Un acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) revivirá la pesca de arrastre en aguas costarricenses, técnica que fue prohibida en el 2013 cuando la Sala Constitucional sentenció que ocasiona un grave daño daño ambiental.
Aunque los magistrados le prohibieron al Incopesca emitir nuevas licencias para pesca de arrastre, el gobierno de Luis Guillermo Solís hizo una salvedad en la interpretación del fallo y asegura que tiene el respaldo necesario para emitir nuevos permisos.
Lo hace justo cuando están a punto de vencerse, en el 2018, las últimas licencias que quedaban vigentes.
"La Sala Constitucional (...) indicó que Incopesca no podía renovar permisos para pesca de camarón con redes de arrastre, salvo que se estableciera la obligación de utilizar dispositivos para reducir la captura incidental y demostrar con estudios científico-técnicos la reducción de esa captura y los descartes", manifestó el Gobierno, en un comunicado divulgado este martes.
El Ejecutivo asegura que esas dos condiciones se garantizan con 24 mejoras regulatorias que, según Gustavo Meneses, presidente ejecutivo de Incopesca, mitigan el impacto de la técnica.
En 2013, al emitir su fallo, la Sala IV consideró que el uso de redes de arrastre provoca serios daños al ambiente marino, debido a la cantidad de pulpos, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás fauna marina que incidentalmente es capturada pero que no se utiliza.
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Las medidas del Gobierno para contrarrestar ese impacto contemplan la definición de zonas de exclusión para el uso de redes, la exigencia de usar sistemas de localización, el empleo de dispositivos que reduzcan la captura de peces y tortugas, así como la definición de horarios y lugares para la descarga del producto.
El jerarca insistió en que estudios realizados por científicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) garantizan que esta modalidad de pesca se realizará en condiciones óptimas.
No obstante, la fundación Marviva y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), de la UCR, rebaten ese argumento.
"El Cimar considera que la información científico-técnica publicada hasta la fecha sobre la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica no evidencia la sostenibilidad de dicha pesquería. Bajo ninguna circunstancia, el Cimar estaría de acuerdo con la apertura de la pesca de arrastre si no se cumple cabalmente en lo estipulado en el fallo de la Sala Constitucional", expresó Ingo Wehrtmann, director el Cimar, en un comunicado.
Haydée Rodríguez, gerente de Incidencia Política de Fundación Marviva, también dijo desconocer los estudios a los que se refiere Meneses, y criticó que el Gobierno quiera revivir la pesca de arrastre mediante un acuerdo de Junta Directiva.
“Lo que nos resulta muy alarmante es que había un proyecto de ley que el mismo Gobierno ha estado impulsando los últimos tres años, en el que se intenta restaurar la pesca de arrastre. El proyecto no ha sido dictaminado porque no tiene sustento científico ni técnico de ningún tipo (...). Lo que sentimos es que ha sido una reacción del Gobierno para tratar de reinstaurar la pesca de arrastre sin tener que pasar por todo el proceso de reforma legal que la Sala Constitucional ha dicho", dijo Rodríguez.
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El proyecto de Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica ingresó para estudio de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa hace un año, se tramita en el expediente 19.838.
El Gobierno argumenta que la pesca de arrastre es necesaria debido a que 3.750 habitantes de la costa Pacífica dependen de esa actividad económica.
"Estamos ante un desafío delicado. Hay un equilibrio muy delicado porque nadie quiere la pesca de arrastre tal como se practica en la actualidad o como se practicaba cuando se dio el fallo de la Sala CIV en 2013, pero tampoco nadie quiere quiere agravar la situación de vulnerabilidad social con consecuencias fáciles de imaginar, sobre todo en lugares como Puntarenas o Barra del Colorado", dijo Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería.
Meneses detalló que solo podrán optar por nuevas licencias las personas que tenían permisos vigentes cuando la Sala IV emitió su voto en 2013. El jerarca dijo que aún no se puede dar a conocer el texto del acuerdo, debido a que el mismo no se encuentra en firme.