El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó la ley 10.403 este martes 14 de mayo, siete meses y dos días después de la Asamblea Legislativa la aprobó y luego de que la impulsora de la iniciativa, la diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), presentó un recurso de amparo contra el mandatario alegando que la tardanza era desproporcionada.
Esta ley busca garantizar que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) subsidie a los jóvenes que, al salir de un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por cumplir la mayoría de edad, carecen de recursos para subsistir.
La norma fue aprobada desde el 12 de octubre del 2023 con el apoyo unánime de 45 diputados. Luz Mary Alpízar acudió a la Sala IV al señalar que el mandatario firmó 55 leyes que el Congreso aprobó con posterioridad a la suya.
Consultada por La Nación, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, informó de que el proyecto ya fue remitido al diario oficial, La Gaceta, con la respectiva sanción presidencial.
Díaz aseguró que el recurso de amparo presentado por la diputada Alpízar ahora “carece de interés actual”, porque la Ley Hijos e Hijas de la Patria ya fue firmada.
El trámite en la Presidencia de la República se resolvió una vez que Alpízar acudió a la Sala Constitucional y luego de que se dio a conocer, este lunes, que ese Tribunal le ordenó a la ministra Díaz emitir un informe, en el plazo de tres días, sobre las razones que habían impedido la firma y publicación de esa ley.
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Ante la consulta de este medio, la jerarca de Presidencia omitió responder por qué la iniciativa no había recibido la firma del presidente Chaves en el lapso de siete meses.
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Alpízar se manifestó complacida por la firma y enfatizó que la idea es fortalecer a los jóvenes que salen de la tutela de los albergues del PANI.
“Ellos se merecen las mayores oportunidades en un país solidario”, puntualizó la diputada, pero enfatizó que la lucha apenas comienza, porque ahora se requiere que el Ministerio de Hacienda traslade efectivamente los recursos al IMAS y que, finalmente, se dé la entrega efectiva del dinero a los jóvenes.
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Para la legisladora, la Presidencia de la República se exponía a una condenatoria de parte de la Sala Constitucional, por lo que finalmente tuvo que correr para finalizar el trámite respectivo de la ley.
Ya se había presentado una situación similar con la Ley Nacional de Salud Mental, impulsada por la diputada Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien presentó un recurso de amparo, a inicios de este año, porque el Poder Ejecutivo no sancionaba esa ley.
En ese caso, el recurso se declaró sin lugar porque, al igual que en este nuevo caso, el gobierno firmó la ley y la envió a publicación mientras se estudiaba la gestión de la diputada.
