El presidente Carlos Alvarado llamó a revisar la Reforma Procesal Laboral, la cual regula la práctica de las huelgas, al considerar que muchos ciudadanos están inconformes con la forma en la que se han resuelto las solicitudes de ilegalidad del movimiento que ha afectado al país durante los últimos dos meses.
Esta es la primera huelga que se efectúa bajo las reglas de la Reforma aprobada durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), la cual había sido vetada en la administración de Laura Chinchilla (2010-2014). La nueva legislación entró en vigor en julio de este 2018.
“A la luz de lo que ha sido esta huelga, la primera en la que se aplica el nuevo código procesal en materia laboral, yo sí creo que tiene que ser sujeto a revisión y análisis, y no solo por la opinión de diputados, diputadas o del propio Presidente, sino por la opinión ciudadana”, afirmó el mandatario.
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“Así me lo han hecho saber muchas personas en la calle: la gente no está satisfecha por cuál ha sido la respuesta en esta materia. Y un gobierno y las leyes y cualquier cosa del servicio público se debe a las personas. Otra vez: el interés superior es la colectividad y no el interés gremial”, agregó Alvarado.
Si bien la legislación permite sancionar o despedir a los funcionarios que participen en huelgas ilegales, los jueces de Trabajo han interpretado que los rebajos salariales solo se pueden aplicar a partir del momento en que el movimiento sea declarado ilegal en firme.
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Además, si el funcionario se presenta a trabajar durante las 24 horas posteriores a la declaración, el castigo no aplica. Estas reglas permiten que un empleado se vaya semanas a una huelga ilegal sin sanción alguna.
Variaciones como esa, aseguró el Presidente Alvarado, han propiciado reticencia en la población.
“Tampoco tienen (los ciudadanos) por qué entender la razón por la cual esos procesos pueden durar tanto, ni por qué hay cosas que, en alguna medida, algunos pueden calificar de arbitrarias o injustas”, enfatizó el Presidente.
“Muchas personas se cuestionan cómo se puede, no usar, sino abusar del derecho de huelga, pero creo que eso es parte de lo que tiene que ser discutido a la luz de nuestra propia Constitución y de una serie de garantías, a la luz de lo que la ciudadanía está reclamando”, agregó.
Diputado propone agilizar sanciones
El pasado 25 de octubre, el jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, presentó un proyecto de ley para facilitar la aplicación de castigos a quienes participen en huelgas ilegales, así como a quienes cometan abusos como llamar a bloquear calles o a sabotear instalaciones públicas.
“Lo que se busca, principalmente, es acortar los tiempos en los que se resuelve la legalidad o ilegalidad de una huelga. Creo que no es justo ni para los trabajadores, ni para el patrono, ni para la ciudadanía, un nivel de incertidumbre como el que hemos vivido, en donde pasan semanas y semanas y la gente se pregunta por qué un juzgado no dice si una huelga es legal o ilegal”, expresó Benavides.
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El proyecto también propone cerrar la posibilidad de que se efectúen huelgas en servicios esenciales, tales como operaciones quirúrgicas, citas médicas, suministro de agua potable, luz, combustible, transporte de personas enfermas, servicios policiales y comedores escolares, entre otros.
Si la iniciativa del liberacionista prosperara, ya el patrono de un servicio esencial no tendrá necesidad de preguntarle a un juez si la huelga es legal o no, sino que le pide directamente que ordene a los funcionarios reintegrarse al trabajo en 24 horas.
“Se establece que, en el caso de los servicios esenciales, como está prohibida la huelga desde nuestra Constitución de 1949 y desde la creación del Código de trabajo, en los 40, efectivamente, que esa prohibición sea real y no una fantasía como hasta ahora".
“Este es un país en donde las huelgas en servicios esenciales están prohibidas, pero se practican. Y se van a la huelga tranquilamente, sabiendo que se trata de un servicio esencial, como el caso de los servicios hospitalarios”, afirmó el diputado Benavides.
Actualmente, también existe un debate sobre cuáles son servicios esenciales. Por ejemplo, el suministro de combustibles, como gasolina y gas, no calificaría como esencial, según el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, el cual declaró legal la huelga en la Refinadora Costrarricense de Petróleo (Recope).
