EscucharLos diputados de la Comisión de Asuntos Sociales afinaron el proyecto de ley que busca suspender la orden de detención o encarcelamiento a personas deudoras de pensiones alimentarias en caso de que obtengan un empleo.
Para ello, los deudores tendrían que proporcionar pruebas documentales de una oferta laboral o contrato firmado, incluyendo información sobre el empleador, así como su propio perfil, los medios de localización, el salario que devengará y un plan de pago para cuotas atrasadas.
Las mismas condiciones se exigirían a una persona con orden de apremio corporal aún sin ejecutar, es decir, que aún no haya sido encarcelado.
La versión anterior del proyecto, dictaminada a finales de 2022, carecía de estos requisitos detallados.
El proyecto original, presentado por el exdiputado Harllan Hoepelman, afrontaba problemas de redacción, por lo que se reinició su proceso en comisión, se dictaminó con un nuevo texto en setiembre anterior y superó, días después, la primera de dos etapas de ajustes.
Con las modificaciones, se busca mejorar la efectividad del cumplimiento de las pensiones alimenticias sin recurrir al apremio corporal, según el informe del dictamen que fue aprobado en forma unánime en la comisión.
El proyecto permite que las personas encarceladas o con orden de apremio corporal por pensiones alimenticias puedan cumplir con sus responsabilidades alimentarias si encuentran empleo.
El texto anterior se limitaba a solicitar que el deudor privado de libertad presentara un contrato de trabajo, con lo que la autoridad judicial debía liberarlo en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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Otros cambios al texto de pensiones alimentarias
La nueva redacción elimina el plazo de cinco días hábiles para otorgar la libertad condicional, permitiendo al juez establecer un plazo de hasta un mes, prorrogable, para que el deudor normalice su situación laboral.
Este plazo ya lo contempla la Ley de Pensiones Alimenticias, al igual que la posibilidad de pagar en tractos la cuotas atrasadas.
El proyecto también incorpora una moción para evitar que aquellos que falsifiquen documentos tengan un nuevo plazo para buscar empleo.
Aunque inicialmente se consideró imponer una multa, se rechazó en favor de las disposiciones legales existentes en el Código Penal, según dijo el diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), la bancada proponente.
El nuevo texto mantiene la creación de una bolsa de empleo para personas deudoras alimentarias, administrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que promoverá la inserción laboral y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Esta bolsa estará vinculada al Poder Judicial y al sistema penitenciario.
Estas enmiendas buscan alinear el proyecto con la normativa que entrará en vigencia en el 2026 con el nuevo Código de Familia, según explicó la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando.
El texto debe afrontar un segundo día de mociones de ajuste en comisión, para luego pasar al plenario para si discusión previa al primer debate.
