El TSE envió el martes a la Sugef un oficio para poner en conocimiento de esa entidad, encargada de supervisar a las entidades bancarias, el financiamiento que el Banco Promerica le facilitó al Movimiento Libertario para sus gastos de campaña y que no podrá ser pagado con la deuda política.
Se trata de un fideicomiso por un monto máximo de ¢220 millones, de los cuales se giraron ¢155 millones a la agrupación del candidato Otto Guevara, la cual solo obtuvo un 1,02% de los votos en la elección presidencial y un 3,2% en la legislativa.
En la nota enviada a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advierte de que, en la última auditoría anual que se le hizo Libertario (con cierre al 30 de junio del 2017), el auditor anotó una "abstención de opinión".
La auditoría fue realizada por el Despacho Díaz y Villalta y, según el jefe de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Rónald Chacón, esta "es la primera vez que se presenta una situación así", por lo que el ente electoral "está desarrollando el análisis contable y jurídico respectivo a efectos de emitir el criterio correspondiente".
¿Qué significa una abstención de opinión?
Alfredo Mata, jefe del departamento de Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos, precisó: "La abstención de opinión significa que el auditor independiente no pudo obtener evidencia suficiente ni pertinente de auditoría, sobre la cual basar su opinión, por lo que concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros, de incorrecciones no detectadas (debidas a fraude o error), pueden ser significativos y generalizados".
Según Mata, si bien las implicaciones de una abstención de opinión son diversas, "para ciertos inversionistas puede resultar poco atractivo invertir su dinero en una entidad cuya situación financiera, resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, podrían contener errores".
De la misma forma, "los acreedores y proveedores de una entidad con una abstención de opinión, podrían prever un riesgo crédito, es decir, que la entidad no cumpla en tiempo y forma con el pago de sus obligaciones, por lo cual optarían por hacer exigibles las obligaciones de esa entidad en el corto plazo; claro está el riesgo reputacional que corre una entidad bajo esta condición".
Consultado por La Nación, el subgerente de Negocios del Banco Promerica, Federico Chavarría, afirmó: "Banco Promerica ha sido invitado, por el Partido Movimiento Libertario para, en conjunto con otros contribuyentes, formar parte de un fideicomiso con el cual financiará el último tramo de su campaña electoral para las elecciones presidenciales de febrero 2018".
La entidad financiera indicó que "ejercerá el papel de acreedor, el cual está debidamente aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones" y que, en virtud de la relación de confidencialidad del banco con sus clientes, "esta es la única información que se puede suministrar".
El diputado y excandidato presidencial libertario, Otto Guevara, señaló que, como garantía para lograr esta inyección de recursos, se ofrecieron bonos de clase A y certificados de depósito para mitigar el riesgo. No obstante, esos bonos ya no tienen valor debido al fracaso electoral.
En tanto, el representante del Colegio de Contadores Públicos explicó que, si un auditor no tiene suficiente evidencia o considera que la existente no cumple con las características de suficiencia, relevancia y confiabilidad, tiene que abstenerse de opinar porque podrían existir incorrecciones en los estados financieros por montos significativos.
La situación actual ha generado preocupación en el tesorero del partido, Carlos Herrera, debido a la ya de por sí comprometida situación financiera del Movimiento Libertario y su poca capacidad económica para honrar no solo esta deuda, sino otras que arrastra desde hace ocho años y que en total suman ¢500 millones.
“Desde el punto de vista financiero, el partido está absolutamente quebrado, yo no veo un escenario en el que pueda salir adelante económicamente, no existe, solamente que alguien inyectara $2 millones”, expresó Herrera a La Nación.
LEA MÁS: Tesorero del Libertario propone pedir al TSE la desinscripción del partido
LEA MÁS: Otto Guevara puso su firma a responder por crédito de ¢220 millones para cierre de campaña
Un problema de vieja data
Otro elemento que destacó el TSE a la Sugef es que el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos no tenía conocimiento de que se hayan practicado las evaluaciones anuales correspondientes a los períodos 2015-2016, 2014-2015. Además, que en el ejercicio de auditoría correspondiente al período 2013-2014, les fue emitida una opinión con salvedades.
El órgano electoral ya había llamado la atención al Movimiento Libertario respecto a su gestión financiero contable. Así consta en un informe de agosto de 2013 en el que se detectaron importantes áreas susceptibles de mejora.
Entre los puntos indicados en el documento se mencionaba que "los compromisos financieros del partido superan poco más de 5 veces el valor de sus activos totales, para el período 2009-2012 con corte a junio de cada año".
Por otra parte, se le informó a la agrupación de que, en el período comprendido desde enero de 2010 hasta febrero de 2013, el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos le había cursado un total de 11 prevenciones, "con una prevalencia de asuntos de orden contable, los cuales versan sobre incumplimiento de información reportada en razón de la apertura de líneas de crédito, información financiera contable y reportes de contribuciones".
LEA MÁS: Otto Guevara pierde finca por deuda del Movimiento Libertario
LEA MÁS: Empresa de Otto Guevara cobró ¢86 millones de la deuda política
Deudas suman un total de ¢555 millones.
Además de los ¢155 millones del fideicomiso firmado por el Movimiento Libertario con Banco Promerica, el partido político también mantiene una deuda por ¢120 millones con el Banco Lafise, por el préstamo que efectuó hace cuatro años y otra con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por ¢20 millones.
De igual forma, el partido fue condenado a pagar ¢209 millones por estafa al cobrarle al TSE ese mismo monto por unas capacitaciones que nunca existieron, luego de las elecciones del 2010. En este caso, la suma podría incrementarse, ya que aún no se ha definido si la Fiscalía puede cobrar gastos sociales.
Estas cifras no podrán ser canceladas por medio de la deuda política, a la cual la agrupación no puede acceder debido a que obtuvo poco menos de 21.000 votos para la presidencia y 45.000 sufragios para la papeleta diputadil, con lo que se encuentran por debajo del 4% de los votos emitidos durante la primera vuelta electoral.
