Política

Tres diputados piden revisar votación de 82 mociones de plan de empleo público

Ellos son Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Sin que haya terminado el proceso de votación de mociones de reiteración del plan de empleo público, en el plenario legislativo, seis diputados ya pidieron revisar 90 votaciones, lo que le demandará más tiempo al trámite del proyecto.

Tres de esos diputados suman el grueso de las solicitudes de revisión, con 82 de las 90 peticiones.

Ellos son Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Wálter Muñoz pidió 53 revisar prácticamente todas la mociones planteadas por él y que fueron rechazadas por el plenario entre martes y miércoles de esta semana. Paola Vega planteó 17 y Shirley Díaz, 12.

“Si los diputados deciden hablar por cada revisión, es un trámite que demoraría por un tiempo razonable”, expuso el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank.

Por cada revisión, el artículo 155 del reglamento legislativo concede cinco minutos de discurso al legislador que la solicitó y otros cinco minutos a otro que se manifieste en contra. Adicional a esos 10 minutos, el proceso de votación de cada una de ellas dura en promedio 3 minutos, para un total de 13.

Si los diputados deciden usar todo ese tiempo, implica que solo por las 90 solicitudes de revisión se demorarían 1.170 minutos equivalentes a 19,5 horas, las cuales demandarían tres días de sesión a doble jornada, mañana y tarde, si no afloran otros temas en las sesiones.

Ese tiempo no toma en cuenta los minutos que eventualmente se utilizarían si se aprueba revisar alguna votación.

Si una revisión es aprobada por el plenario, para lo cual se requiere de mayoría simple, los diputados deben votar de nuevo una moción que ya había sido discutida, independiente de si se aprobó o se rechazó anteriormente.

Si se rechaza la revisión, la votación anterior de la moción queda en firme.

Hasta el momento, el plenario ha rechazado 141 mociones de fondo para el proyecto de empleo público y ha aprobado cuatro, para un total de 146 propuestas puestas a discusión, mientras que cinco fueron retiradas antes de ser sometidas a discusión.

Durante tres días de trabajo, en jornadas de mañana y tarde, el plenario solo evacuó un 43% de las mociones planteadas. El jueves, la ausencia de 24 diputados impidió continuar con el trabajo por falta de cuórum.

En este momento, el plenario está en la etapa de discutir mociones que fueron rechazadas durante el proceso de formación de la ley en la Comisión de Gobierno y Administración. Esas son las mociones de reiteración.

El plan de empleo público consiste en abandonar el sistema de salarios por pluses por un esquema de salario global.

En cuanto a las solicitudes de revisión de mociones, Wálter Muñoz y Paola Vega no contestaron las llamadas de La Nación, mientras que Shirley Díaz aseveró que, además del derecho de enmienda que tiene como legisladora, desea “generar puentes” para negociar la aprobación de mociones que fueron rechazadas en reiteración.

Muñoz ha planteado revisar votación de mociones que piden aplicar el salario global solo para futuros empleados públicos, lo que permitiría a los servidores actuales seguir acumulando incentivos.

Vega, en tanto, insiste en mantener excluidas a las universidades estatales.

A Díaz le interesa que se apruebe una propuesta suya que otorgaría un incentivo económico adicional para el retiro de trabajadores que ya cumplen con el número de cuotas y la edad para pensionarse.

La idea es que se jubilen, expresó la socialcristiana. En esas plazas, se podrían hacer nuevas contrataciones o eliminarlas por completo, adujo. Asegura que su propuesta generaría una reducción de más de ¢9.000 millones al año en el gasto público.

Las ocho solicitudes de revisión restantes fueron presentadas por el frenteamplista José María Villalta, y Enrique Sánchez y Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Cuatro de estas son de Villalta que incluye en su lista las mociones 1 y 11 presentada por el independiente Dragos Dolanescu. La primera pide sacar a las universidades estatales de la regulación del proyecto y la segunda, al Poder Judicial.

Villalta, Sánchez y Morales solicitan revisar la votación de la moción 339 firmada por varios diputados en comisión. Esta le permitiría a las casas de educación superior planificar el empleo público de acuerdo con lo indicado en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución.

Para discutir las mociones de reiteración, el reglamento otorga como máximo cinco minutos para la defensa, más el promedio de tres minutos por votación.

El tiempo solo se amplía si se aprueba la reiteración y se entra a discutir por el fondo, para lo cual el proponente puede tomar hasta cinco minutos para presentarla, y dos diputados más pueden hablar por otros cinco minutos cada uno, en contra.

Cruickshank dijo que, como a él le corresponde decidir en qué momento se someten a revisión las solicitudes de los diputados, considera que sería cuando se terminen de evacuar 349 mociones de reiteración de empleo público.

De estas faltan 198. “Yo estoy esperando terminar con todas las mociones de reiteración para conocer las de revisión”, expuso el presidente legislativo.

El presidente legislativo adelantó este jueves que, la discusión lenta de mociones, sería una de las razones por las que el plan de empleo público no estaría aprobado antes del próximo 30 de abril.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

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