Josué Bravo. 4 junio
Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa y Rodolfo Piza, ministro de la presidencia, durante una reunión entre la fracción del PLN con el presidente Carlos Alvarado en la Casa Presidencial. Foto: Albert Marín.
Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa y Rodolfo Piza, ministro de la presidencia, durante una reunión entre la fracción del PLN con el presidente Carlos Alvarado en la Casa Presidencial. Foto: Albert Marín.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, afirmó que el gobierno se mantiene abierto al diálogo ante la amenaza de una nueva huelga por parte de los sindicatos públicos, pero advirtió de que el proyecto que los motiva “no compete al Poder Ejecutivo”.

Así se refirió a la amenaza sindical de abandonar labores por el avance de dos reformas legales relacionadas, precisamente, con los movimientos de huelga. Ambos textos son impulsados por Liberación Nacional (PLN).

Uno de los proyecto pretende evitar los abusos en las huelgas. El plan permitiría rebajarles los salarios a quienes participen en huelgas declaradas ilegales y prohibiría que los huelguistas realicen bloqueos, ya sea en vías públicas o ante instituciones estatales, particularmente las dedicadas a los servicios públicos.

Además, se prohibiría las huelgas políticas, es decir, aquellas que no tengan conexión directa con incumplimientos laborales imputables al patrono.

Esta iniciativa es del presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, y un reciente texto sustitutivo fue aprobado por el PLN, Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Además, es tramitado mediante una vía rápida aprobada por el partido de gobierno.

El otro texto, de la liberacionista Yorleny León, calificaría 79 servicios públicos como esenciales, con lo cual no podrían ser afectados por huelgas. Entre estos, están los servicios de educación, la red de cuido, el transporte de combustibles y las telecomunicaciones.

Este plan recibió el apoyo, en comisión, de diputados del PLN, PAC, Restauración Nacional y el independiente Erick Rodríguez.

“Como lo he señalado, los motivos están relacionados con procedimientos legislativos y opciones que no competen al poder Ejecutivo”, selaño esta tarde Piza en Casa Presidencial, luego de la sesión del Consejo de Gobierno.

“Por supuesto que el Poder Ejecutivo está en la mejor disposición de encontrar soluciones dentro del respeto a la independencia de los poderes y a las decisiones de cada uno de los poderes de la República y, por supuesto, tomando las medidas necesarias para garantizar que, en la eventualidad de algún movimiento, se afecte lo menos posible a los costarricenses”, añadió.

Sindicatos como la Asociación Nacional de Educadores Costarricenses (ANDE) amenazan con levantar un nuevo movimiento de huelga en protesta contra estos proyectos legislativos.

A su vez, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanda (APSE) ha manifestado oposición contra el proyecto de reforma al empleo público y al de educación dual, ambas propuestas impulsadas desde el Ejecutivo.

APSE anunció que movimiento de protesta iniciará con una marcha nacional convocada para este jueves, en el centro de San José.

También, anunció que se mantendrá en paro de labores de manera intermitente durante junio, iniciando el viernes 7 y luego continuarán los días 11, 18 y 25 de este mes.

“Esperamos que el diálogo siga, el diálogo se ha mantenido en general con las distintas organizaciones. Por supuesto, que hay temas que escapan al poder Ejecutivo porque se trata de proyectos iniciados e impulsados en la Asamblea Legislativa”, insistió Piza.

Piza explicó que, en este momento, el presidente Carlos Alvarado está enfocado en la prioridad de generar empleo a través de la reactivación de la economía, aunque reiteró la apertura del gobierno en colaborar a través del diálogo, en procura de evitar que, en este caso, se afecte los servicios públicos de educación.

“Me parece que lo que corresponde, dentro del respeto a los procedimientos legislativos, es avanzar en el diálogo y buscar siempre la solución más respetuosa y los equilibrios necesarios para avanzar, por un lado, la legalidad y, por otro lado, el crecimiento y el buen desenvolvimiento de los servicios públicos.