Presidencia luchó para ocultar expediente del contrato con Bulgarelli

La Casa Presidencial rehusó entregar la documentación al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), y mantuvo esta posición cuando la Sala IV le concedió audiencia para referirse a la negativa, en vista de que el legislador presentó un recurso de amparo al argumentar que se violentó el derecho a la información pública.

El representante de Costa Rica nombrado por Chaves ante el BCIE, el exdiputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también negó el acceso a la documentación y pidió a la Sala IV declarar sin lugar el recurso, amparándose en la inmunidad del banco regional.

Dichas negativas se produjeron entre setiembre y noviembre de este año. De previo ya se le había negado esa misma información a este diario.

Este 4 de diciembre, La Nación publicó audios de conversaciones sostenidas en la Casa Presidencial en los que consta que el presidente Rodrigo Chaves y el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, hablaron con Bulgarelli sobre el dinero y el contrato con el BCIE meses antes de que se efectuara el concurso público que el empresario ganó mediante su empresa Nocaut (RMC La Productora S. A.).

Las grabaciones fueron suministradas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien había revelado que Bulgarelli participó en la elaboración de los términos del concurso junto con el asesor presidencial, Federico Cruz, conocido como Choreco, quien no ocupa ningún puesto público.

Al día siguiente, el pasado martes 5 de diciembre, el presidente dijo que, en un acto de transparencia sin precedente, solicitó hacer público el contrato. Sin embargo, solo difundió el contrato, sus anexos, el cartel con los requisitos de la contratación y la oferta presentada por Bulgarelli.

El mandatario no compartió documentación complementaria como los intercambios de correos, los criterios técnicos previos a la contratación de Bulgarelli, las transferencias bancarias, otras ofertas recibidas y los oficios con los nombres de los funcionarios del banco responsables de esta contratación. Esa información es vital para conocer la transparencia del proceso, quiénes intervinieron y cómo se distribuyó el dinero.

La Nación solicitó esos documentos a Presidencia y al BCIE. Zapote no respondió a las consultas, mientras que el banco confirmó, el pasado miércoles, “que la documentación facilitada por Casa Presidencial corresponde al expediente completo licitatorio 032/2022 y es oficial del BCIE”.

Y añadió: “El “Contrato Marco de Prestación de Servicios de Consultoría No. 205/2022-ORCR” fue financiado mediante una cooperación técnica no reembolsable por $1 millón que el BCIE otorga a los países de la región para afrontar necesidades de temas que consideren urgentes, por ende, no se requieren estudios técnicos previos.

“Vía el aplicativo de compras digital del BCIE se recibieron dos muestras de interés, sin embargo, la oferta compartida fue la única que se recibió”.

Las negativas de Presidencia y el BCIE

El 18 de agosto pasado, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, solicitó a Casa Presidencial el contrato del BCIE, las bases de contratación enviadas por Presidencia a la entidad bancaria, las transferencias de pago, los nombres de las personas encargadas del proceso y la correspondencia intercambiada entre Zapote y el banco.

Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del presidente Chaves, respondió al diputado, el 1.° de setiembre, que la Presidencia no suministraría la documentación, en vista de que esta era administrada por el BCIE, institución a la que le solicitaron redireccionar la consulta.

“Me permito indicarle que toda la documentación relacionada con la cooperación financiera no reembolsable suscrita entre el BCIE y el Gobierno de Costa Rica es administrada en su totalidad por el Banco; enmarcado en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Cooperaciones Financieras No Reembolsables a los Países Fundadores y Regionales no Fundadores del BCIE”, respondió Aguilar.

Robles solicitó la misma información a la oficina de Comunicaciones del BCIE, con sede en Tegucigalpa, Honduras.

El 4 de setiembre, el banco le suministró al legislador el contrato, pero le negó el acceso a las bases de contratación enviadas por la Presidencia de Costa Rica para la iniciativa, así como a los nombres de los funcionarios encargados de los trámites del contrato y los oficios intercambiados entre el BCIE y el gobierno, relativos al contrato.

El BCIE anotó, además, que los fondos del contrato no eran para uso discrecional de la Presidencia, y que debían sujetarse a las condiciones aprobadas por la entidad financiera.

Ante estas respuestas, Robles acudió a la Sala IV el pasado 5 de setiembre, donde interpuso un recurso de amparo contra la Presidencia de la República por no suministrar el contrato del BCIE y la documentación asociada.

El 28 de noviembre, ante audiencia concedida por la Sala IV, el jefe de despacho del presidente mantuvo su postura de no entregar información y solicitó que se declarara sin lugar el recurso del legislador.

Gabriel Aguilar alegó que la información requerida por el legislador se encuentra amparada bajo reserva de confidencialidad, debido a que el Convenio Constitutivo del BCIE indica que los archivos de esa entidad son “inviolables” y poseen “inmunidad absoluta”. Además, alegó que dicha documentación, al ser información financiera suscrita por el banco, no puede ser entregada por el despacho presidencial.

