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El presidente del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Gustavo Meneses, afirma que son más de 20 las medidas que harán de la pesca de camarón con redes de arrastre una práctica sostenible, pese a que la Sala IV la prohibió por considerar que afecta la vida marina.
La semana pasada, la entidad presentó un proyecto titulado “Ley de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica”, que ya está en la corriente legislativa bajo el expediente 19.838.
El plan pretende reactivar la actividad, que poco a poco va perdiendo vigencia luego del fallo de la Sala IV, del 7 de agosto del 2013, que le prohibió precisamente a Incopesca otorgar más licencias para esa actividad, de la cual dependían en ese momento unas 360 personas.
Meneses asegura que el trabajo de campo realizado para la redacción de la iniciativa de ley permitió generar parámetros de exigencia que harán de la pesca de camarón una técnica sostenible.
El plan establece vedas, zonas de pesca, restricción mediante GPS y acreditaciones para los barcos, entre otras medidas de contención, ante el daño ambiental que implica esta técnica.
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Según Meneses, con esto se minimizaría el impacto negativo de la pesca con redes de arrastre, pero en ningún artículo del proyecto de ley se señala como obligatorio dejar de utilizar las redes que causan el daño.
‘Serios daños’. Entre las consideraciones que, en el 2013, señaló la Sala IV para prohibir la entrega de nuevas licencias, los magistrados apuntaron que esa técnica “provoca serios daños al ambiente marino, debido a la cantidad de fauna marina que incidentalmente es capturada pero no es utilizada (...), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha comparado la pesca con redes de arrastre para capturar camarón, con la tala rasa de un bosque”.
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Ese deterioro también fue reconocido por la cooperativa Coopesolidar, cuando solicitó recursos para un proceso de diálogo encaminado a generar un plan de ley que regulara la técnica.
La cooperativa, fundada por Vivienne Solís, bióloga y hermana del presidente Luis Guillermo Solís, gestionó fondos internacionales, identificó la pesca de arrastre como una técnica que “causa inmensos impactos ecológicos debido a la destrucción del fondo del océano y por la pesca accidental (peces, tortugas marinas, cangrejos, tiburones, rayas, langostas y otras especies más), cuyo producto es devuelto al mar casi en su totalidad, ya muerto”.
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Aun así, Incopesca y Coopesolidar se comprometieron, desde el 2013, a impulsar un plan de ley para permitir la técnica.
La polémica alrededor de la pesca de arrastre está presente en la agenda del mandatario Solís, desde la contienda electoral del 2014 que lo llevó al poder.
En campaña, durante una visita a Santa Cruz (Guanacaste), el entonces candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) dijo: “Hay que atender desde las políticas públicas cómo reducir el impacto que tiene esa pesca, aunque sea progresiva (…). La experiencia es que el mejor método es la pesca responsable”, expresó.
