EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR) dio su visto bueno a un proyecto que propone suspender la orden de detención o encarcelamiento a los deudores de pensiones alimentarias que obtengan un empleo.
Conforme la iniciativa de ley número 21.540, un deudor encarcelado podría salir de prisión si proporciona pruebas documentales de una oferta laboral o de un contrato firmado, junto con información del empleador, los medios para localizar a la persona, salario que devengará y un plan de pago para cuotas atrasadas.
Los mismos requisitos se exigirían a un deudor con orden de apremio corporal aún sin ejecutar, es decir, que todavía no haya sido encarcelado.
El proyecto fue presentado en el 2019 por Harllan Hoepelman, en aquel entonces diputado del bloque independiente Nueva República. No obstante, varios problemas de redacción e imprecisiones señaladas por la Procuraduría obligaron a reiniciar el trámite legislativo y ajustar el texto.
Una nueva versión de la iniciativa recibió dictamen afirmativo unánime el pasado 19 de setiembre en la comisión legislativa de Asuntos Sociales. En su pronunciamiento del 4 de diciembre, el ente procurador resaltó que “el actual texto dictaminado tomó en consideración las observaciones realizadas”.
La PGR destacó que la iniciativa impulsa la creación de una bolsa de empleabilidad laboral administrada por la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, con el fin de promocionar la inserción laboral de los deudores.
Además, establece que la Dirección de Empleo deberá coordinar la empleabilidad de los deudores con la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia (por su vinculación con la Administración del Sistema Penitenciario), y el Poder Judicial (como encargado del Sistema de Obligados Alimentarios).
Por otra parte, la Procuraduría destacó que el proyecto considera el hecho de que la Ley de Pensiones Alimentarias dejará de tener efectos el 1.° de octubre del 2024, cuando entre en vigencia el Código Procesal de Familia, aprobado en octubre de 2019.
La nueva redacción permite al juez establecer un plazo de hasta un mes, prorrogable, para que el deudor normalice su situación laboral. Además, contempla la posibilidad de pagar en tractos las cuotas atrasadas.
El proyecto también incorpora una moción para evitar que aquellos que falsifiquen documentos tengan un nuevo plazo para buscar empleo.
En resumen, la Procuraduría determinó que el proyecto de ley no presenta “ningún inconveniente a nivel jurídico” ni vicios de constitucionalidad ni legalidad.
No obstante, recomendó que la Corte Suprema de Justicia sea consultada sobre este proyecto, debido a la implicaciones que tendría en las labores de los juzgados.
La Corte Suprema de Justicia se refirió a este tema en el oficio SP-N° 207-2023, del pasado 12 de octubre, y concluyó que el proyecto consultado “sí incide en el funcionamiento del Poder Judicial”. No obstante, el texto fue actualizado posteriormente, el 24 de octubre.
En caso de que se mantenga el criterio de la Corte Plena, la Constitución Política exige el voto positivo de 38 de los 57 diputados para que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto.
La diputada del Partido Nueva República (PNR) y miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, Rosalía Brown, celebró que la Procuraduría diera el visto bueno a la iniciativa.
“Necesitamos que los padres estén trabajando y aportando a la alimentación de sus hijos y en la parte emocional. Los niños necesitan a sus padres trabajando, no llenar las cárceles con personas que solamente necesitan esa oportunidad. Muy importante este proyecto y me alegro mucho del criterio de la Procuraduría”, declaró Brown.
Su compañero de bancada y también integrante de Asuntos Sociales, David Segura, destacó que el fin más importante que persigue la ley es que los menores de edad reciban las pensiones alimentarias a las cuales tienen derecho.
“Todos sabemos que meter a una persona a la cárcel no pone pan en la mesa de nuestros hijos e hijas. Es mucho mejor darle oportunidad a las personas de conseguir un trabajo y satisfacer estas necesidades de sus familias. Lo más importante del proyecto es fomentar el trabajo y proporcionar programas para conseguir empleo. Esperamos que pronto sea ley”, aseguró el legislador.
Finalmente, la congresista del Partido Liberal Progresista (PLP) e impulsora del proyecto, Johana Obando, afirmó sobre los deudores: “Ellos deben estar buscando las fuentes de empleo para cumplir con sus obligaciones y que realmente los beneficiados sean los niños, las personas con discapacidad y todos los beneficiarios de las pensiones alimentarias”.
“Creemos que es un proyecto innovador que trae beneficios a las familias, no a los deudores”, agregó Obando.
