La Sala IV declaró con lugar un recurso de habeas corpus presentado por dos hombres y una mujer, quienes denunciaron haber sido interrogados por policías de la Fuerza Pública sin presencia de un abogado.
Los denunciantes relataron que los policías, al considerarlos sospechosos de un homicidio ocurrido el 2 de setiembre en Guadalupe de Goicoechea, los privaron de su libertad por unas cuatro horas y revisaron el automóvil de uno de ellos, alegando que se habría usado para el crimen. Después de estas acciones, los dejaron libres.
La Sala constató que actualmente no existe ninguna investigación penal contra estas personas y que la Policía ni siquiera le avisó al Ministerio Público de las diligencias que estaba realizando.
En la resolución 19255-2020, del 7 de octubre del 2020, los magistrados afirmaron que no se puede interrogar a una persona imputada sin la presencia de su abogado y que no se puede omitir el informe a la Fiscalía.
En sus respuestas al habeas corpus, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública indicaron que los arrestados no eran imputados; no obstante, la Sala Constitucional evidenció que se les trató como tales.
“Para el momento que fueron abordados, la totalidad de diligencias llevadas a cabo (entrevistas, interrogatorios, requisas, registro de vehículo) fueron encaminadas a individualizarlos como autores de la tentativa de homicidio denunciada”.
“En síntesis, queda claro que la Fuerza Pública tomó la decisión de interrogar a los amparados sin contar con la presencia de sus abogados, en clara violación al debido proceso establecido en el artículo 39 de la Constitución Política. Por lo anterior, se declara con lugar este extremo del recurso”, señala el voto.
“La historia ha constatado que la libre actuación de cualquier tipo de cuerpo policial, sin la más mínima coordinación jerárquica y control respectivo de otro órgano o ente estatal, ha desencadenado en actos con consecuencias graves para los derechos fundamentales”, agrega.
La Sala también remarcó que los oficiales de Fuerza Pública no avisaron de lo sucedido al Ministerio Público, ni antes ni después del hecho, por lo que no quedó rastro judicial de sus actuaciones.
“De no ser por la información que brindó en este recurso la Fuerza Pública, prácticamente no existiría rastro alguno sobre la privación de libertad que sufrieron los amparados, ni sobre el interrogatorio al que fueron sometidos, sin presencia de sus abogados”, aseveraron los magistrados.
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El recurso se resolvió parcialmente, pues sobre la privación de libertad en forma temporal, sin la orden previa del Ministerio Público, la Sala IV resolvió que son diligencias propias de la inmediatez del evento.
“Tales diligencias, por la naturaleza de la inmediatez de lo sucedido, se debieron de realizar sin la dirección funcional previa del Ministerio Público, ya que tenían como fin asegurar, recolectar y preservar las evidencias necesarias, para individualizar a los sospechosos de la tentativa de homicidio denunciada. Por las razones anteriores, se declara sin lugar el presente extremo del recurso”, indica el voto.
Finalmente, los magistrados ordenaron a Greimmer Romero Álvarez, jefe del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Región Norte de San José, tomar medidas inmediatas para evitar que sus subalternos repitan estos hechos. De lo contrario, podría incurrir en el delito de desobediencia, el cual acarrea de un mes a dos años de cárcel, o de veinte a sesenta días multa.
A su vez, el Estado fue condenado al pago de los daños y perjuicios causados a los recurrentes.
Denuncia: ‘Sin orden judicial’
Uno de los recurrentes relató que, el 3 de setiembre, estaba en Guadalupe cuando lo llamó su hermana para decirle que la Fuerza Pública de Coronado tenía un operativo frente a la casa de su madre.
Varios oficiales le indicaron a su hermana que él había cometido un homicidio con su vehículo. Su madre le puso al teléfono a uno de los oficiales, “quien le solicitó detalles de dónde ubicarlo, pues la orden era detenerlo”, dice el recurso.
Añadió que los oficiales de la Fuerza Pública intentaron ingresar a la vivienda de su madre, pero ella no los dejó entrar, por lo que “los oficiales le faltaron el respeto con groserías e insinuaciones”.
El hombre le pidió a un conocido que lo llevara a la Comisaría de Coronado, pues su vehículo estaba en reparación en la casa de este amigo.
“Señala que, una vez que se apersonó a la Comisaría, fue interceptado por varios oficiales de la Fuerza Pública, quienes lo empezaron a intimidar diciéndole que dijera la verdad y que aceptara que le disparó a la persona que ellos decían, ante lo cual se negó”.
“Alega que a partir de ese momento, al ser aproximadamente las 4:40 p. m., fue privado de su libertad sin una orden judicial. Denuncia que no se le permitió alejarse del lugar ni utilizar su teléfono celular para llamar a su abogado. Refiere que lo requisaron y lo metieron a una radiopatrulla en calidad de detenido y lo llevaron al lugar donde se encontraba su vehículo”.
Él le había pedido al conocido que llevara su carro a la delegación para que “los oficiales pudieran corroborar que su vehículo no tenía nada que ver con los hechos que se le imputaban”. Sin embargo, cuando su amigo iba saliendo con el auto, fue interceptado por la unidad de la Fuerza Pública número 3974.
“Lo bajaron de la patrulla y lo pusieron a la par de su carro para fotografiarlo sin su autorización, incluso llamaron a Repretel, tomaron fotos y videos sin su autorización”, dice el recurso.
El conocido iba saliendo con su compañera sentimental, quien está embarazada. Los policías los detuvieron a ambos y procedieron a requisarlos. A la mujer la revisaron dos hombres.
“Expone que se metieron al vehículo sin su permiso y solo le dijeron que se quedara a un lado y observara lo que iban a hacer. Señala que revisaron la guantera, la cajuela, debajo de los sillones e, incluso, revisaron documentos que portaba el dueño del carro y le tomaron fotos al vehículo. Posteriormente les dijeron que no se podían retirar, por lo que se les privó de su libertad por varias horas sin justificación legal alguna y sin una orden judicial. Explica que los mantuvieron a la par del vehículo hasta que llegaron los otros oficiales con el dueño del carro”.
Los mantuvieron detenidos hasta aproximadamente las 8:30 p. m.
La Fuerza Pública incluso llegó con perros de la unidad K-9 y “los metieron a su vehículo para revisar si tenía explosivos o drogas, dando resultados negativos”.
El relato del primer hombre añade: “Posteriormente, se hicieron presentes funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes lo entrevistaron, ordenándole que les indicara los domicilios que ha tenido, y comenzaron a decirle, mediante presiones psicológicas, que él es vendedor de drogas, a fin de intimidarlo, lo cual es falso".
"Después revisaron su carro y le dijeron que ellos sabían que era él y que lo iban a tener en investigación. Aduce que solicitó copias de esa supuesta investigación en su contra para poder entregárselas a su abogado y no se las quisieron dar.
“Denuncia que todo eso se hizo sin una orden judicial. Sin embargo, producto de la presión psicológica, lo pusieron a firmar un documento donde autorizaba, aunque no era cierto”.