EscucharLa Sala Constitucional acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad contra los aumentos automáticos que se aplican a las pensiones alimentarias, lo que suspende esos incrementos hasta que se resuelva la acción.
A raíz de esta situación, las personas con derecho a pensión, que son unas 200.000, tendrán que realizar la solicitud del aumento ante los estrados judiciales si desean que se les aplique el ajuste en enero.
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Los Juzgados de familia, como este de Osa, tendrían más carga de trabajo ante la afluencia de personas que requerirán el ajuste en las pensiones que en enero no será automático. (Archivo)
Así lo informa la Defensoría de los Habitantes en un comunicado de prensa donde lanza una alerta al Poder Judicial en el sentido de que dicha acción provocará innumerables acciones que deberán atender todos los despachos que tramitan las pensiones alimentarias.
Según la Defensoría, esos despachos ya están con sobrecargas de trabajo, por lo que deben tomarse las medidas correspondientes para el resguardo del acceso a la justicia que tienen las personas acreedoras de pensiones alimentarias.
El aumento automático en esas pensiones se aplicaba en enero y julio de cada año, en forma paralela al aumento salarial.
En criterio de la Defensoría, el incremento responde a un parámetro objetivo y aplicable a toda la población conforme a los aumentos proporcionales del salario mínimo, acción que se realiza previa notificación al demandado alimentario, con lo cual se cumple con la normas del debido proceso, razón por la cual la Defensoría considera legal que se hagan los ajustes.
Con la suspensión de los aumentos, corresponderá a los beneficiarios gestionarlo dos veces al año, mientras se resuelve la acción.
El recurso lo interpuso un hombre de apellido Horvilleur el 13 de setiembre de este año y el 2 de octubre fue acogida por los magistrados, quienes pideron un criterio de la Procuraduría General de la República y publicaron el caso en el Boletín Judicial.
La Sala IV ya tiene el criterio de la Procuraduría. Según su vocera, Vanlly Cantillo, actualmente los magistrados tardan entre dos y seis meses para resolver estas acciones, dependiendo de su complejidad.
De acuerdo con el recurrente, si bien debe haber un aumento en la pensión, este no dene hacerse de forma automática porque considera que eso es temerario, peligroso, irresponsable e incosntitucional.
Dice con el sistema actual un aumento puede ser insignificante o también excesivo, con el agravante de que el ordemaniento jurídico lo fomenta así.
