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Declarar una emergencia institucional. Esa es la primera medida que José Luis Loría, representante de las cooperativas ante la Junta Directiva de la CCSS, propone para acabar con el calvario, de meses y hasta años, que padecen miles de asegurados mientras esperan para ver al médico especialista o someterse a una cirugía.
“Hay quienes esperan 200 y hasta 1.000 días por atención que debería ser pronta. Cinco especialidades concentran el 80% de las listas de espera: Cirugía General, Ortopedia, Oftalmología, Ginecología y Urología. El 75%, en 10 centros de salud”, alertó en un artículo de opinión publicado, el pasado 11 de octubre, en La Nación.
Loría afirma que este “drama humano” es el mayor reto que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por eso, sugiere siete acciones concretas para tratar de solucionarlo.
Considera que de la misma forma en que la Junta Directiva de la CCSS dispuso de todos los recursos posibles para enfrentar la pandemia de covid-19, ahora debe dedicarse de lleno “a atender vigorosamente un problema que también amenaza la vida y la salud de la ciudadanía”.
En ese sentido, su primera sugerencia es declarar emergencia institucional durante 12 meses para liberar y destinar recursos suficientes para reducir las listas de espera. Sus otras seis sugerencias son:
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- Destinar toda la capacidad instalada de la institución a la atención de las listas, como en la pandemia, sin descuidar el servicio de emergencias.
- Establecer segundos turnos o jornadas vespertinas con control semanal estricto de resultados.
- Organizar jornadas especiales en zonas rurales para disminuir la espera en hospitales regionales y periféricos, con equipos de especialistas que se desplacen a estos lugares.
- Ampliar el contrato con las cooperativas de salud para usar sus capacidades para alcanzar objetivos estratégicos.
- Suscribir un convenio con el Hospital del Trauma, administrado por el Instituto Nacional de Seguros (INS), para hacer ahí procedimientos ortopédicos de baja, mediana y alta complejidad.
- Contratar servicios privados de salas de operaciones, procedimientos diagnósticos y cirugías de baja y mediana complejidad, y activar la conformación del sector sanitario poniendo a disposición del interés público los recursos.
Enfermedad crónica en CCSS
Loría, además, sugiere a sus compañeros de Junta Directiva conocer una propuesta del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) para duplicar la formación de especialistas y llenar 220 plazas aprobadas en el 2016 para estudios en el extranjero.
Según afirma, esas plazas están vacantes por las dificultades para reconocer en Costa Rica títulos emitidos en el exterior.
“Esta propuesta tiene que ver con la esencia de la seguridad social, que una vez más se pone a prueba, inspirada en la defensa de los principios de equidad, solidaridad y universalidad que han constituido las bases de nuestra paz social y nuestro Estado social de derecho”, sostiene el director.
En su rendición de cuentas ante la Sala IV, el pasado 4 de agosto, las autoridades de la CCSS anunciaron que fortalecerán los Ebáis para desahogar las listas de espera. En el 2019, los magistrados dieron un plazo de seis meses a la institución para crear un sistema integrado que permitiera disminuir los plazos.
Marny Ramos Rivas, coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), explicó que planean dotar a esas unidades de especialidades médicas para acelerar la asignación de citas, al tiempo que se reclasificaron algunas áreas de salud en el país para ofrecer cirugías en ese tipo de recintos.
Hace ocho días, la nueva presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel Rodríguez, anunció en conferencia de prensa, en Casa Presidencial, un plan para reducir las listas de espera en mamografías, en el que utilizará la exorbitante suma de ¢50.000 millones que quedaron de presupuestos subejecutados, según anunció.
Junto a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, prometió sacar un número aún desconocido de estos exámenes en el plazo de un mes. Sin embargo, con ese monto alcanzaría para realizar hasta 2 millones de exámenes, de acuerdo con el costo señalado por Chacón, de ¢25.000.
Hasta el día de hoy, se desconoce cuántos estudios de estos están pendientes. También se ignora cómo se ejecutará el plan anunciado por la nueva jerarca de la Caja.
