La Sala Constitucional ordenó a Gabriel Aguilar Vargas, director de despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves, explicar sus razones para no responder consultas las visitas que hizo a Casa Presidencial Yafit Ohana Beladel, esposa del empresario Leonel Baruch, accionista del medio digital CRHoy y del banco BCT.
Los magistrados concedieron audiencia al funcionario a raíz de un recurso de amparo interpuesto por el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio. El plazo para responder es de tres días hábiles.
Ortega acudió a la Sala Constitucional después de que Gabriel Aguilar rehusó contestar las preguntas que envió a la Presidencia de la República en un oficio fechado el 21 de julio del 2023.
En aquel momento, el diputado requirió información sobre las visitas de la esposa de Baruch Goldberg, contra quien el gobierno promovió una denuncia penal por un supuesto “megacaso” tributario. El pasado 29 de noviembre, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, terminó admitiendo la inexistencia de un informe técnico para sustentar el supuesto fraude.
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Entre las consultas, el legislador pidió saber cuál era la agenda de las reuniones que Ohana sostuvo en Zapote y cuáles funcionarios participaron, además del presidente Rodrigo Chaves. Además, pidió precisar quién solicitó los encuentros, si el Poder Ejecutivo o ella, así como las horas de conclusión de reuniones, en los casos en que las bitácoras no las registraban.
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Ortega también pidió información sobre las normas que facultan a Rodrigo Chaves, o a su jefe de despacho, para intervenir y solicitar información privada de partes en procesos administrativos de custodia a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La consulta obedece a que la expresidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, declaró que Aguilar la llamó para hacerle una consulta sobre un caso relacionado con los hijos de Baruch y de Ohana.
Sin embargo, el jefe del despacho presidencial se negó a responder las consultas. En su respuesta escrita, argumentó que no contestaría porque Baruch presentó una denuncia penal contra él, “de manera prematura e intimidatoria”, sobre los mismos hechos que le consultó el frenteamplista.
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“En virtud de lo anterior, me permito señalar que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, me asiste la facultad de no referirme a sus consultas. Mi posición se fundamenta en un derecho básico, de muy fácil comprensión, que se encuentra amparado en reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la Procuraduría General de la República, e inclusive en informes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que muy amablemente me fueron informados en mi comparecencia y que ratificaron mi posición”, argumentó Gabriel Aguilar, el 8 de agosto del 2023.
Adicionalmente, a mediados de abril, la Sala Constitucional señaló a la Casa Presidencial la obligación de entregar de forma oportuna información pública relacionada con las visitas de Ohana, tal como se la solicitó un medio de comunicación.
En su momento, Ohana alegó que sus visitas a la Presidencia fueron para hablar sobre recaudación de impuestos y la tasa de VIH en el país, pero rechazó responder cómo había obtenido las citas en Zapote.
