El departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que los comparecientes que se abstengan de declarar sin una justificación razonable, ante las comisiones investigadoras a cargo de los diputados, podrían afrontar la apertura de un proceso penal
Esa fue la respuesta emitida ante una consulta de los integrantes de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales.
La consulta se produjo luego de que el exgerente de campaña del ahora presidente Rodrigo Chaves, José Francisco Coto, se negara a responder la mayoría de las preguntas que le realizaron, incluso aquellas relacionadas con su salario o su estado civil.
En esa ocasión, Coto argumentó que existía un informe preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que fue enviado al Ministerio Público (MP), en el cual él está nombrado. Añadió que fue a la comisión para escuchar las preguntas, pero no las respondería.
El 23 de enero, la funcionaria de Casa Presidencial, Mayuli Ortega, también se abstuvo de responder muchas preguntas sobre presuntos pagos a troles “para no incriminar a otras personas”. Posteriormente, también se abstuvo de responder preguntas sobre el mismo tema la exministra de Salud, Joselyn Chacón.
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Sin embargo, Servicios Técnicos concluyó que, para abstenerse, debe existir una justificación razonable.
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“La Procuraduría General de la República (PGR) ha dicho que abstenerse a declarar no encuentra sustento en razones genéricas, como, por ejemplo, las que se han esbozado en algunas oportunidades aquí, de que existen investigaciones abiertas”, detalla el criterio legal emitido por Lilliana Rivera, abogada de la Asamblea Legislativa especialista en Derecho Penal.
El criterio señala que, aunque exista una investigación abierta, algunas de las preguntas que formulen los diputados pueden no comprometer ni al testigo ni a sus parientes cercanos (como lo estipula el artículo 36 de la Constitución Política), por lo cual el compareciente está en la obligación de responder lo que se le consulte.
En el caso de Coto, la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, le dijo que debía contestar las preguntas que no estuviese relacionadas con la investigación del Ministerio Público.
Sin embargo, el entrevistado consideró que “todas las preguntas podrían tener relación directa con el informe del TSE”, y añadió que “cualquier manifestación que yo haga podría utilizarse en contra mía”.
Por su parte, en ese momento, el diputado Francisco Nicolás afirmó que “se ve que cada compareciente medular viene debidamente instruido a cerrar la boca”.
¿Qué pasa si el compareciente persiste en no declarar?
Servicio Técnicos aclaró que, cuando el compareciente se abstiene de declarar sin una razón justificada en el ordenamiento jurídico, el presidente o presidenta de la Comisión Legislativa puede llamarlo al orden.
Si la negativa persiste, los diputados pueden presentar una moción de orden para acordar testimoniar piezas, proceso que consiste en dar parte al Ministerio Público (MP) para que determine si existe algún delito o contravención que deba ser investigado.
Los testigos tienen el derecho y la obligación de no declarar cuando se les consulte sobre un secreto de Estado, según establece el artículo 206 del Código Procesal Penal.
El criterio redactado por Rivera fue resumido y explicado a los diputados por la abogada de Servicios Técnicos, Llihanny Linkimer.
Luego de conocer dicha opinión legal, los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales aprobaron una moción para enviar un testimonio de piezas al Ministerio Público sobre la comparecencia de Emmanuel Figueroa, exjefe de campaña del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Los congresistas consideraron que podría existir los eventuales delitos de falso testimonio, perjurio y obstaculización del proceso de investigación.
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Figueroa se negó a responder preguntas de acceso público, por ejemplo, su salario como funcionario del Ministerio de Hacienda.
También rechazó especificar qué herramientas usó el PPSD durante la campaña electoral de Rodrigo Chaves para hacer Inteligencia Artificial. Asimismo, negó especificar el equipo de profesionales que conformaron ese grupo.
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‘No están siendo transparentes’
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, quien además es abogada, recordó a la comisión que, en su criterio, se ha hecho un uso abusivo del derecho de abstenerse a declarar.
Castro rememoró el caso de José Francisco Coto, a quien, asegura, ella misma le advirtió de que, si no respondía las preguntas, tendría que asumir las consecuencias legales. “Se lo dije dos o tres veces”, detalló la legisladora.
“Me duele, pero creo que con el señor Coto vamos a tener que sentar el precedente de llevarlo a las instancias correspondientes, porque se lo dije tres veces y le dije que le preguntara al abogado de él que estaba a la par”, dijo la diputada.
“El señor Chaves y su gente habló de transparencia, de no parecerse a los partidos tradicionales, habló de ética, habló de respeto a principios y no lo está haciendo; ni él ni las personas que lo rodean, no están siendo transparentes”, concluyó Castro.