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Marvin Carvajal renunció a la jefatura de la oficina de asesoría legal del presidente.
El abogado confirmó a La Nación que dejó su cargo como director jurídico de Casa Presidencial a finales de diciembre, pues así lo tenía previsto desde el inicio de la administración del mandatario Carlos Alvarado.
“Tenía planificado no trabajar en este nuevo gobierno, terminar con el anterior e iniciar un nuevo proyecto. Por solicitud del señor presidente, acepté con mucho gusto, pero yo me comprometí a ayudarle durante este primer año con la formación de un equipo y en la transición entre un gobierno y el otro, pero ya se tenía conocimiento”, explicó Carvajal.
El jurista inició esta semana un nuevo trabajo en una firma de abogados, en la que atenderá casos de Derecho Público. Carvajal dijo que también tiene interés en desarrollar proyectos personales e incrementar su actividad académica.
“Quedo tranquilo, siento que no es algo que se hizo de ninguna manera intempestiva, sino de una manera programada, que permitió que se formara un equipo de trabajo sólido y también que se preparara todo lo necesario para una transición adecuada”, aseguró el abogado.
Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, confirmó que el Gobierno estaba enterado de que Carvajal dejaría el cargo al finalizar el 2018.
El jerarca dijo que, por ahora, la coordinación del equipo legal de Casa Presidencial quedará a cargo de Juan Alfaro, quien se trasladó del viceministerio de Trabajo al viceministerio de la Presidencia, en lugar de Nancy Marín, recién designada ministra de Comunicación.
De acuerdo con Carvajal, durante el 2018 se logró consolidar un equipo legal que está en condiciones de continuar con la labor de la asesoría legal.
“Los casos grandes que nos correspondió trabajar, pues todos se encuentran en una etapa muy avanzada o han culminado ya, la idea es que haya una transición segura y adecuada en la función que desarrollé y la función que vaya a desarrollar don Juan”, afirmó.
Carvajal empezó a trabajar en Casa Presidencial en junio del 2014, en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Antes de eso, fue director de la Escuela Judicial de la Corte.
Uno de los casos que tuvo a cargo en Zapote fue la gestión de la solicitud de opinión consultiva que Costa Rica envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en mayo de 2016, sobre derechos de las personas LGBT.
Recientemente, trabajó en la consulta que envió el Ejecutivo a la Procuraduría General de la República, para esclarecer la legalidad de los nombramientos realizados en dos direcciones de la Cancillería. El informe del ente procurador determinó que las plazas que el gobierno otorgó como si se tratara de puestos de confianza debieron haberse asignado a través de un concurso. El caso culminó con la renuncia de Epsy Campbell al cargo de canciller.
Carvajal negó que su salida de Casa Presidencial tenga relación con dicho episodio.
“De ninguna manera. En este caso, nosotros tuvimos una participación básicamente a partir de la decisión de la Procuraduría, luego del primer informe ahí entramos a participar de manera directa, para presentar la segunda consulta y lo que pasó fue lo que podía pasar, que la Procuraduría diera un criterio, no necesariamente iba a ser el que nosotros teníamos, sino uno distinto”, dijo el jurista.
El año pasado, Carvajal también acudió a la Sala Constitucional con Alvarado y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a pedirle a los magistrados que avalaran la imposición de topes a las pensiones de lujo.
“Salgo con la mejor relación con el señor presidente, el más absoluto respeto hacia él y el trabajo que esta realizando”, aseguró el abogado.
