Procuraduría prefirió asegurarse de que Morales Zapata figure como investigado por caso del ‘big chief’

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) decidió denunciar penalmente al exdiputado Víctor Morales Zapata para asegurarse de que figure como persona investigada por el caso del “big chief”.

Ante una consulta de La Nación, la PEP explicó que, si bien el Ministerio Público tiene un expediente abierto por estos hechos, actualmente Morales Zapata no figura como imputado.

El caso del “big chief” trascendió en octubre del 2017 en la Asamblea Legislativa cuando el entonces director general de Aduanas, Benito Coghi, reveló que el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, le envió un correo electrónico para pedirle que se resolviera un problema que tenía el polémico empresario, Juan Carlos Bolaños, para introducir al país un cargamento de 20.000 toneladas de cemento chino.

En el mensaje, Rodríguez le dijo a Coghi: “El Big Chief (el gran jefe) está a la espera de que se aclare el tema”. La frase fue interpretada en el Congreso como una alusión al presidente Luis Guillermo Solís. Luego, cuando permitió el desembarque, le dijo que había “ganado puntos en Zapote”.

Asimismo, la investigación legislativa encontró que Morales Zapata se había puesto en contacto con el entonces viceministro de Hacienda y con el propio Coghi para procurar que se le permitiera desembarcar el cemento a la empresa Sinocem, de Bolaños.

Luego de investigar el caso por su cuenta, la PEP asegura haber encontrado suficiente evidencia para concluir que Morales Zapata aprovechó su puesto de diputado, ejerciendo influencia sobre otros dos funcionarios, para beneficiar a un privado que había actuado en forma negligente por no presentar un certificado de calidad necesario para introducir la mercancía.

Así lo concluyó al evaluar testimonios y las comunicaciones electrónicas entre el exlegislador, el viceministro y el director de Aduanas. Por ello, procedió a presentar una denuncia contra Morales por el delito de tráfico de influencias, que se castiga con una pena de dos a cinco años de cárcel.

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“Los hechos que involucran al señor Víctor Morales Zapata, identificados a través de la investigación preliminar de la PEP, son objeto de una investigación penal a cargo del Ministerio Público bajo el expediente penal 17-00032-0621-PE, sin embargo, a la fecha, no se tiene al señor Morales Zapata como imputado en la causa”, señaló la PEP ante la consulta de este medio.

"En razón de los resultados de la investigación preliminar de la PEP, se estimó pertinente la interposición de una denuncia penal para que la Fiscalía valore la posible comisión por parte del anterior diputado de la República de una actuación configurativa de un delito de tráfico de influencias”, aclaró esta autoridad.

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El Ministerio Público informó de que Morales Zapata sí figura como sospechoso por estos hechos en el expediente 17-00032-0621-PE, al igual que Rodríguez y Coghi, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude de ley. A los dos últimos ya se les tomó la declaración indagatoria, a Morales no.

En forma paralela, Coghi fue destituido de su cargo este año por la resolución que emitió para autorizar el ingreso del cemento.

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Morales dijo este lunes a La Nación que esta resolución no agregaba ningún elemento nuevo a la investigación que también está abierta en su contra, también por un presunto tráfico de influencias, pero que se tramita bajo otra causa judicial, la del expediente 15-00022-0033-PE, en la que también está involucrado el exdiputado Otto Guevara.

Sin embargo, la PEP aclaró que se trata de una nueva denuncia sobre los hechos específicos que fueron investigados a partir del informe que realizaron los diputados de la pasada administración sobre el caso del cemento chino.

La Procuraduría Ética incluso encontró que el viceministro le avisó a Morales Zapata del error que había cometido para solicitar el desembarque del cemento, en vez de que Aduanas le rechazara la solicitud como ocurre con cualquier ciudadano. Luego de comunicaciones entre todas las partes, la empresa de Bolaños logró corregir la petición y, en un día no laboral, le autorizaron el desembarque.

Ante estos hechos, en noviembre de 2017, la fiscala general, Emilia Navas, ordenó allanar las oficinas de los exdiputados y la oficina del entonces viceministro Rodríguez, de quien la Procuraduría también emitió un informe con una recomendación para el presidente de la República, Carlos Alvarado, aunque ya él no es funcionario de Hacienda.

Sin embargo, la Procuraduría consideró que “el hecho de que se trate de denuncias contra un exfuncionario no la exime (a la Procuraduría) de su obligación de investigar las denuncias planteadas cuando estaba en el ejercicio del cargo y poner en conocimiento del órgano correspondiente (el presidente de la República), las faltas al ordenamiento de la ética pública identificadas para lo que en derecho corresponda”.