La Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó que ya trasladó cargos a cinco funcionarios por presuntas irregularidades cometidas en la compra de 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95 a la empresa MR Comunicaciones Políticas.
Los productos, valorados en $1,3 millones, fueron cancelados antes de ser inspeccionados e ingresaron a las bodegas centrales de la institución sin que se detectara que son de uso no médico.
La notificación de cargos se efectuó el 23 de octubre, ese acto significa que informaron a las cinco personas los hechos que se les atribuyen con el objetivo de que comprendan las eventuales consecuencias y ejerzan su derecho de defensa.
Entre los cinco funcionarios destaca Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS, suspendido con goce de salario desde agosto por presuntas irregularidades en la adjudicación de millones de mascarillas a dos proveedores inexpertos.
Porras llegó a ese cargo en setiembre del 2019 tras un proceso de selección que incluyó entrevistas con el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya.
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Los otros que enfrentan el proceso disciplinario son Hans Vindas Céspedes, asesor de Porras, así como Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano y Esteban Corrales Vega, miembros de la comisión técnica que avaló la compra.
La Gerencia General informó, este lunes 23 de noviembre, que Corrales renunció a su puesto en la CCSS, no dio detalles sobre la razón de su renuncia.
Los datos aportados por la Gerencia General desmienten una respuesta dada por la oficina de prensa de la CCSS el 18 de noviembre; ese día afirmaron que no había procedimientos administrativos abiertos.
“De momento no se ha iniciado formal procedimiento contra ningún funcionario, pues primeramente se están procedimentando (sic) a las contratistas con el ánimo de verificar la responsabilidad por los posibles incumplimientos”, comunicaron vía correo electrónico.
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Las supuestas irregularidades en la compra y pago de los respiradores también fueron remitidas al Ministerio Público para determinar si incurrieron en delitos penales.
Otras investigaciones internas
Desde agosto, la CCSS mantiene abiertos procedimientos administrativos contra varios funcionarios por presuntas anomalías en la adjudicación de 12 millones de mascarillas por $4 millones a MR Comunicaciones Políticas y David Landergren Castro, contador público de 32 años.
Entre los investigados están Porras, Vindas y los tres miembros de la comisión técnica.
También están Miguel Salas Araya, director de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Maynor Barrantes Castro, jefe del Área de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios y María Díaz Rivera, asesora legal de la Gerencia de Logística.
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Este caso también obligó a la apertura de un procedimiento en el Ministerio Público.
Otro foro que fiscaliza la actuación de los funcionarios es la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público; allí interrogaron, en las últimas semanas, a parte de los involucrados.
En las próximas semanas deberá comparecer Macaya.
