Mientras llueven los señalamientos y se exigen explicaciones por los supuestos actos de corrupción en la construcción de obras viales, el ministro Rodolfo Méndez afirma que no renunciará.
El jerarca, de 84 años, declaró este miércoles que no puede “salir corriendo” del cargo, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgara la supuesta malversación de ¢78.000 millones y la comisión de otros delitos, por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y representantes de empresas constructoras.
El Conavi es uno cuatro consejos adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Irme sería la forma irresponsable de actuar; estoy aquí para enfrentar lo que se tenga que enfrentar y poniendo el pecho”, recalcó en conversación con La Nación.
Producto de diligencias judiciales realizadas el lunes, 30 personas se encuentran detenidas a la espera de medidas cautelares. Entre ellas, 13 empleados del Conavi.
Méndez dijo que sabía de aparentes irregularidades desde el inicio de su gestión, sin embargo, afirmó estar sorprendido por la suma que, según el OIJ, se pudo haber desviado.
Admitió que hay hechos que no conoce en relación con las pesquisas. De lo que sí tiene certeza es de que no dejará el puesto en medio de esta tempestad política.
Dijo que procura apegarse a las responsabilidades en su labor pública y, en este caso, asume toda la que le corresponda.
“Pero con ese sentimiento de responsabilidad tampoco puedo salir corriendo. Mi responsabilidad es enfrentar los hechos. Además, me interesa mucho entender y esclarecer lo que aún no comprendo.
“Hay denuncias de corrupción, pero cuando se habla de ¢78.000 millones sustraídos, lo menos que debo hacer es quedarme a ver de qué se trata y entenderlo”, aseveró el tres veces cabeza del MOPT.
Méndez insistió en que no entiende cómo el OIJ llega a esa cifra.
“No puedo dar declaraciones sobre lo que desconozco, pero sigo en ese esfuerzo por comprender” señaló.
Según Méndez, la divulgación de ese monto lo confundió y por eso la mañana del lunes, mientras se realizaban los allanamientos y detenciones, dijo ignorar los hechos a los que se refería la Policía Judicial.
La tarde de ese mismo día, sin embargo, dijo que conocía de la investigación desde 2018 e incluso había advertido a las autoridades sobre anomalías.
“Yo sí esperaba una acción (judicial), pero para mí fue una sorpresa levantarme ese día y ver las noticias de los allanamientos. Esperábamos una acción, pero ese monto de ¢78.000 millones desaparecidos.
“No sabía de lo que se hablaba con ese monto, eso me desubicó y esa fue la reacción que tuve en la mañana (...). La magnitud de la que se habla, de la desaparición de esa suma me dejó sin certeza esa mañana”, expresó.
Contra los 30 detenidos y al menos 19 personas más se sigue causa por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso, sin perjuicio de que, conforme avancen las pesquisas, se incluya otro tipo de delitos.
El caso continúa en investigación bajo el expediente 19–000025–1218–PE.
También figuran en la causa otros 23 individuos, cuyas identidades no han trascendido.
