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El partido Restauración Nacional (PRN) insiste en que se incluya a las empresas públicas en competencia dentro del proyecto de ley de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa, tal como se contemplaba en el texto inicial de la propuesta.
Con ese objetivo, la jefa de la fracción restauracionista, Xiomara Rodríguez presentó dos mociones para modificar la iniciativa. Lo mismo hizo su compañero de bancada Carlos Avendaño, quien presentó otras dos.
En los últimos días, Rodríguez y Avendaño han manifestado su descontento con el actual texto y los beneficios otorgados a ciertos sectores públicos que fueron excluidos del plan.
Esto luego de que los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso aprobaron una moción para excluir a las empresas públicas en competencia, como el Banco Nacional o el Instituto Nacional de Seguros (INS), de la reforma al empleo público.
Ahora, la bancada del PRN busca revertir esa decisión e incluirlas en el listado de entes a los que se les aplicarían los cambios salariales.
De las dos mociones presentadas por la jefa de bancada, una modifica el artículo 2 del proyecto de ley, el cual define el ámbito de acción sobre el sector público, para incorporar nuevamente a las empresas públicas en competencia.
La otra moción elimina el inciso b del artículo 3, donde explícitamente se saca a esas instituciones del plan.
El lunes, Xiomara Rodríguez insistió en que, su partido luchará por las mociones, para que todas las entidades del Estado estén contempladas dentro de las regulaciones de la reforma, a fin de que se genere un mayor ahorro a las finanzas públicas.
El ahorro se generaría con la instauración de un régimen de salario global, que consistirá en una remuneración única sin necesidad del pago de pluses salariales que hoy disparan el gasto público. Para calcular el sueldo de cada puesto, se tomarían en cuenta factores como las necesidades profesionales de cada familia laboral y empleos de referencia.
Inclusión parcial
Las otras dos mociones del PRN, que llevan la firma del diputado Carlos Avendaño, proponen que se incluya a una parte de los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La propuesta de Avendaño, compuesta por dos mociones, plantea que las empresas públicas en competencia se mantengan excluidas, exceptuando únicamente a los empleados del ICE relacionados con el sector de electricidad.
Eso sí, esta moción plantea que, pese a estar excluidos de someterse al régimen de salario global, sí deberían cumplir con una serie de condiciones de la reforma, como ser parte de la plataforma integrada de empleo público.
Esa plataforma sería un registro centralizado de información estadística que administraría la Dirección General Servicio Civil y que permitiría contar con una base de datos de los perfiles laborales de los servidores públicos.
Hace una semana, Carlos Avendaño, quien además es presidente de Restauración Nacional, adelantó que presentaría esas mociones.
“No es aceptable seguir fomentando la diferenciación salarial. Si se quiere realmente un ordenamiento en el sistema de empleo público, se debe partir de no aplicar exclusiones en su cobertura. No es posible dejar a instituciones en condiciones privilegiadas”, expuso Avendaño en aquel momento.
El diputado Víctor Morales Mora, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), fue quien promovió la exclusión de las instituciones en competencia de la reforma fiscal.
Su propuesta contó con el respaldo de los liberacionistas Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca, el socialcristiano Rodolfo Peña, el fabricista Jonathan Prendas y los independientes Dragos Dolanescu y Zoila Rosa Volio.
350 mociones en fila
Estas cuatro modificaciones presentadas por Restauración Nacional son parte de la gigante lista de 350 mociones presentadas por los congresistas para modificar el proyecto de ley.
La Ley de Empleo Público forma parte de la propuesta para alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e inicialmente proponía aplicar la medida a las empresas e instituciones públicas en competencia.
Cuando se aprobó la reforma fiscal, en 2018, esas instituciones habían quedado libres de los artículos referentes a las restricciones salariales.
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