras de esa organización, a la que se han acogido también pacientes de otros hospitales públicos.
Además de los cirujanos, la Caja amplió el pago a otro personal, que incluye al coordinador hospitalario de trasplantes, o procurador de órganos, una figura que cuestionan los pacientes.
Según Chanto, el trabajo del procurador de órganos lo hacía antes el cirujano sin cobrar un monto adicional por esa función, como sucede ahora.
La intención de la CCSS fue reducir el costo del procedimiento, según explicó en su momento el gerente general de esa institución, Roberto Cervantes Barrantes.
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Según datos de esa institución, con el cambio un operativo de trasplante de riñón pasó de ¢22 millones a ¢4,6 millones; y los de corazón e hígado cayeron de ¢29,4 millones a ¢9,4 millones cada uno.
La institución, según estos pacientes, tampoco ha regulado la nueva modalidad de pago, obligando al personal a negarse a los trasplantes ante la falta de claridad sobre el procedimiento y por los eventuales conflictos legales que puedan generarse.
Chanto explicó que si un médico está de guardia cuando se activa una alerta de trasplante, no puede dejar esa guardia para ir a operar porque no habría quién lo cubra.
Actualmente, hay unas 264 personas en espera de trasplante renal en el país.
Todas ellas tienen algún soporte para el funcionamiento de su riñón, como la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.