Asimismo, confirmó que no existió ninguna cláusula de confidencialidad en la contratación que se le adjudicó a la empresa Nocaut, de Bulgarelli, pero insistió en que, al ser el BCIE una institución internacional, sus documentos son confidenciales.

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Director de BCIE se acogió a ‘privilegios’ para negar acceso a magistrados

Como parte de las diligencias relacionadas al recurso de amparo presentado por el diputado, los magistrados también solicitaron un informe al exdiputado del PUSC, Erwen Masís, director por Costa Rica del BCIE.

En un oficio remitido el pasado 23 de octubre, Masís negó el acceso a la documentación alegando que tanto él como el BCIE gozaban de “privilegios e inmunidades” con respecto a la jurisdicción local.

Según manifestó en el oficio, el BCIE se encuentra eximido de procesos judiciales, administrativos y legislativos.

“Es incuestionable que el BCIE es un sujeto de derecho internacional, regido por un tratado internacional; sus funcionarios están protegidos por un régimen de inmunidad de la jurisdicción local, sean o no costarricenses y, por ello, este recurso de amparo y la solicitud de informe que se deriva de él, es jurídicamente imposible”, manifestó el director costarricense.

El exdiputado agregó que ni el legislador del Frente Amplio ni los Tribunales de Justicia contaban con las potestades y capacidades de exigir la entrega del contrato.

“La inmunidad de jurisdicción comprende la falta de competencia o de potestades de un diputado costarricense de pedir información al BCIE y la falta de competencia de las autoridades costarricense para exigir esa información, incluidos los Tribunales de Justicia”, puntualizó Masís.

Por su parte la institución bancaria acuerpó al director, alegando que es un funcionario internacional y que el Estado costarricense debe “respetar esa investidura”.

“Reiteramos que el señor director por Costa Rica es un funcionario internacional del BCIE, no es un funcionario público del Gobierno costarricense y, por tanto, como lo ordena el tratado internacional que contiene el Convenio Constitutivo del BCIE, dicho funcionario internacional depende exclusivamente del BCIE y no tiene obligación de reconocer ninguna otra autoridad”, agregó el Banco.

Negativa previa

De previo a las gestiones del diputado Ariel Robles, La Nación solicitó esa misma información a Presidencia de la República y al BCIE.

El 3 de agosto envió un correo electrónico a la Casa Presidencial solicitando una copia del contrato que Christian Bulgarelli o alguna de sus empresas tenía con Casa Presidencial. Eso debido a que la ministra de Educación, Anna Katharine Müller, lo describió como “asesor de comunicación del presidente” Rodrigo Chaves en una carta enviada a diputados del Frente Amplio, el 13 de julio.

El jueves 17 de agosto, 14 días después, Presidencia omitió entregar el contrato. Solo alegó: “El señor Christian Bulgarelli Rojas no es asesor interno o externo de Casa Presidencial. El señor Bulgarelli es contratista del BCIE”.

Ante esa respuesta, el lunes 21 de agosto, una periodista de este diario envió nuevas consultas. En esa ocasión, se insistió en adjuntar el contrato e indicar, entre otros aspectos, el monto de la contratación, la fecha del contrato, los servicios contratados y el plazo de la contratación.

Dos días después, el miércoles 23 de agosto, La Nación volvió a solicitar una copia del contrato firmado y del expediente de esa contratación.

Ese mismo día, el presidente Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa, aseguró que la información de ese contrato no debía pedírsele a Casa Presidencial, sino directamente al banco, gestión que también se hizo sin éxito.

Al BCIE, el contrato le fue solicitado desde el 21 de agosto y dos días después, el 23 de agosto, en horas de la mañana, se amplió la consulta solicitando copia del expediente de contratación. Un día después, el 24 de agosto, el banco emitió una respuesta sin adjuntar los documentos solicitados.

Solo consignó que en la licitación pública 032/2022 resultó ganadora la empresa RMC La Productora S. A. después de cumplir con los parámetros técnicos, financieros y de probidad estipulados en el concurso público y que se debía llenar un formulario en línea para acceder a los documentos.

Inmediatamente, este diario envió la consulta mediante el citado formulario. Minutos después, se obtuvo una respuesta de recibido, con la salvedad de que el banco “dispone de dos meses para responder”, aunque ese plazo podría ser mayor si la entidad considera que no es suficiente.

Posteriormente, el 4 de setiembre se recibió una nueva respuesta. En esa ocasión, se facilitó el contrato, pero sin sus anexos, que era donde venían los detalles de la contratación. Además, se incluyeron tres documentos que ya eran públicos en el sitio web del banco.