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La pesca de arrastre de camarón –actividad prohibida en el 2013 por el empleo de redes que capturan otras especies y dañan el subsuelo marino– revivió un viejo debate entre ambientalistas y pescadores, cuyo eco volvió a llegar a la Sala IV.
Pese a que el alto tribunal constitucional había restringido esta práctica en los mares costarricenses, el Gobierno decidió reactivarla en noviembre del 2017, luego de un acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
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Tal acción enfrentó al sector camaronero, que argumenta que ese tipo de pesca es su única fuente de empleo, y a los ambientalistas, quienes fustigan esta labor porque la consideran nociva para el ecosistema marino.
De hecho, este lunes 8 de enero, más de 500 camaroneros puntarenenses se manifestaron frente a la Sala Constitucional, en la Sabana, exigiendo que se les permita trabajar libremente.
Actividad económica
“¿A qué se ha dedicado alguna gente que ha perdido las licencias para pescar? Al vandalismo. La nueva normativa (el acuerdo de Incopesca) nos permite aprovechar el recurso siempre y cuando se cumplan 24 parámetros de sostenibilidad que esta propone”, aseguró Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores.
Cuando la Sala prohibió la pesca de arrastre, determinó que continuarían operando los pescadores que ya tenían licencias, pero que estas no se renovarían ni se entregarían otras nuevas.
Ahora, con el planteamiento de Incopesca avalado recientemente por el Gobierno, la propuesta es que quienes ya contaban con un permiso, tengan posibilidad de gestionar uno nuevo, apegándose a una serie de parámetros de responsabilidad ambiental.
“Entre estos están el uso de excluidores de peces y de tortugas, los mapas de zonificación, (para reconocer las áreas vulnerables en el mar), las vedas dinámicas (pesca vedada por tiempo y por zona, de acuerdo con el lugar y con el recurso explotado) y la doble relinga (dispositivos para sostener las redes en el agua)”, explicó Carranza.
Según el dirigente, unas 13.000 familias dependen de esta actividad económica en Puntarenas.
Una de esas personas es Silvia Rivera, vecina de esa provincia, quien trabaja pelando camarones cuando algún vendedor de este producto le contrata el servicio.
“Ahorita ha estado malillo; me dan trabajo como dos veces por semana y me pagan ¢15.000 por día. Con eso mantengo a mi hija… Pero, si no hay camarones, ¿cómo vamos a mantener a nuestros hijos?”, contó la joven, de 20 años.
Acuerdo es "inconstitucional"
Tras los acontecimientos de noviembre del 2017 y la decisión gubernamental de revivir la pesca de arrastre, los ambientalistas levantaron la voz e interpusieron cuatro recursos de amparo en contra del acuerdo de Incopesca.
Una de estas apelaciones fue presentada por la organización no gubernamental Marviva.
Jorge Jiménez, presidente de esta entidad, consideró el acuerdo como “ilegal e inconstitucional”.
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“En la sentencia del 2013, la Sala fue enfática en que la única forma de revivir este tipo de pesca en el futuro, dependía de dos factores: uno, que Incopesca presentara estudios técnicos y científicos que garantizaran el resguardo de las especies afectadas indirectamente por esta actividad (tales como peces pequeños, cangrejos y anguilas); el otro, que el país contara con una ley que la permitiera. Sin embargo, nada de eso se está cumpliendo hasta el momento”, expresó Jiménez.
Según el representante de Marviva, la actual propuesta de Incopesca carece de respaldo técnico y científico.
“Estamos esperando la resolución, porque es la Sala la que tiene la potestad para decir si se puede reanudar o no (la pesca de arrastre)”, agregó.
Mientras que el ente constitucional no resuelva los cuatro reclamos, el acuerdo de Incopesca queda sin efecto.
Menos impacto
Gustavo Meneses, presidente ejecutivo de Incopesca, enfatizó que están convencidos, sobre las bases técnica y científica, de que el acuerdo aminora la cantidad de fauna afectada y el impacto sobre el subsuelo marino.
“Seríamos muy irresponsables si emitimos un acuerdo sin considerar si se cumple con los requerimientos establecidos... Somos conscientes de que cumplimos con lo que establece la Sala Constitucional”, recalcó el funcionario.
Asimismo, dijo Meneses, la iniciativa pasó por la asesoría legal no solo de Incopesca, sino también del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Además, agregó, participó la academia, con la asesoría de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Por otro lado, el Gobierno también impulsa el proyecto de Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica, el cual ingresó a la corriente legislativa hace más de un año, pero se encuentra varado en la Comisión de Ambiente. Se tramita con el expediente 19.838.
