Sala IV: No existe un derecho fundamental a los pluses salariales

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En la sentencia, la Sala IV contestó una consulta de diputados que alegaban que el artículo 35 del proyecto, el cual introduce el esquema de remuneración global, lesionaría la autonomía universitaria. “Empero, tal situación no se presenta, porque el salario global y un régimen unificado es constitucionalmente posible”, resolvió el Tribunal Constitucional.

Para argumentar su decisión, los jueces explicaron que el artículo 56 de la Constitución Política, sobre el derecho a un salario por un empleo, solo obliga a una contraprestación por un servicio prestado, “de ahí que no hay un derecho fundamental a un plus o pluses salariales, por lo que se está ante una materia de libre configuración del legislador y, por consiguiente, este, en el ejercicio de la potestad de legislar, puede establecer una determinada modalidad de salario, sea un salario compuesto, global o mixto”.

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Por otra parte, el Tribunal Constitucional aclaró que la introducción de un esquema de salario global, por parte de los diputados, no incide en las competencias exclusivas y excluyentes de las universidades públicas.

El artículo 35 de la reforma ordenaría a todas las instituciones públicas, salvo las empresas públicas en competencia, implementar un régimen salarial único para todo el sector público, el cual sustituiría al actual sistema de pluses que dispara el gasto en remuneraciones.

“Todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen salarial unificado basado en la columna salarial global. Todas las personas servidoras públicas serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales.

“Se publicará la columna salarial global y los puestos de todas las calificaciones asignadas a la columna salarial”, reza el numeral.

Los diputados también cuestionaron el artículo 36 del proyecto, el cual obliga a la Dirección General de Servicio Civil, al Ministerio de Planificación (Mideplán) y a la Autoridad Presupuestaria a preparar una política de remuneración anual que tome en cuenta el Estado de los fondos públicos.

Al respecto, los magistrados argumentaron que la definición de la política salarial es una competencia otorgada por los diputados al Poder Ejecutivo.

Por consiguiente, añadieron, esa competencia es acorde con las potestades de administración y de gobierno dadas por la Constitución al Ejecutivo, en relación con sus funcionarios y otros entes que no gozan de competencias exclusivas y excluyentes o grados de autonomía que impiden la potestad de dirección.

En el caso de las universidades públicas que tienen autonomía, resolvió la Sala, serán sus propios entes los llamados “a fijar su política de remuneración, así como el salario mínimo de inicio de la columna salarial única y el valor financiero que se asigne a cada punto de la columna del salario global”, adoptando como parámetros la política de remuneración.

Incluso, los salarios de algunos puestos de las universidades, dedicados a funciones comunes en todo el Estado, sí podrían ser regulados por los lineamientos del Ejecutivo. Se trata de “aquellos funcionarios que los jerarcas de estos entes decidan excluir de la columna, porque realizan funciones administrativas básicas, auxiliares, que no están vinculadas a los fines constitucionalmente asignados”, dijo la Sala.