El ministro de Desarrollo Humano y Bienestar Social y presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, aseguró este domingo que el bono Proteger que entrega el Gobierno a personas afectadas laboralmente por la pandemia del coronavirus puede considerarse un beneficio social y, por tanto, los acreedores bancarios no podrían perseguir esa ayuda ni embargarla.
Así respondió uno de los jerarcas encargados de la entrega del subsidio ante consulta de La Nación, luego de que el exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez denunció, en redes sociales, que hay personas a quienes les están embargando el bono.
A partir de este sábado, el Gobierno empezó a hacer los primeros depósitos del bono Proteger, que se enfoca en ayudar económicamente a familias que perdieron total o parcialmente sus ingresos por la emergencia nacional del covid-19.
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Las personas que perdieron sus empleos o les suspendieron los contratos de trabajo, pueden recibir hasta ¢125.000, mientras que las personas a quienes les redujeron el salario, pueden optar por un bono de ¢62.500.
El ministro Bermúdez explicó que, realmente, la persona que solicitó el bono es responsable de la cuenta bancaria que presentó en la plataforma www.proteger.go.cr, para que le entreguen la ayuda.
Agregó que las instituciones responsables de la entrega del subsidio, que son el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), no tienen registro de lo que pase internamente con las cuentas bancarias ni las resoluciones judiciales de embargo que les apliquen.
“Tampoco tenemos un dato que nos permita indicar un número de casos que puedan estar bajo tal situación (de embargo)”, declaró Juan Luis Bermúdez.
Eso sí, advirtió que en el inciso 2 del artículo 984 del Código Civil se establece que “no pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna (...) las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las pensiones alimentarias”.
Además, el jerarca del IMAS aseguró que ningún argumento puede afirmar que un “subsidio dado en una situación de emergencia, bajo una afectación laboral, no deba ser considerado un beneficio social”.
Bermúdez explicó que a las personas que reportaron no tener una cuenta donde el Gobierno les pueda depositar el bono Proteger, se les facilitó un mecanismo para abrir una en el Banco Popular, “cuyas cuentas son inembargables”.
A través de su cuenta en Twitter, el exviceministro Fernando Rodríguez denunció que había gente a la que le depositaron el subsidio gubernamental y a la cual “le están embargando la cuenta, para pagar deudas viejas”.
“Estoy tratando de confirmar la información, pero serían muy miserables los que andan en esto, si se confirma que esto está pasando”, aseguró Rodríguez en su cuenta de esa red social.
Consultada la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), respondieron que “no habían escuchado nada al respecto” de esos supuestos embargos.
A través de Whatsapp, el exviceministro Rodríguez contestó que no podía dar a conocer la fuente de la información que lo llevó a publicar su tuit, pero afirmó que posiblemente “aparecerán más casos, conforme cada vez más personas reciban el depósito”.
En redes, el funcionario apuntó que urgía una reforma legal para proteger de embargos esos bonos, así como a las personas que se están quedando sin trabajo, con contratos suspendidos o salarios reducidos.
El gobierno empezó a depositar el bono Proteger este sábado, a los primeros beneficiarios a quienes se les aprobó el subsidio.
De acuerdo con la otra jerarca encargada del programa, la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, ya se les entregó a una parte de los 33.000 primeros beneficiarios. El resto recibirán ese monto a más tardar el lunes, aseguró la funcionaria.
