En una tarde de acuerdos, 47 diputados aprobaron la creación de una vía rápida para tramitar un proyecto de ley destinado a frenar los abusos con las huelgas.
El plan permitiría rebajarles los salarios a quienes participen en huelgas declaradas ilegales, al tiempo que restringiría la posibilidad de hacer estos movimientos en servicios esenciales.
La reforma se haría a partir del proyecto de ley 21.049, presentado por el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides.
Una comisión especial tendrá un plazo de cuatro meses para dictaminar el proyecto a partir del día en que la moción quede en firme.
Eso sí, aunque se tendrá como base la propuesta de Benavides, la moción de vía rápida abre la puerta para que se le introduzcan cambios provenientes de los proyectos de ley de otros diputados, entre ellos el de la liberacionista Yorleny León, sobre servicios esenciales; el de Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y el de la independiente Floria Segreda.
Los cuatro proyectos giran en torno a los rebajos por huelgas ilegales y la definición de servicios esenciales, en los cuales no puede haber huelgas.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides agregó que también debe cerrarse el portillo para la huelga política, es decir, la que no se deriva de conflictos entre patronos y empleados.
Actualmente, la huelga política no existe en la legislación nacional, pero algunos jueces la reconocieron en el movimiento contra la reforma fiscal.
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Los cambios recaerían sobre la Reforma Procesal Laboral aprobada por el expresidente Luis Guillermo Solís, la cual se puso a prueba por primera vez con la huelga contra la reforma fiscal.
Con estas reglas, los juzgados impidieron rebajar salarios en forma retroactiva y declararon legal, por ejemplo, el movimiento en Recope alegando que el combustible no es un servicio esencial.
La moción este lunes aprobada alega la necesidad de hacer cambios "con vista en las groseras afectaciones que la paralización de servicios esenciales le han ocasionado a la vida, a la salud, a la seguridad en la población y en todo caso a la tranquilidad del país en general”.
El presidente Carlos Alvarado se había pronunciado a favor de revisar la Reforma Procesal Laboral.
“A la luz de lo que ha sido esta huelga, la primera en la que se aplica el nuevo código procesal en materia laboral, yo sí creo que tiene que ser sujeto a revisión y análisis, y no solo por la opinión de diputados, diputadas o del propio Presidente, sino por la opinión ciudadana”, afirmó el mandatario en noviembre.
Este fue el segundo acuerdo de la tarde pues, previamente, 45 diputados aprobaron otra vía rápida para reformar el reglamento legislativo.
Esta es una explicación sobre los cuatro proyectos:
Proyecto de Carlos Ricardo Benavides, del PLN
-El texto de Carlos Ricardo Benavides pretende rebajar los salarios a quienes participen en huelgas que sean declaradas ilegales en forma retroactiva, es decir, calculando el rebajo desde el primer día en que se unieron al movimiento.
Benavides argumenta que el cambio es necesario porque los juzgados han interpretado que la Reforma Procesal Laboral solo permite hacer rebajos si el empleado no regresa a laborar 24 horas después de que una huelga sea declarada ilegal.
-Este texto, además, acorta a 24 horas el tiempo para que los tribunales resuelvan la legalidad de una huelga en un servicio esencial, al tiempo que impide la huelga en servicios esenciales como operaciones quirúrgicas, citas médicas, suministro de agua potable, luz, combustible, transporte de personas enfermas, servicios policiales y comedores escolares, entre otros.
En la actualidad existe un debate sobre cuáles son servicios esenciales. Según el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, el suministro de combustibles no califica como tal.
-El proyecto además castiga el bloqueo de calles o sabotaje a instituciones públicas.
-Se ordena a los sindicatos tener un correo electrónico para recibir notificaciones.
Proyecto de Yorleny León, del PLN
La idea del texto de León es crear una lista de servicios esenciales para eliminar la subjetividad a la hora de calificarlos en los tribunales.
Al igual que el proyecto de Benavides, esta reforma se basa en la definición de servicio público esencial de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con esta iniciativa de ley, se incluirían, por ejemplo, el suministro de combustibles, agua potable, alimentos, electricidad y medicamentos, además de los servicios de aeropuertos nacionales e internacionales, la seguridad ciudadana, la educación pública y la resolución jurisdiccional de conflictos.
