Aarón Sequeira. 5 septiembre
La comisión fiscal cerró este miércoles el periodo de discusión de mociones de fondo. Foto: Rafael Pacheco
La comisión fiscal cerró este miércoles el periodo de discusión de mociones de fondo. Foto: Rafael Pacheco

A punto ya de concluir el trámite del plan fiscal en la comisión especial que discutió y votó 873 mociones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los diputados volvieron a eximir los servicios de educación privada del pago de un IVA del 2%.

La decisión la tomaron al revisar la votación de una moción del legislador Dragos Dolanescu, la número 463, que plantea específicamente que la educación privada preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica no tendrá que pagar el tributo.

Votaron a favor los legisladores Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN); Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Walter Muñoz, de Integración Nacional (PIN); y José María Villalta, del Frente Amplio.

En contra estuvieron los tres liberacionistas, Silvia Hernández, Gustavo Viales y Yorleny León, así como el presidente de la Comisión Especial de Reforma Fiscal, el oficialista Welmer Ramos.

El 22 de agosto, los mismos diputados del PRN, PUSC, PIN y FA aprobaron una moción del socialcristiano Muñoz para exonerar la educación privada del impuesto al valor agregado (IVA).

Sin embargo, con las negociaciones en torno a la canasta básica, esta fue gravada nuevamente la noche del martes de esta semana, cuando se restableció el capítulo del IVA tal como lo quería el Gobierno, con un 2% para la educación.

Con la decisión, nuevamente se reduce la previsión de ingresos que tenía el Ministerio de Hacienda, pues con el impuesto sobre los servicios privados de educación esperaba recaudar ¢27.000 millones por año.

Al final de la discusión de mociones, Hacienda ha perdido unos ¢68.000 millones de los ¢468.000 millones que pretendía recaudar anualmente. Perdió ¢36.000 millones al bajarse a un 1% el IVA a la canasta básica, ¢27.000 millones por la educación privada y ¢5.000 millones por otras exenciones.

Pedro Muñoz, diputado del PUSC que promovió la exoneración, afirmó que, aunque se le da un golpe a la previsión de ingresos, él cree que “es una inversión”.

“Aunque hay menos dinero para gasto, esto es invertir en los jóvenes de Costa Rica”, dijo el socialcristiano, quien comparó lo sucedido con las decisiones que se toman en una familia cuando hay problemas económicos. Afirmó que se recortan gastos suntuarios, incluso electricidad, combustible y agua, pero “lo último que se sacrifica es la educación”.

Existía otra moción que exoneraba solo la educación privada universitaria, pero Muñoz era del criterio de que esta era inconstitucional por hacer diferencias entre un nivel y otro.

Villalta agregó que él habría preferido que se eximiera del IVA solo a la educación universitaria privada, pues cree que ahí hay “una mayor imposibilidad de estudiantes de escasos recursos de acceder a la educación superior pública”.