El Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) afronta 27 juicios laborales por unos ¢1.000 millones.

Así lo expuso la Junta Directiva del SINART ante el Consejo de Gobierno el 26 de noviembre, durante una presentación sobre su situación financiera de la empresa estatal encargada de Canal 13, Radio Nacional y una agencia de publicidad.

De acuerdo con Lorna Chacón, presidente ejecutiva del Sistema, las demandas obedecen a distintas situaciones y no necesariamente se desencadenaron por un error institucional.

Explicó que se trata de litigios que se han ido acumulando por años y que no todos fueron planteados durante la actual administración.

No obstante, la Junta Directiva consideró necesario informar al Consejo de Gobierno sobre la suma de los montos reclamados por exfuncionarios o funcionarios actuales, aunque no es posible vaticinar las sentencias.

Chacón detalló que, recientemente, la institución ganó un juicio interpuesto por una exjefe de Recursos Humanos, por lo que no fue necesaria la indemnización. Añadió que otro exjefe demandó a la institución alegando que lo obligaron a dimitir, aunque presentó la renuncia.

Los ¢1.000 millones equivalen a un 12,5% del presupuesto anual del SINART, el cual se financia en un 30% con impuestos; el resto es costeado con venta de publicidad y servicios.

En promedio, cada demandante reclama unos ¢37 millones.

Situación del Sinart

El SINART reportó pérdidas en el 2018 y, posiblemente, también lo haga en el 2019, según reconoció la presidente ejecutiva.

En la presentación ante el Consejo de Gobierno, los representantes afirmaron que han tenido que ajustar su estrategia, así como se han visto obligados a tomar medidas de contigencia como disminuir la partida de salarios, mediante la contratación de personal con salario único, y reducir los gastos operativos.

Aunque la institución mantiene la planilla, Chacón aseguró que el personal es más eficiente ahora.

Además de la transferencia que recibe del Estado, el SINART recibe el 10% de publicidad que destinan las instituciones del Estado. Sin embargo, la institución explicó al Consejo de Gobierno que existe un incumplimiento de esa obligación.

La Junta Directiva acudió al Consejo de Gobierno como parte de una revisión que Zapote está haciendo a todas las instituciones del Estado, como una práctica recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).