También, serían servicios esenciales los comedores escolares, la recolección de basura y la atención médica de menores en la red de cuido, así como la educación pública.
La carga y descarga de muelles y atracaderos se convertirá en un servicio esencial cuando se trate de bienes de los cuales dependa directamente la vida, la salud y la seguridad de las personas.
Proyecto de Pedro Muñoz, del PUSC
La propuesta de Pedro Muñoz, del PUSC, consiste en que se rebaje el salario a los huelguistas desde el primer día de movimiento si la huelga es declarada ilegal.
El texto fue presentado este lunes y también tiene la firma de los jefes de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Liberación Nacional (PLN), Víctor Morales Mora y Carlos Ricardo Benavides, respectivamente.
Texto de Floria Segreda, de Nueva República
La reforma del bloque independiente Nueva República pretende asegurar el salario de quienes se vayan a huelga aunque el movimiento haya sido declarado ilegal.
Para que no le rebajen dinero, si un juzgado emite una declaratoria de ilegalidad, el huelguista tendría que presentar pruebas de que participó activamente en la huelga, de acuerdo con este proyecto.
“La idea es que una vez declarada la huelga ilegal y se ve un abuso, ellos (huelguistas) deben devolver el salario pagado, pero que lo determine el juzgado de trabajo”, dijo la propo
"Lo que estamos dando es un marco legal a la huelga sin menoscabar los derechos de los huelguistas, es un equilibrio entre el proyecto de Liberación y de otros diputados, para que la propuesta sea afín a todos"
Además, el proyecto define como servicios esenciales electricidad, agua potable, distribución de combustibles, Internet, además de educación y salud.
Las reglas de la vía rápida
La Comisión especial para estudiar el derecho a huelga, brindar seguridad jurídica y garantizar este derecho a los trabajadores tendrá siete miembros: dos del PLN, uno del PAC, uno del PUSC, uno de Restauración, uno de las fracciones menores a cuatro miembros y uno de los independientes.
La propuesta implica aplicar una guillotina en la etapa de comisión a las mociones de fondo que, cumplido el plazo, aún estén pendientes de votación.
Se autorizan dos sesiones extraordinarias por semana, que definirán sus miembros y, además, tendrán prelación por encima de las demás comisiones.
Una vez que se vote el proyecto en la comisión, los diputados deberán entregar su informe al plenario en dos días, a más tardar.
Además, el proyecto que resulte de la discusión en esa comisión se ubicará en el primer lugar de la agenda.
La vía rápida limita limita el uso de la palabra para mociones de fondo a cinco minutos, así como para las apelaciones.
Tanto Carlos Ricardo Benavides, jefe del PLN, como Víctor Morales Mora, del PAC, argumentaron que el plazo de cuatro meses es suficiente para darle voz a cada uno de los sectores interesados en pronunciarse sobre la iniciativa legal.
Los legisladores podrán presentar mociones de fondo durante dos sesiones de plenario, consecutivas, hasta que finalice la segunda sesión.
Esas mociones irán a estudio de la comisión especial, la cual tendrá tres días hábiles para votarlas, sin leerlas. Cada moción se discutirá por cinco minutos a favor y cinco en contra.
Cuando se venza el plazo de los tres días, las mociones restantes se votarán sin discusión, aplicando el mecanismo conocido como guillotina.
Las mociones de reiteración se recibirán en dos sesiones del plenario. Estas son mociones de fondo que hayan sido rechazadas en la comisión especial.
Tal como quedó establecido en la vía rápida, la discusión del proyecto en plenario se hará durante un máximo de cinco sesiones. Si en la quinta sesión no se hubiera agotado el uso de la palabra, a las 11 p. m. de ese día se tendrá por agotada y se someterá el proyecto a votación en primer debate.
Para esa discusión de fondo por el primer debate, el plenario podrá sesionar lunes, martes y miércoles, de 9:30 a. m. a 12 p. m.
En contra de la vía rápida, votaron cinco diputados: Dragos Dolanescu, del Republicano; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Ampio, y Shirley Díaz, del PUSC.