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Enfermos en espera de un órgano han muerto en los últimos meses debido a los descalabros de la red nacional de trasplantes.
Solo de los candidatos a trasplante de riñón, han fallecido 21 personas este año, revela una orden sanitaria emitida este jueves por el Ministerio de Salud contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual exige a la institución “realizar las gestiones pertinentes que garanticen que el paciente sea el centro de la atención”.
“(...) evidentemente, la problemática no es la donación de órganos, sino la organización para la procuración, extracción y trasplante de estos”, sostiene la orden número MS-DM-RC-6141-2019, firmada de puño y letra por el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza.
Del documento, del cual tiene copia La Nación, se concluye que la red de trasplantes no funciona. Fracasó.
Este diario también ha tenido acceso a historias de pacientes y sus familias, quienes denuncian el desorden imperante en el manejo de las listas de enfermos, la falta de información durante todo el proceso y el creciente desperdicio de órganos donados.
Un reportaje de febrero dio a conocer la crisis. La publicación de La Nación tomó como base un informe de la Secretaría Técnica de Donación y Trasplantes, del Ministerio de Salud, que es el ente responsable de girar las políticas nacionales en este tema.
Ese documento mostró la caída exponencial en el número de estas cirugías en los hospitales de la Caja, la cual coincide con la entrada en vigencia, en el 2017, de un nuevo modelo de pago para los profesionales que conforman los equipos de trasplante, conocido como alerta voluntaria.
Pero la situación va más allá. Según la orden sanitaria de Salud, la CCSS no ha resuelto este y otros temas vinculados con la operación de la red nacional de trasplante de órganos y tejidos pendientes, por lo menos, desde 2015.
Ese año, en el seno del Consejo Nacional de Donación y Trasplante –donde también hay representantes de la CCSS–, se comenzó a discutir y advertir de la situación.
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En la orden sanitaria, dirigida al gerente general de la Caja, Roberto Cervantes Barrantes, el Ministerio de Salud confirma lo denunciado por funcionarios, pacientes y familiares de enfermos a este diario:
1. Que la falta de definición del modelo de pago para el personal médico afecta el acceso de los receptores de órganos a un trasplante con donante cadavérico.
Funciona como una alerta voluntaria: con una sola persona del equipo de trasplantes que no quiera o no pueda responder a la alerta de trasplante, el grupo no se puede conformar y, en consecuencia, no se puede operar al enfermo.
2. La pérdida o desperdicio de órganos donados “por distintos motivos administrativos”.
3. El rechazo por parte de los equipos hospitalarios de órganos donados.
4. La distribución inequitativa de los órganos disponibles.
5. Actualmente, los enfermos más graves no son los mayores beneficiarios de los trasplantes. Se benefician los receptores del hospital que logra completar el personal necesario para hacer la cirugía.
El gerente médico de la Caja, Mario Ruiz Cubillo, rechaza que el sistema haya fracasado, aunque reconoce que desde el día uno de su gestión el tema ha sido prioritario por las revelaciones hechas a inicios de año.
En entrevista con La Nación, la tarde de este viernes, Ruiz admitió las dificultades técnicas que han tenido para definir en un plazo breve el modelo de pago para los equipos de trasplante de los hospitales, y los fallos en la gestión que lo llevaron a asumir personalmente el replanteamiento de todo el programa.
Hasta la aplicación de la reforma fiscal, dijo, les dificultó el manejo de este asunto pues, cuando estaban pensando en crear un plus como salida al debate sobre el pago de estos profesionales, se definió que cualquier creación de beneficios debía pasar por la Asamblea Legislativa.
Él, personalmente, pidió a los equipos de trasplantes “el favor” de responder a las alertas cuando aparece un donador cadavérico, pues, en este momento, admitió Ruiz, no tiene el mecanismo para obligarlos a trabajar en los operativos.
“Se está elaborando un proyecto nacional que incluye prevención, promoción, manejo del donador y el trasplantado, y la conformación de los equipos, y que se aumente la productividad para poder ser de los mejores países en Latinoamérica”, dijo el gerente.
Ruiz anunció que ese proyecto se presentará a la Junta Directiva de la Caja el 7 de noviembre. El sistema de pago para el personal requerirá cambios en reglamentos.
“Nos hemos reunido con todos los especialistas de las diferentes áreas para solucionar un problema que es real”, manifestó el gerente, quien confirmó que apelarán la orden sanitaria en el plazo de ley, y la revisarán, punto por punto.
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El gerente se hizo acompañar del coordinador nacional de trasplantes de la Caja, Marvin Agüero Chinchilla, y de la directora de Farmacoepidemiología de la institución, Marjorie Obando.
Continúa el desperdicio
En agosto, los hospitales solo alertaron de un donante cadavérico. En setiembre, tres, y hasta el 31 de octubre, otros cinco más.
“De estos nueve donantes generados en estos últimos tres meses solamente se han utilizado doce órganos para trasplante (un pulmón, cinco hígados, seis riñones)", revela el informe en el cual se basó el ministro de Salud para emitir la orden sanitaria contra la Caja.
¿Por qué son tan importantes esos datos?
Porque desenmascaran el nivel de rechazo de órganos donados en los hospitales pues de cada donante cadavérico, de acuerdo con datos internacionales, se pueden aprovechar entre 10 y 15 órganos y tejidos distintos (médula ósea, riñón, pulmón, hígado, hueso, piel...).
Esta situación resulta contradictoria, pues la Caja ha lanzado campañas para promover la donación de órganos en los últimos años.
“Actualmente, el mayor beneficiario del órgano procurado no es el receptor más grave que aparece de la lista nacional, sino el receptor del hospital que cuenta con equipo voluntario completo para realizar el trasplante”, revela la orden.
El desorden se extiende también a la disposición de tejidos, en el Banco de Tejidos del Hospital Nacional de Niños.
“(...) cada vez que se obtiene la anuencia de la familia para donar piel, hueso, válvulas cardíacas y otros órganos o tejidos, se imposibilita la concreción del trasplante debido a que no existe respuesta del Banco”, advierte el Ministerio de Salud en su llamada de atención a la CCSS.
Hasta el 31 de octubre, 386 personas estaban inscritas en la lista de candidatos a trasplantes, de la Secretaría Técnica de Donación y Trasplantes. Casi un 90% de ellas (342) esperan un riñón.
20 días hábiles para cumplir
La Caja está obligada a cumplir en un plazo de 20 días hábiles, que vencen el 28 de noviembre, cinco medidas concretas ordenadas por Salud.
La principal es colocar al paciente en el centro de la atención, y para esto, esa institución debe comenzar por consolidar la lista de candidatos a trasplante según los criterios de la Secretaría Técnica de Donación y Trasplantes, del Ministerio de Salud.
El cumplimiento supone intervenir a los pacientes según el orden establecido por la Secretaría, con el equipo que esté disponible, no importa a cuál hospital pertenezca.
“Esto puede implicar que los equipos que realizan la donación y trasplante se desplacen entre los centros hospitalarios para garantizar la equidad y el acceso oportuno al servicio”, ordena Salud.
La CCSS tiene derecho a interponer un recurso de revocatoria en los próximos cinco días hábiles.
No obstante, una vez que esté firme la orden, la institución está obligada a cumplirla, de lo contrario, los responsables se exponen a ser denunciados penalmente por el delito de desobediencia, según advertencia de Salud.
