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La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) incorporar criterios técnicos y científicos actualizados; así como consideraciones económicas y sociales cuando declare una veda pesquera en el golfo de Nicoya.
La disposición resulta del fallo 2019-004046 donde el Alto Tribunal declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por el Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas y anexos de Puntarenas.
El grupo reclamó que Incopesca no ejerce la vigilancia adecuada contra métodos de pesca prohibidos y que también carece de una buena planificación para establecer los periodos de veda en el golfo Nicoya.
El sindicato alegó que tal desatención ocasiona que pescadores ilegales capten más productos marinos en comparación a los pescadores formales. Además, alegaron que la pesca informal también destruye el recurso marino.
Según el departamento de prensa de la Sala Constitucional, la disposición “ratifica el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria como un derecho fundamental de los ciudadanos; y se protege a las familias de los pescadores de la zona que respetan la normativa y cumplen con los requisitos para operar”.
Además, los altos jueces ordenaron al Incopesca, al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), y a la Dirección General del Servicio Nacional de Guardacostas instalar en un plazo de año y medio todos los radares establecidos en la Estrategia de Control y Vigilancia Marítima del Minae.
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A la fecha se ha instalado únicamente uno en la Isla del Coco, precisó ese Tribunal.
Esta no es la primera vez que Incopesca recibe señalamientos de autoridades por cómo declara las vedas.
Antiguos señalamientos
Por ley, el Instituto debe disponer de una comisión científica la cual asesore sus decisiones. Sin embargo, la Contraloría General de la República descubrió en el 2014 que dicho foro no funcionaba.
Por lo tanto, Incopesca era ineficiente al fijar vedas y regular las tallas mínimas que deben tener las especies marinas al ser capturadas, lo cual deriva en la sobreexplotación del recurso marino.
“La Comisión de Coordinación Científico Técnica, dispuesta por la Ley N° 7384, no está operando, por lo que la junta directiva en el momento de tomar decisiones, tanto en lo que corresponde a las tallas mínimas como a la declaratoria de vedas, carece del dictamen que ese órgano debe dar en aquellos asuntos que requieran del pronunciamiento científico”, indicaba el informe DFOE-EC-IF-15-2014 de diciembre del 2014.
La Contraloría también descubrió entonces la ausencia de un sistema de información que integre las estadísticas históricas de las pesquerías, insumo clave al decidir vedas.
“Las estadísticas actuales se encuentran atrasadas en cuatro años”, declara el informe.
“Carece del dictamen que ese órgano (comisión científica) debe dar en aquellos asuntos que requieran del pronunciamiento científico técnico”, precisó el ente contralor.