La iniciativa fue firmada por otros 30 diputados de las fracciones del PLN, Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Republicano Social Cristiano (PRSC), así como los independientes Erick Rodríguez, Jonathan Prendas e Ivonne Acuña (estos dos últimos antes de Restauración Nacional).
Correo obligatorio para notificar
Por otra parte, el proyecto de Benavides establecería que, cuando la huelga afecte servicios no esenciales, entonces sí debería iniciarse un proceso de declaratoria de ilegalidad o de legalidad, “pero que tome días y no meses o años”, acotó el verdiblanco.
El plan también obligaría a los huelguistas a habilitar un correo electrónico para recibir notificaciones de un proceso judicial, en vez de “andar buscándolos en las calles”.
Consultado sobre si el Gobierno apoya la iniciativa de Benavides, el presidente dijo que no conoce la propuesta en profundidad. No obstante, expresó que es un proyecto que “debe ser discutido” por los diputados.
Plan para definir servicios esenciales
La diputada Yorleny León, también del PLN, presentó este jueves el proyecto de Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, que se encuentra bajo el expediente 21.097.
Según la legisladora, el objetivo de esta iniciativa es “eliminar criterios subjetivos que puedan poner en duda la garantía de servicios públicos esenciales para los ciudadanos en periodos de huelga”.
Además de los servicios citados por Benavides, la diputada propone incluir en la lista de prestaciones esenciales los aeropuertos nacionales e internacionales, así como la seguridad y la educación pública.
El plan también incluye la resolución jurisdiccional de conflictos, la carga y descarga en muelles y atracaderos –cuando se trata de bienes de los cuales dependa directamente la vida, la salud y la seguridad de las personas– y la celebración de elecciones nacionales, cantonales, referéndum, plebiscitos o consultas populares.
Ambas iniciativas, tanto la carta de Benavides como el proyecto de ley de León, se basan en la definición de servicio público esencial de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicho criterio internacional define esas prestaciones como aquellas “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud https://gruponacion.arcpublishing.com/de la persona en toda o parte de la población”.
‘Eso es un absurdo’
El diputado Benavides lamentó la sentencia según la cual el suministro de combustibles no es esencial.
Según explicó, la resolución se basa en un decreto de Luis Guillermo Solís (N°. 38767-MP-MTSS-MJP, del 2015), el cual hizo una lista de servicios esenciales.
“El decreto de Luis Guillermo Solís dice que se consideran esenciales el suministro de agua y energía, a secas. Entonces, los jueces del tribunal que interpretaron lo de la huelga de Recope dicen que como la importación y la distribución de combustible no están señaladas en el decreto expresamente, entonces que eso no es un servicio esencial”, enfatizó Benavides.
“Concluyen que la distribución de combustibles no es esencial. Eso es un absurdo. La distribución de combustibles para generar energía es absolutamente esencial. La Policía no puede salir en sus vehículos a vigilar a la ciudadanía y evitar desmanes de los delincuentes si no puede ponerle gasolina al carro. Las ambulancias, para transportar personas que necesitan ir a un hospital o atenderse en cualquier circunstancia, no van a funcionar si no hay combustible”.
El decreto tampoco considera como un servicio esencial a los operadores aéreos, pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sí los cataloga como tales.
También excluye la distribución de alimentos en comedores escolares, en los Cen-Cinai o en las redes de cuido.
“(La alimentación en comedores o en redes de cuido) es un servicio esencial, porque no tenerla atenta contra la salud de los niños y niñas; muchos de ellos, si no almuerzan ahí, no almuerzan en todo el día", prosiguió Benavides.
Benavides solicitó al presidente Carlos Alvarado modificar el decreto.
La carta enviada al mandatario pretende que los servicios mencionados anteriormente, así como la recolección de basura y las laborea de los botaderos, sean calificados como esenciales.
Según el diputado, debe quedar claro que un servicio se considera esencial cuando, al verse interrumpido, se afectan la vida, la seguridad o la salud de las personas.
*Colaboró con esta información: Esteban Oviedo.