La diputada Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático (PPSD), dio a conocer esta semana un curioso caso: el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lleva siete meses sin firmar una ley que fue debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa.
El texto fue avalado por 45 diputados en segundo debate el 12 de octubre del 2023. Incluso, seis diputados del gobierno votaron a favor. El expediente pasó de inmediato a Casa Presidencial y, desde entonces, no ha salido en el diario oficial La Gaceta.
Ante la Sala Constitucional, Luz Mary Alpízar presentó un recurso de amparo contra el mandatario bajo el argumento de que ha postergado la ley de forma innecesaria.
La congresista hizo ver que, en estos siete meses, Rodrigo Chaves firmó leyes que salieron del Congreso mucho después de que se aprobara la que ella impulsó.
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El artículo 126 de la Constitución Política dice que el presidente puede vetar un proyecto de ley dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que lo recibe y, si no lo objeta en ese plazo, no puede dejar de firmarlo y publicarlo.
No obstante, el artículo no establece un periodo máximo para la firma. Conscientes de este vacío, diputados de los cinco partidos de oposición presentaron el proyecto de ley 23.867, en agosto del 2023. Esta iniciativa propone que, si el presidente de la República no veta la ley, debe publicarla en un máximo de 10 días hábiles y, de no hacerlo, la Asamblea Legislativa tendrá la potestad de ordenar su publicación.
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¿En qué consiste la ley de Alpízar?
El caso de la ley impulsada por Luz Mary Alpízar despierta suspicacias. Se trata de una norma para garantizar que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) subsidie a los jóvenes que cumplen su mayoría de edad en albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y que, al verse obligados a salir, carecen de recursos para subsistir.
Alpízar propuso la reforma bajo el argumento de que, si bien el IMAS dispone de recursos para los subsidios, subejecuta el 80%. La reforma establecería responsabilidades en el IMAS en torno a la ejecución del programa y obligaría al PANI a enviar la lista de jóvenes beneficiarios.
Si el gobierno no estaba de acuerdo con la ley, pudo vetarla. En la discusión legislativa, la fracción de gobierno también pudo oponerse, pero una parte la aprobó y la otra optó por ausentarse de la discusión.
Es conocido que, desde el 2023, la legisladora Luz Mary Alpízar entró en conflicto con el presidente Chaves, quien incluso la ha llamado “Judas” por votar algunos proyectos en contraposición a la posición del Poder Ejecutivo.
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Ella es la presidenta del PPSD, partido que llevó a Chaves al poder. Hubo un claro distanciamiento entre Alpízar y los otros diputados del gobierno cuando estos dieron su apoyo público al partido Aquí Costa Rica Manda. Progreso trató de expulsarlos, pero una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo impidió.
De manera que, si bien existe un vacío sobre el plazo para que los presidentes firmen leyes no vetadas, una espera de siete meses pareciera desproporcionada.
Esta misma semana, la diputada Gloria Navas reclamó por un plazo mucho menor, porque el presidente tardó un mes y cinco días en firmar la ley para castigar, hasta con 15 años de cárcel, las extorsiones relacionadas con los préstamos gota a gota. La legisladora independiente alegó que, pese a ser una ley fundamental, Chaves la guardó para reforzar su discurso negativo contra la Asamblea.
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El texto impulsado por Navas y por el liberacionista Gilberth Jiménez salió publicado en La Gaceta sin acto público o mención alguna, como sí ocurrió con la ley propuesta por Leslye Bojorges, de la Unidad Social Cristiana, para ampliar la prisión preventiva a detenidos en flagrancia, en abril pasado.
En todo caso, tanto la ley de Bojorges como la de Navas y Jiménez ya salieron publicadas aunque se aprobaron mucho después que la de Alpízar.
Por último, el viernes trascendió que el gobierno suspendió los pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para cubrir la atención médica de las personas en pobreza. El Ministerio de Trabajo asegura que la CCSS estuvo de acuerdo con la suspensión, mientras se procede con una depuración de las bases de datos de los beneficiarios.
No obstante, también parece desproporcionado que, durante todo el 2023, el Poder Ejecutivo no hiciera pago alguno a la CCSS por la atención de los pobres, a pesar de que la institución le emitió facturas por ¢84.000 millones. Le invitó a leer esta historia de relevancia nacional. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
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